Nicaragua nacionalizó este sábado la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), tras sanciones impuestas por Estados Unidos que la vinculan con un esquema de corrupción y lavado de dinero del gobierno del presidente Daniel Ortega.
La ley establece que todos los inventarios de DNP pasarán a ser «propiedad total» del Estado de Nicaragua y serán administrados y operados a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El texto fue aprobado con 73 votos a favor en el congreso de 92 escaños dominado por el oficialismo.
Ortega envió el viernes «de urgencia» el texto al Congreso ante un «potencial desabastecimiento de combustibles y productos derivados del petróleo» en el país, según la exposición de motivos.
La DNP importa el 30% de los hidrocarburos y derivados del petróleo y parte de ellos los vende a través de 69 estaciones de servicio. Tras las sanciones, la empresa no podrá comprar a sus proveedores.
La demanda nacional es suplida por la multinacional de origen Suizo, Puma Energy, que además de combustibles terminados, importa petróleo que procesa en su refinería y abastece a otros distribuidores del mercado local.
Tras el anuncio de sanciones estadounidenses, algunas estaciones de DNP estaban cerradas o tenían largas filas de compradores ante el temor de desabastecimiento, principalmente en ciudades del interior y la costa Caribe, donde son los únicos distribuidores.
Estados Unidos sancionó el miércoles a Rafael Ortega, hijo mayor del mandatario y la vicepresidenta, Rosario Murillo. Otros 11 funcionarios y allegados al gobierno han sido sancionados, en el contexto de la crisis política que afecta al país desde 2018, para presionar a que Ortega a hacer cambios políticos y llame a elecciones libres en el país.
«Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar las sanciones.
El diputado del partido Conservador (PC-derecha) Alfredo César consideró que la ley es innecesaria y que «el Estado debe permitir que las empresas privadas en libre competencia se encarguen de la importación y distribución del petróleo y sus derivados».