Conversatorio con el ministro de Ambiente y Recursos Naturales.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es el encargado —entre otras atribuciones— de velar por el cuidado de los recursos hídricos del país. Aunque la problemática es gigantesca, los avances que se observan son mínimos, salvo cuando los infractores son pequeñas industrias. Persisten las expectativas para terminar con la impunidad ambiental.
Los ríos y lagos del país muestran altos niveles de contaminación. Son constantes las denuncias —y las noticias— sobre descargas de desechos tóxicos o contaminantes en las cuencas de los ríos. El MARN ha dado muestras de buena voluntad, pero no se avanza mucho más allá.
El ministro, Sidney Samuels, reconoce que que es más fácil actuar contra las pequeñas industrias y por eso los casos que las involucran se atienden más rápido y las saciones se imponen. Por otra parte, habla también de sus limitaciones. Esta es parte de la entrevista sostenida con el funcionario, quien además estuvo en Israel para abordar temas de protección ambiental y desarrollo.
Sobre los temas de contaminación de ríos ¿se hacen investigaciones, particularmente de empresas que lanzan sin control sus desechos? Recordemos que las industrias tienen una fecha límite para presentar evidencias de que han construido plantas de tratamiento de aguas residuales. El problema para investigar consiste en que el recurso humano es insuficiente para llevar a cabo investigaciones en estos momentos y esperamos que el año entrante podamos ejercer una actividad de manera más efectiva.
¿Cuál es el impedimento para combatir esa impunidad que persiste? Tenemos pendiente el tema del personal que haga auditoría ambiental, lo cual es una minoría, pero que va caminando poco a poco a tener mejores recursos para aplicar estos métodos.
Háblenos de las investigaciones en marcha.Estas investigaciones empezaron relativamente hace poco, ya que, hace unos meses, se dio la instrucción de que se comenzará con el proceso investigativo. Para que podamos denunciar a las empresas que ocasionan este daño se requiere de muchos meses, esto no termina porque son infinidad de industrias.
¿Cuántas denuncias se han emitido en el tema del desvío de ríos? Son alrededor de 25 denuncias. Existen muchas formas de desvío de ríos, los toman de manera subterránea, cuando se desvía haciendo algún trabajo en el terreno, ocasionando la modificación de la ruta de los ríos. Seguimos investigando sobre estos fenómenos, ha habido un poco más de control de algunas empresas, ya que hay una mesa en la que están los representantes de los empresarios, alcaldes y nuestra dirección de recursos hídricos, quienes han hecho ver si hay o no desvíos.
¿Se sancionó a empresas en Quetzaltenango, señaladas de contaminar el río Samalá? Se han sancionado a tres empresas, una de ellas es Otoniel; la otra es una empresa familiar; y una más es la Industria Textilera Los Altos S.A., entiendo que su nombre popular es Cantel. Estas empresas no han tenido sus estudios de impacto ambiental.
Se trata de pequeñas empresas… ¿Es más fácil procesar a estas que a las grandes, que contaminan más? Es más fácil porque está bien definido en donde están fallando, ya sea por la falta del estudio de impacto ambiental o porque se comprueba que están contaminando un río. En el caso de empresas grandes como Repsa, son situaciones complicadas porque hay otro tipo de acciones que hay que evaluar; por ejemplo, la contaminación de los pozos, y son acciones que se tienen que demostrar, y entonces entramos en esos va y vienes, y es ahí cuando tenemos que enviar a la Procuraduría General de la Nación para que dictaminen.
¿Qué sanciones se les va a imponer a estas empresas? Se les va a multar y tendrán que cerrar temporalmente hasta que presenten sus estudios de impacto ambiental. Las multas varían por el tamaño de la empresa, el tiempo que tienen laborando sin tener las licencias y del tipo de daño realizado. Son Q49 mil 410 para la empresa de Los Altos, Q25 mil para Otoniel y de Q10 mil para la empresa familiar.
