El Congreso de Ecuador aprobó el lunes una ley tributaria acordada por el gobierno con el FMI, la cual permitirá al país recaudar unos 600 millones de dólares tras la revocatoria de la eliminación de subsidios a combustibles que desató una crisis social.
«Con 83 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria», informó el Parlamento en su cuenta de Twitter.
En la sesión, que concluyó cerca de la medianoche del lunes, estuvieron 128 de los 137 miembros del Congreso, en el que el oficialismo carece de mayoría.
«Felicito el compromiso de los legisladores de la @AsambleaEcuador que, sin mirar banderas políticas, apoyaron nuestra propuesta porque beneficia a las grandes mayorías», expresó el presidente Lenín Moreno por esa misma red social.
Agregó que «el proyecto vuelve al Ejecutivo y, con diálogo y consensos, seguiremos tomando decisiones para un país mejor».
La iniciativa «ayudará a fortalecer las finanzas del gobierno y hará que el sistema tributario sea más simple y más favorable al crecimiento» de la economía de Ecuador, dijo hace dos semanas en Washington el portavoz del FMI, Gerry Rice, luego de una reunión entre autoridades de ese organismo y de la nación dependiente del petróleo.
El texto fue planteado por el gobierno tras enfrentar en octubre fuertes protestas a raíz de la eliminación de subsidios a combustibles pactados con el FMI a cambio de un crédito de 4,209 millones de dólares a ser desembolsados en tres años, anunciado en febrero.
La crisis social que dejó diez muertos llevó a Moreno a derogar la supresión de subsidios por 1,300 millones de dólares al año que decretó como primera medida tras los acuerdos con el FMI, que ya desembolsó 900 millones y en diciembre revisará las cuentas de Ecuador para entregar otros 500 millones.
Un mes después, el Congreso rechazó una serie de reformas planteadas para obtener unos 800 millones de dólares mediante tributos y para controlar el gasto.
A la tercera la vencida
La norma aprobada el lunes es el tercer intento de Moreno por salir a flote de las dificultades económicas y cubrir el déficit fiscal, estimado en 3.600 millones de dólares (3.3% del PIB) para 2019 y similar para 2020.
La nueva ley incluye impuestos a las bolsas plásticas y a las empresas con ingresos por un millón de dólares en 2018. Además «determina la reducción del 10% del Impuesto a la Renta para los contribuyentes afectados» por los doce días de duras protestas de octubre, señaló la Asamblea en un comunicado.
Condona asimismo la totalidad de intereses, multas y recargos derivados de créditos educativos y becas, y quedan perdonados los intereses a quienes hayan contraído deudas con la banca pública para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras.
El mandatario destacó por Twitter las «facilidades para emprendedores, para pacientes diabéticos y para estudiantes con créditos educativos. La eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta y más beneficios serán realidad. ¡La Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria fue aprobada!».
Daniel Mendoza, presidente de la comisión legislativa de Régimen Económico que analizó la norma, señaló en esa red social que la ley «aporta a la estabilidad de la economía, el sostenimiento del sistema de dolarización y la reactivación productiva».
En los dos últimos años, Ecuador -cuya economía está dolarizada desde el año 2000- aumentó su endeudamiento con la emisión de bonos por más de 10,000 millones de dólares y acudió a organismos multilaterales como el FMI para obtener en febrero préstamos por casi 10,300 millones.
A pesar de que el país no lograba concretar sus compromisos, el FMI mostró en noviembre su respaldo a Quito. Sigue «estrechamente comprometido» con el gobierno ecuatoriano en sus esfuerzos por implementar su plan económico, dijo Rice entonces.