El caso TCQ, una red de corrupción urdida en Guatemala para cobrar un soborno millonario a cambio de un usufructo en la mayor portuaria del país, pilló «por sorpresa» al Banco Mundial, que invirtió en el proyecto sin conocer que estuviera «viciado», dijo a EFE el director de la entidad para Centroamérica Humberto López.
En un despacho transmitido por Yahoo Noticias, López dijo: «Si en el Banco Mundial hubiera habido, en aquel momento, una mínima sospecha de que podía haber una actividad de corrupción envuelta en las transacciones (…) no solo no hubiéramos entrado allí» sino que se hubiera pedido una investigación a la institución, manifiesta rotundo y tajante en una entrevista.
Consciente de que la corrupción es una de las peores lacras que puede afectar a las sociedades, López recibe a Efe en Guatemala para analizar esta trama supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que supuestamente recibieron de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) un soborno para la adjudicación de la ampliación de Puerto Quetzal.
El proyecto, valorado en unos 255 millones de dólares, fue financiado por un importe de más de 100 millones de dólares a través del banco GyT continental (Guatemala), el Banco Holandés de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional (IFC), una institución del Grupo del BM que apoya al sector privado y que además ahora es propietaria de TCQ, en un 15 %, junto al grupo holandés APM Terminals, que tiene un 85 %.
Este caso es solo una muestra más de que la corrupción se debe combatir aún con más ahínco, explica López, quien cuenta que la decisión de invertir en este proyecto derivó de un análisis previo que evidenciaba el «impacto positivo» que tendría para Guatemala, pero sin conocer, «en ningún momento», que la corrupción estaba presente.
Esta proyección provechosa para el país, continúa, se reflejaría en un aumento del crecimiento internacional, en la facilitación de los procesos exportadores, en la facilidad de cargar y descargar contenedores y en la posibilidad de mover grandes barcos Postpanamax.
Después de analizar estos aspectos, el Banco Mundial hizo «un trabajo de diligencia para entender hasta qué punto TCQ era una empresa con la que se podía trabajar» y en esa investigación no se descubrió ninguna irregularidad.
López, que fue nombrado el 1 de julio de 2013 como director de la institución para la región, sí reconoció que una ONG envió una comunicación a IFC para llamar «la atención sobre si el usufructo que se había hecho para dar la concesión (…) era legal».
Ante esta denuncia, el Banco Mundial envió una misión a Guatemala que se reunió con grupos de la sociedad civil y que realizó un análisis, cuya conclusión fue que no había «evidencia de que hubiera ningún problema legal», pero esa acusación, aclara, no sugería, en ningún momento, «que tal usufructo pudiera haber estar viciado por un problema de pagos asociados a corrupción».
La Fiscalía guatemalteca acusa a TCQ de pagar unos 30 millones de dólares en sobornos para conseguir la adjudicación, de los que 24,5 iban para los socios de Guatemala (entre ellos Pérez Molina y Baldetti), cinco para un grupo de argentinos y medio millón para el pago de gastos.
Respetuoso de la investigación, del proceso judicial que está en marcha y de la presunción de inocencia de las personas acusadas en este caso, un total de 12, López muestra la «voluntad» de la entidad para colaborar con las autoridades y «esclarecer» lo ocurrido, aunque admite que aún no hubo ningún requerimiento.
Esa prioridad de clarificar lo sucedido, agrega el economista de origen español, se traduce en un claro mensaje de luchar contra la corrupción y a favor de la transparencia: «Cero tolerancia a la corrupción».
«Este hecho que ha ocurrido nos pilló a nosotros por total sorpresa y de hecho nosotros supimos de estas acusaciones el mismo día que el resto de los guatemaltecos, lo que nos hizo movilizarnos rápidamente», relata López mientras recuerda los hechos.
Esta premura en el actuar consistió en contactar a la Oficina de Integridad del BM, una unidad independiente que tiene como propósito investigar señalamientos de corrupción o colusión en operaciones del ente, para que averigüe qué pasó y «cómo nos afecta».
Preguntado por si esta relación puede tener repercusiones negativas, aunque la entidad no ha sido señalada por las autoridades, López no cree que vaya a haber «mayor problema», ya que la actitud «proactiva» del banco es entender lo ocurrido, apoyar a las autoridades y seguir trabajando en pro del desarrollo y de un crecimiento inclusivo.
Precisamente por ello, consciente de que el país centroamericano tiene por delante muchos y grandes retos, el directivo, un gran conocedor de Centroamérica, pide centrar la atención en las prioridades del país: la pobreza, la educación y la transparencia.
«Lo que ha ocurrido en el tema de Puerto Quetzal no debiera despistarnos de cuáles son las prioridades del país (…). Un niño en una zona donde no tienen los estándares de nutrición que se esperaría no tiene la culpa, para nada, de lo que está pasando con TCQ», concluye López, mostrando la disposición del BM de apoyar el progreso y el desarrollo. Con información de medios y agencias internacionales