La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Presidente Jimmy Morales y a las instituciones de Guatemala, intensificar el combate a la impunidad y la corrupción, ya que representa un serio retroceso para el estado de Derecho en el país, ya que se han visto vulnerados las garantías fundamentales, según un informe divulgado hoy.
La CIDH hizo un llamado para que se otorguen los recursos necesarios que permitan el adecuado funcionamiento del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instituciones que cobraron relevancia desde el año pasado a raíz del destape de casos de corrupción que los mismos realizaron.
Cabe recordar que la semana pasada la Fiscal General del MP, Thelma Aldana, admitió que que la entidad podría dejar de funcionar en agosto si no se ubica la fuente financiamiento exacta para unos 490 millones, que el Congreso de la República no pudo solucionar al aprobar el presupuesto en Noviembre de 2015, por lo que ya pidieron una readecuación al Ministerio de Finanzas (MINFIN) y así solucionar esta problemática.
La Comisión ha llamado reiteradamente la atención en sus informes sobre Guatemala acerca de la existencia de una impunidad estructural en el sistema de justicia guatemalteco que debilita el Estado de Derecho. La Comisión exhorta al Estado a continuar el camino para superarla, detalló la CIDH en su informe.
El presidente Jimmy Morales ratificó su compromiso al diálogo y a la promoción de los #DDHH https://t.co/YaKlnX5nP4 pic.twitter.com/mfKpUIPghK
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 14, 2016
Según el Presidente de dicha Comisión, James Cavallaro, la impunidad en los delitos de homicidio fluctuó entre 98,4% y 99,1% entre los años 2008 y 2014, lo que refleja los problemas de «falta de idoneidad» en los encargados de la justicia.
El informe también señala la preocupación de la CIDH por la participación de las fuerzas militares en el ámbito de la seguridad pública, que a su criterio debería corresponder a la policía. Además reclaman a Guatemala por no cumplir las recomendaciones y sentencias que la Corte Interamericana ha emitido contra el estado por violaciones a sus habitantes, con énfasis en casos relacionados a las violaciones ocurridas durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996).
La CIDH observa con preocupación que, durante la administración del ex Presidente (Otto) Pérez Molina, el gobierno rechazó la calificación de los hechos del conflicto como genocidio, con su efecto devastador sobre las comunidades indígenas, advierte el informe.
"El nuevo gobierno tiene desafíos cruciales en materia de derechos humanos", dijo el Presidente de la @CIDH, @JimCavallaro
— AGN (@AGN_noticias) March 14, 2016
De acuerdo con el informe mencionado, y a las cifras de Naciones Unidas, Guatemala es uno de los países más violentos de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 39,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo superados por Honduras, Venezuela, Belice y El Salvador, pero lo que más advierten en el informe es que las autoridades guatemaltecas estiman que la mitad de las muertes violentas están asociadas a la operación del narcotráfico y las pandillas.
También destaca en el informe que la discriminación, desigualdad y exclusión a los pueblos indígenas es un tema que no se debe descartar, ya que representan casi la mitad de los 16 millones de guatemaltecos, ya según la Comisión aún se continúan existiendo formas contemporáneas de esclavitud sobre la población indígena, que tienen como fin la explotación económica, además esto estaría provocando daños sociales y ambientales en los territorios indígenas.
Con información de Yahoo News, Agencia Guatemalteca de Noticias y Agencias Internacionales.