El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado el miércoles a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, un fallo que podrá recurrir en libertad pero que amenaza su eventual candidatura a las elecciones de 2018.
Los abogados del exmandatario (2003-2010) anunciaron de inmediato que apelarán la sentencia «en todas las cortes imparciales, incluyendo las Naciones Unidas».
La condena contra el líder de la izquierda vuelve a sacudir a la mayor economía latinoamericana, sumida en una grave crisis que tiene al borde del abismo al actual mandatario, el conservador Michel Temer, también acusado de corrupción en una causa separada.
Lula fue hallado culpable de recibir un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. El caso se inscribe en la Operación Lava Jato que reveló multimillonarios desvíos de fondos de la petrolera estatal hacia todo el arco político.
«Entre los delitos de corrupción y lavado hay concurso material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a nueve años y seis meses de reclusión», determinó el juez Sergio Moro, de Curitiba (sur), a cargo de esas investigaciones en la primera instancia.
Lula, de 71 años, «podrá presentar su apelación en libertad», determinó Moro.
«Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda aguardar el fallo de la Corte de Apelación antes de extraer las consecuencias propias de la condena», explicó.
Lula, que enfrenta otras cuatro causas penales, niega categóricamente los cargos y los atribuye a una conspiración para impedir su candidatura en las presidenciales de octubre de 2018. En las encuestas, figura como gran favorito, pese a ser también uno de los políticos con mayor índice de rechazo.
Para que su postulación sea bloqueada, deberá ser condenado en segunda instancia. Un proceso de apelación podría tardar un año en definirse, según fuentes que conocen la arena judicial en Curitiba.
El extenso expediente afirma además que Lula recibió 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares al cambio actual) de manos de OAS y que esa suma es parte de «un esquema delictivo mayor, en el que el pago de sobornos era rutinario».
«La responsabilidad de un presidente de la República es enorme, y por consiguiente, también su culpabilidad», agregó.
Moro también prohibió a Lula a ejercer cargos públicos por 19 años, algo que debería ser confirmado o denegado en la segunda instancia.
– A las calles –
La dirección del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó en un comunicado que la condena de su cofundador «representa un ataque a la democracia y a la Constitución».
Además, el PT relaciona la sentencia con una ofensiva destinada a «suprimir derechos sociales y laborales», un día después de que el Senado aprobara definitivamente una flexibilización de la legislación del trabajo.
«Queremos hacer manifestaciones de protesta en todo el país contra esta decisión política ajena a cualquier proceso legal», dijo el líder del PT en la Cámara de Diputados, Carlos Zarattini. «Saldremos a la calle».
En contraste, Efrain Filho, diputado del partido de derecha Demócratas (DEM) calificó el fallo como «una lección de ciudadanía para el pueblo brasileño».
La Bolsa de Sao Paulo escalaba 1,69% tras el anuncio de la condena del exsindicalista, en tanto que el real se reforzaba frente al dólar.
– Temer, en la mira –
La investigación Lava Jato amenaza igualmente al presidente Temer, acusado de haber negociado un soborno a cambio de medidas favorables al gigante de la alimentación JBS e investigado por presunta tentativa de comprar el silencio de un exdiputado preso.
La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara de Diputados discutía el miércoles un informe que recomienda encaminar a la corte suprema la denuncia por corrupción pasiva presentada contra Temer por la Fiscalía General.
El caso deberá ser luego sometido a voto del plenario y si llegara al Supremo Tribunal Federal (STF), y éste abriera un proceso formal, Temer será suspendido de su cargo por un máximo de 180 días, en espera de un dictamen.
Sería la segunda sucesión presidencial desde mayo de 2016, cuando Temer, vicepresidente de Dilma Rousseff, la reemplazó por el ‘impeachment’ en el Congreso que destituyó a la mandataria izquierdista por manipulación de las cuentas públicas.
La investigación de Petrobras enfrentó a los poderes de la República y es fuente constante de intrigas y filtraciones.
Moro cerró su sentencia contra Lula con una frase poco auspiciosa para las decenas de diputados, senadores, políticos y empresarios investigados: «No importa lo alto que se esté, la ley está por encima», escribió.
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