Plaza Mayor/ Editorial
El tema de transparencia en el Estado sigue cobrando fuerza. El presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, ordenó que se publicaran en la página web los sueldos de los diputados y, con solo cumplir lo que la Ley manda, abrió una caja de Pandora con toda clase de porquería que nos hace meditar sobre la opacidad imperante en las municipalidades del país.
Como punto de partida y reflexión abordamos esta semana el problema de los sueldos de los alcaldes, que se mantienen guardados como gran secreto bajo cuatro llaves, porque es algo que no desean que sea del conocimiento de los vecinos, pues saben la indignación que causaría.
Para empezar, los jefes ediles se recetan de manera autoritaria los aumentos, que son aprobados oficialmente por manipulados concejos, sin ningún límite o parámetro de comparación con otras autoridades del sector público, lo que se traduce en cantidades desproporcionadas para la realidad nacional y son una muestra de la voracidad de quienes llegan a dirigir los destinos del municipio.
En todo caso, si se considera que el sueldo establecido es justo, cabe preguntarse ¿a qué tanta vergüenza para mantenerlo en secreto? El presidente de la Anam, Edwin Escobar, justifica que los salarios no se publiquen porque no conviene que la pandilla de tu comunidad sepa cuánto ganas, el mismo argumento –con otras palabras– que antes utilizaba el presidente del Congreso Luis Rabbé, para mantener tapada la cloaca de sueldos del Organismo Legislativo.
Ambos olvidan que la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a dar a conocer esos datos. No cabe la discrecionalidad, justificada o no, de las autoridades de cada dependencia pública: es información que debe estar al alcance de la población.
Pero hay más, aun cuando se dan a conocer algunos de los sueldos de funcionarios ediles, se ha encontrado una manera de disfrazar lo que verdaderamente ganan. En ocasiones se maquilla con argumentos legales. Tienen salario de alcalde, pero también agregan un monto para gastos de representación, dietas por reuniones del concejo y de otras dependencias municipales. En resumen, es imposible determinar con exactitud lo que ganan los jefes ediles.
En el régimen municipal anterior a 1985 había limitaciones para que se incrementaran los sueldos las autoridades municipales, pues si bien lo podía hacer el concejo correspondiente, no entraba en vigor sino hasta el período siguiente, y entonces no había reelección, así es que si lo hacían era porque verdaderamente valía la pena.
Hay aspectos que se deben tomar muy en cuenta. Si la falta de transparencia principia con el sueldo, ¿qué puede esperarse cuando hay de por medio grandes y millonarios negocios?
Tenemos a la vista casos escandalosos de corrupción. Arnoldo Medrano, en Chinau- tla, es quizás el más representativo: se perpetuó en el cargo, creó empresas para darles contratos millonarios y obtener ganancias él y su familia, practicó el nepotismo y, ¡por supuesto!, tenía un sueldo exagerado –cerca de Q90 mil mensuales– entre salario, gastos de representación y dietas. El sueldo fuera de proporción de un alcalde no hace más que reflejar su poco espíritu de servicio y su exagerada voracidad por el dinero.
Hay que ser enfáticos en que la opacidad en la administración municipal es gigantesca. Ahora, la Contraloría General de Cuentas ha principiado a cumplir mejor con su mandato de auditar a las comunas. Si lo hace bien, seguramente encontrará toda clase de porquería y corrupción en muchas.
Hace falta regular los salarios de los funcionarios en todas las instituciones del Estado. No es posible que, aduciendo –convenientemente– falta de recursos, algunas municipalidades ni siquiera tengan página oficial en internet, lo que les facilita esconder toda la información que, por obligación, debe ser pública. Eso sí, sí hay dinero para incrementos salariales.
No es válido recurrir a verdaderos malabarismos para desinformar o esconder la información. Si el sueldo es justo, ¿por qué se avergüenzan de que se sepa?