La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para trámite tres amparos presentados en contra de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para el Desarrollo.
La máxima corte solicitó un informe en menos de 48 horas al Ejecutivo, autoridad denunciada en las acciones legales planteadas por el Centro Para la acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Comité de Unidad Campesina (CUC) y el dirigente campesino Daniel Pascual quienes buscan evitar que el presidente, Alejandro Giammattei, sancione la normativa.
Las reformas permiten al Ejecutivo cancelar la personalidad jurídica de las organizaciones que, según ellos, estén involucradas en actividades contrarias al orden público.
También podrá intervenir cuando el interés o el orden público lo requieran y cancelar su registro por “cualquier violación a la normativa”.
En anteriores declaraciones, Héctor Reyes, director de Caldh, aseguró que la reforma “violenta derechos constitucionales”; entre ellos los de libre asociación y expresión.
El pasado12 de febrero, la organización Acción Ciudadana también presentó un amparo en la CC al considerar que las reformas atentan “contra la libertad de acción, organización, manifestación y resistencia pacífica” de los guatemaltecos.
Las reformas fueron aprobadas el martes con el voto de 81 de los 160 diputados, la mayoría encabezados por el partido oficialista VAMOS.
La nueva legislación crea un mayor control estatal a las finanzas de las oenegés y da al gobierno la posibilidad de intervenirlas y disolverlas si considera que están alterando el orden público, entre otras facultades.