Abelardo Medina*
Recientemente y como parte de la delegación de Latinoamérica, fuimos invitados a participar en la Tax Justice Together Conference en Ámsterdam, Holanda, con más de 100 invitados de 28 naciones del mundo, especializados en el análisis tributario y en la búsqueda de justicia fiscal.
La conferencia permitió la discusión de diferentes temas. Sin embargo, mostró una fuerte divergencia con los que aún son de interés para las naciones centroamericanas. Para nuestra región, así como para otras latitudes de América Latina, África y Asia, la temática continúa alrededor de la insuficiencia tributaria producida por la incapacidad de los gobiernos locales que, fuertemente corporativizados, han establecido regímenes tributarios regresivos basados en impuestos al consumo; en tributación directa con criterios de renta territorial y prevalencia al otorgamiento de tratamientos tributarios preferenciales; en la limitada capacidad de generación de ingresos no tributarios producto de una política extractivista que prácticamente regala las riquezas del país; y en administraciones tributarias débiles, sin apoyo del resto del Estado. Lo lamentable es que en nuestros países todavía está vigente, en el panorama de justicia fiscal, la discusión de las funciones del sector público y la necesidad de transparentar sus acciones.
Por su parte, los representantes de países desarrollados, aun cuando siguen preocupados por la suficiencia fiscal de sus gobiernos, se enfocan en cómo los Estados pueden organizarse para combatir la elusión fiscal de las empresas transnacionales que aprovechan la existencia de paraísos fiscales o países de baja tributación, para pagar menos impuestos de los que les correspondería; estudian cómo los países que hoy se consideran no colaboradores con la transparencia internacional —dentro de ellos Guatemala por la renuencia a garantizar acceso a la información bancaria— pueden ser sancionados; buscan cómo las transnacionales pueden ser obligadas a presentar informes país por país —Country by country reports— para verificar cuánto les correspondería pagar en cada nación y cómo combatir las estrategias que continúan utilizando las transnacionales para erosionar su base imponible y deslocalizar sus ganancias para evitar ser gravadas —Base erosion and profit shifting (BEPS)—; Otro elemento en su agenda es cómo en el seno de la Organización de Naciones Unidas se puede establecer un organismo multinacional para regular la tributación mundial y la defensa de los intereses de los países en desarrollo.
Nótese que para los representantes de países desarrollados la discusión sobre cuáles son las funciones del Estado y cuánto debe invertirse en salud y educación, ya no forma parte de la agenda de justicia fiscal. Simplemente, la sociedad sabe que dichos servicios deben ser suministrados por el sector público, de tal forma que, incluso, las derechas ideológicas de dichos países, lo toman como un hecho dado, sin discusión. Tampoco forma parte de la discusión, la importancia de los impuestos sobre los ingresos y las ganancias para el financiamiento al sector público, es algo que los países desarrollados aceptan en forma general.
La reunión, muy ilustrativa, nos muestra que nuestra región se encuentra muy por detrás en la discusión de los temas tributarios de interés mundial y que nuestros ministerios de hacienda tienen mucho trabajo pendiente para adecuar los sistemas tributarios a la tendencias mundiales, y que nuestras administraciones tributarias deben avanzar prontamente en el establecimiento de mejores controles, empezando por el urgente fortalecimiento de su capacidad para controlar la utilización de precios de transferencia, que hoy son ampliamente usados por los exportadores para evitar el pago de impuestos, al reportar ventas —regularmente a paraísos fiscales—, muy por debajo de los valores reales negociados.
*Economista senior. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)