Con 81 votos a favor, las bancadas aliadas al oficialismo aprobaron la tarde y noche de este 11 de febrero por artículos y redacción final reformas que buscan fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Los cambios se realizaron en medio de reclamos de bloques de oposición, quienes señalaron artimañas usadas para llevar la propuesta que para la mayoría era desconocida.
Los legisladores Manuel Conde, Jorge García Silva y Mynor Mejía introdujeron una moción para alterar el orden del día que contenía un punto resolutivo para llamar al Ejecutivo que adopte medidas frente al brote de coronavirus, pero en esa misma propuesta se incluía, en el punto sexto, la iniciativa 5257, ley de ONG.
El Decreto 04-2020 contiene apartados que provocaría la desaparición de ONG relacionadas al tema de derechos humanos, transparencia y fiscalización, ya que permite más control por parte del Estado y establece sanciones penales a directivos de estas entidades que alteren el orden público.
Los parlamentarios decidieron que únicamente existirán ONG con orientación a la caridad, servicios, participación, incidencia, investigación, deportivas, culturales, defensa, generación de ingresos, fortalecimiento institucional, medio ambiente y formación de ciudadanía.
Además, las organizaciones que decidan inscribirse en el país tendrán que registrarse en diferentes dependencias como en el Ministerio de Gobernación, en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
«Necesitan un marco regulatorio»
En su cuenta personal de Twitter, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, expresó que «las ONGs necesitan un marco regulatorio actual y moderno, que impida la manipulación política y mal manejo de fondos públicos por parte de estos entes. Guatemala inicia hoy a salir dela polarización de forma efectiva con el nuevo», escribió el legislador.
Criminalizar
La diputada Lucrecia Hernández Mack, de la bancada Semilla, también se manifestó a través de las redes sociales, indicando que ese marco regulatorio ya existe, y que las ONG que reciben fondos públicos ya son auditadas por la Contraloría General de Cuentas.
“No buscan regular, lo que buscan es criminalizar el ejercicio ciudadano y reprimir”, manifestó Hernández Mack.
Para la diputada de Winaq, Sonia Gutiérrez, el objetivo del decreto (4-2020) es “coartar las libertades y es una forma autoritaria de tener el poder”, indicó.
Bachelet muestra preocupación
A través de un comunicado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación acerca de la posibilidad de que el Congreso de Guatemala aprobara una enmienda a la Ley de ONG, el cual limitaría considerablemente la labor de los defensores de derechos humanos y de la sociedad civil en general.
“Lamento que el Congreso haya seguido adelante con el procedimiento de aprobación de esta enmienda, a pesar de las incongruencias que presenta con respecto a la normativa internacional de derechos humanos, del apoyo ofrecido por mi Oficina y de las graves preocupaciones que han manifestado numerosos expertos independientes de las Naciones Unidas y de la sociedad civil”, declaró la Alta Comisionada.
“Les recuerdo a las autoridades e instituciones guatemaltecas que la sociedad civil es un elemento esencial para la protección y promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Es preciso que los Estados creen y mantengan un contexto seguro y propicio para que las ONG puedan expresar libremente sus opiniones y realizar su trabajo en beneficio de la sociedad en su conjunto”, dijo Bachelet.