La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue detenida este martes, luego de que la justicia ordenara su retorno a prisión preventiva como parte de una investigación sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht.
La decisión es un nuevo golpe al fujimorismo, dos días después de que esa fuerza política recibiera un voto castigo en las urnas, que selló el fin de su hegemonía en el Congreso.
«Impongo prisión preventiva por el plazo de 15 meses a la investigada», declaró el juez Víctor Zúñiga, tras exponer durante 10 horas los argumentos de su fallo, en una audiencia a la que Keiko se sumó en los minutos finales.
Keiko, quien vestía una blusa negra y quien abrazó y besó a su marido, el estadounidense Mark Vito Villanella, antes de entrar a la sala de audiencia, fue detenida de inmediato por la policía y quedó recluida en la «Carceleta» del Palacio de Justicia, en el centro de Lima, donde pasará la noche.
El miércoles debería ser conducida a la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima, la misma donde estuvo 13 meses presa hasta el pasado 29 de noviembre.
«Esto no es justicia, esto es ajusticiamiento», declaró Keiko en un video divulgado en las redes sociales minutos después de que fuera detenida.
Su abogada, Giulliana Loza, anunció que había apelado de inmediato el fallo, que tachó como una «clara manifestación de aberración jurídica». «Vamos a acudir a todas las instancias nacionales e internacionales» para conseguir que Keiko sea liberada», dijo a periodistas.
La decisión dejó conforme a la fiscalía, aunque ésta había pedido al juez 18 meses de prisión para Keiko y no 15, argumentando que existía peligro de que la opositora se fugara del país.
«Vamos a encontrar justicia en Dios, que tiene la palabra final, que es el juez supremo número uno, y vamos a levantar nuestra voz frente a la comunidad internacional», declaró por su parte Villanella. La pareja tiene dos hijas de 10 y 12 años.
Keiko, de 44 años, es investigada en el marco del escándalo de presuntos pagos ilegales a políticos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, que salpica también a cuatro expresidentes peruanos, uno de los cuales, Alan García, se suicidó.
La primogénita del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) previamente estuvo 13 meses en prisión preventiva hasta que fue liberada en noviembre por un fallo del Tribunal Constitucional, pero la fiscalía presentó nuevos cargos y pidió su regreso a prisión.
La fiscalía asegura que la dirigente recibió aportes ilegales de Odebrecht y de otras fuentes para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, en las que acarició la presidencia de Perú.
A la acusación inicial de lavado de activos, se sumaron las de obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.
«Keiko Fujimori formó una organización criminal dentro del partido Fuerza Popular para obtener activos ilícitos», según el fiscal José Domingo Pérez, a quien los medios apodan el «Superfiscal» y que no asistió a la audiencia.
La fiscalía obtuvo hace poco en Brasil el testimonio de un exejecutivo de Odebrecht que confirmó un aporte ilegal de un millón de dólares a la campaña de Keiko en 2011, según la prensa.
Éste se suma a otros millonarios aportes encubiertos confesados por otros responsables de Odebrecht y por un prominente banquero peruano.
Popularidad del padre
El fallo judicial ocurrió dos días después del colapso electoral de la agrupación fujimorista Fuerza Popular, que perdió unos 60 escaños en las legislativas convocadas por el presidente Martín Vizcarra tras disolver el Congreso en septiembre.
Hasta la debacle del domingo, el fujimorismo, una amalgama populista de conservadurismo moral y economía neoliberal, conseguía desde 1990 una buena votación en todos los estratos sociales.
Muchos peruanos admiran a Alberto Fujimori porque derrotó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y detuvo la hiperinflación heredada de su antecesor, Alan García.
Beneficiada de la popularidad de su padre, Keiko llegó a ser considerada como la persona más poderosa de Perú entre 2016 y 2018.
Pero el cierre del Congreso fue un duro golpe para la dirigente y su partido, que venían perdiendo apoyo de la ciudadanía por su resistencia a la cruzada contra la corrupción lanzada por Vizcarra, según sondeos.
«Es el desplome del fujimorismo. Es producto del desgaste partidario, de la división partidaria y de los errores de Keiko», dijo a la AFP el analista Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, aunque descartó que el partido desaparezca del mapa electoral.
Al salir de prisión el 29 de noviembre, Keiko anunció una pausa en política para pasar tiempo con su familia, por lo que no participó en la campaña parlamentaria.