Las movilizaciones ciudadanas de 2015 debían mantenerse. Esa fue una afirmación generalizada en los análisis realizados en el contexto electoral, cuando se anunció el triunfo de J. Morales y cuando comenzaron a evidenciarse las precariedades del nuevo gobierno. Es positivo que se confirme ese supuesto, como fundamento para revitalizar un conjunto de esfuerzos que deben continuar, en paralelo con mayores esfuerzos para politizar la ciudadanía, motivar a segmentos que no participaron el año pasado, incorporar temas que convergen con la agenda de la lucha contra la corrupción.
La develación de nuevos casos, como TCQ; la solicitud de antejuicios contra ocho diputados oficialistas, la inacción del nuevo gobierno, la constatación de que la corrupción se mantiene operando y solo han cambiado algunos nombres y beneficiados de las tramas que están por detrás de las redes, los diversos resbalones presidenciales, son evidentes incentivos para seguir activos y protagónicos. Pero algo hacía falta, ausencia que se hizo evidente desde el inicio de los movimientos sociales de hace un año: la presencia de una agenda estratégica que vinculara a actores urbanos y rurales; que, además, pudiera relacionarse como manifestación de impunidad. La Marcha por el Agua puede ser esa oportunidad. Posicionar una agenda vital que se ha esquivado por décadas, que vincula asuntos de materia de legislación, política pública, servicios públicos, recursos naturales, agenda social diversa, presión a los partidos políticos, demanda de mayor y mejor aplicación de la justicia. La Marcha sirve para poner en el tapete oportunidades de abordaje, incidencia y posibilidades de vitalidad para el incipiente movimiento social. Afortunadamente no representa la demanda de una o de algunas instancias. Debe ser mucho más que eso. En la medida que se le estigmatice, alguno quiera convertirse en protagonista o dueño de la tarima, el asunto sucumbirá.
La agenda del movimiento social debe ser múltiple. Se agota cuando solo se alimenta de los escándalos, del 2015 o los que puedan salir a flote; solo como respuesta a una coyuntura volátil, cambiante y dispersa; o como representación de las antipatías ante un gobierno que desde antes de asumir se sabía conscientemente que no daría la talla. Esas expresiones son necesarias para agitar el inconsciente colectivo, agotar la paciencia, agitar las inconformidades; pero no da para algo más.
Razones para develar el hartazgo colectivo las hay y son muchas. La crisis de la salud pública debería ser una motivación fundamental para movilizarse, incidir y denunciar. La evasión de acciones públicas en favor de la ruralidad es otro polo de acción colectiva. La crisis de representación política que se advierte desde el comportamiento en el Congreso, es otra razón poderosa. La remilitarización de la administración pública es otro punto de especial preocupación. La lista es extensa. El desafío está en asumir un catálogo de luchas, todas con igual validez; focalizar las acciones en aquellos nudos o epicentros, o bien, esperar que se concreten ciertos hitos en una porción para crear el combustible que permita entrar en otros ángulos.
Está visto que lo vivido en el último año es un capítulo totalmente nuevo, y que; por tanto, no tiene comparación con ningún otro episodio. El libro tiene por delante solo ojas en blanco. Pero a tono de procesos experimentados en otras latitudes, antes o durante, estamos ante un momento de nuevo emerger que cautiva y seduce, pero al mismo tiempo requiere análisis y revisión permanentes. Mostrará signos de agotamiento cuando los planteamientos sean solo discursivos y no presenten rutas de acción; cuando se quieran saltar etapas necesarias, se caigan en trampas producto del terreno minado que se está abordando. Esos y muchos otros retos aparecerán en el camino, como signos de que el proceso es largo, azaroso, lleno de tentaciones, pero, al fin y al cabo, necesario como único camino para modificar idearios, promover nuevos comportamientos ciudadanos y provocar nuevos ejercicios por el poder.
La develación de nuevos casos como TCQ; la solicitud de antejuicios contra ocho diputados oficialistas son evidentes incentivos para seguir activos y protagónicos.