Gonzalo Marroquín Godoy
Se le pide al Presidente Jimmy Morales que vaya en contra de su línea para favorecer la impunidad y en contra de sus aliados, los diputados corruptos.
Está en el último suspiro de su administración. El presidente Jimmy Morales ya se despide por todos lados y se presenta como el gran presidente que seguramente le hubiera gustado ser, pero al fin de cuentas, la historia no tendrá muchos elementos positivos para juzgarlo y calificarlo. Todo indica que pasará como alguien que llegó al poder por la coyuntura y no supo aprovechar la oportunidad que tuvo en sus manos.
En pocos días tendrá ante sí una de las últimas oportunidades de hacer las cosas correctamente, cuando llegue a su despacho el decreto 10-2019 de reformas al código penal –conocido como Ley de Aceptación de Cargos–, el cual fue aprobado por la bancada de FCN-Nación y los bloques que han sido sus aliados a lo largo de la batalla para promover impunidad y terminar con la lucha contra la corrupción.
En ese momento tendrá ante sí tres posibilidades: 1.- La veta y hace lo correcto, porque es una ley con graves defectos y peligros–; 2.- La sanciona y queda bien con sus partidarios y aliados o; 3) Se hace el loco y no la veta pero tampoco la sanciona, el tiempo transcurre y cerca de las fechas navideñas, la ley entra en vigor de todas maneras.
Jimmy Morales tiene una gran capacidad para evitar hacer lo correcto. Recuerdo cuando en 2016 tuvo en sus manos la posibilidad de vetar el mamarracho de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y no lo hizo, bajo el pretexto que luego se haría una nueva reforma de segunda generación, que jamás llegó. El resultado fue el que vimos en la última campaña electoral, aunque hay que reconocer que además de ser mala la ley, los magistrados del TSE se lucieron haciéndola peor con el reglamento.
Pero Jimmy tuvo en sus manos iniciar en aquel entonces lo que pudo ser una linda cruzada para cambiar nuestro ineficiente y corrupto sistema político. No lo hizo, porque él forma parte de la vieja política, esavieja política que quiere mantener al país en el oscurantismo y bajo el dominio de la clase política que se ha venido relevando en el poder, sin promover algún cambio de fondo.
En lo personal, resultó frustrante ver la falta de liderazgo y de faroles del Presidente en aquel entonces. Luego, con el paso del tiempo, se fue perfilando como alguien encargado –¿por quién?– de velar por no tocar el statu quo –es decir lo que está vigente: corrupción, impunidad y desatención a los graves problemas nacionales–. Por eso el país continúa como un laberinto sin salida.
En vez de actuar como estadista –es decir, alguien experto en política y asuntos del Estado–, Jimmy Morales ha reaccionado hepáticamente en la mayoría de ocasiones trascendentales. Mucho me temo que esta vez sucederá lo mismo que en 2016 con la Ley Electoral. El presidente estará del lado de su partido, estará del lado de ayudar la corruptela. No hay que perder de vista que ese es uno de los objetivos de los diputados –el principal en realidad–, defender a quienes ya han sido implicados en casos de corrupción y, eventualmente, defenderse ellos mismos, tomando en cuenta que no pocos parlamentarios, funcionarios y políticos tienen a sus espaldas acusaciones de haber cometido delitos penales.
Hace unos días, un grupo de abogados solicitó públicamente al presidente Morales que vetara las reformas aprobadas, aduciendo que el decreto es contrario a los intereses de la Nación –lo cual es cierto– y advierten que con los cambios al Código Penal se pone en riesgo la correcta aplicación de la justicia, además de contener artículos que notoriamente adolecen de vicios de inconstitucionalidad.
En conclusión de los abogados, este decreto no reúne las condiciones mínimas de constitucionalidad ni se ajusta a los estándares internacionales en materia penal. Muy cuidadosos han sido los profesionales, en no hacer señalamiento a las oscuras intenciones que hay detrás de las reformas.
Jimmy Morales tiene en sus manos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de actuar correctamente. Veremos que camino escoge. Si sigue el que hasta ahora ha tomado o si decide, aunque sea al final de su mandato, estar del lado del pueblo, del lado de Guatemala.
Por lo que hemos visto durante los últimos cuatro años, las posibilidades
de un veto son casi nulas. Lo que el
presidente debe tener en cuenta, es que si decide no vetar la ley, lo que
corresponde es que abogados y ciudadanos en general impugnen ante la Corte de
Constitucionalidad (CC) y se logre un correctivo en esa instancia, se impida
así que entre en vigor para favorecer a corruptos y delincuentes. La diferencia es que si la veta, demostrará
que, al menos en esta ocasión, ha sabido de qué lado debe estar como
gobernante.
Pueden hacer sus apuestas. Ojalá me
equivoque, pero yo apostaría que don Jimmy no vetará la ley.