¿Ya se denunciaron las empresas al MP? El Ministerio Público nos acompañó en la inspección que hicimos en Samalá.
¿Por qué es más difícil el trabajo con grandes empresas? El tema de Repsa, como el de otras, está en proceso y entiendo que ya la Procuraduría General de la Nación ha emitido opinión al respecto. Con estas grandes empresas lo que pasa es que son expedientes que han tenido que ir por su gran tamaño a la Procuraduría General de la Nación y tenemos que esperar este proceso. Estos procesos se dan en los proyectos grandes, porque las grandes empresas generalmente responden a nuestros dictamines y en ese caso tenemos que mandarlos a la PGN. Esto no ocurre con las pequeñas empresas, porque son denuncias más concretas.
¿Se tiene algo previsto para los casos de la contaminación del río Villalobos y Las Vacas? Hemos estado en contacto con AMSA —Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán—, que es la que controla este tema, en virtud de que es la Vicepresidencia quien la está dirigiendo. AMSA está por inaugurar una planta de tratamiento de agua servida, en jurisdicción de San Miguel Petapa. También realizan otras acciones, como la limpieza del lago, que no es una actividad sencilla, pero ellos tienen las herramientas para que puedan atender esas necesidades.
¿Qué van hacer para detener la contaminación en el lago Atitlán? Nos reunimos con todos los alcaldes de Sololá y los que están a la orilla del lago. Se les hizo conciencia de que el lago está siendo contaminado con una cianobacteria, la cual aumenta cada vez más. Esto es a consecuencia de los depósitos directos de las aguas servidas de cada uno de los negocios aledaños a la zona. Les hemos pedido que controlen la situación, que implementen sus plantas de tratamiento. Se ha querido manejar un proyecto en general, donde quieren obtener de todas las comunidades, en una sola tubería, las aguas servidas para tratarlas en una sola planta de tratamiento. Es necesario que para el año 2019 las comunidades tengan ya sus plantas de tratamiento.
¿Qué dificultades hay para que estas implementaciones no se lleven a cabo? El 70 por ciento de los alcaldes son nuevos, 270 de los 340. Por otro lado, resulta que los jefes ediles que están repitiendo gestión no tuvieron los recursos suficientes para la construcción de las plantas de tratamiento. El costo depende del tamaño de la planta, y este puede oscilar de un millón a seis u ocho millones. Estamos viendo una forma de financiamiento, ya sea por medio del Crédito Hipotecario Nacional, en donde se han situado Q250 millones para este tema. También por medio de Asociación Nacional de Municipalidades, para que a través del IVA-PAZ tengan los recursos para desarrollar estos proyectos.
¿Cómo lograr que todos estos objetivos sean cumplidos y que cada quien juegue el papel que le tocó de forma adecuada? Nosotros esperaríamos que no llegáramos a las sanciones, esperamos que haya una respuesta por parte de todos, porque también hemos tenido una buena relación con todos los alcaldes y demás entidades. Lo que haremos es contactar con los delegados del Ministerio para que le den seguimiento a estas acciones.
¿Cómo ven la propuesta del presupuesto para el próximo?
Parece que hay una apertura de aprobar lo que hemos estado pidiendo. El presupuesto de este año andaba por los Q142.5 millones. Ahora lo hemos subido a Q170 millones, donde los aumentos están relacionados con el incremento de personal y el alquiler de la edificación que estamos utilizando; por cierto, tenemos negociaciones para tener un nueva edificación ubicada en la zona 5.
¿Qué se dejó de hacer este año? ¿Cuáles son las metas para el próximo año? Creemos que tenemos debilidad en el tema del control; es decir, en tener personal y auditores ambientales que puedan ejercer control sobre aquellos proyectos que aprobamos, cuyos instrumentos son también autorizados por el Ministerio. Apenas contamos con tres auditores ambientales a nivel nacional. Nos hemos tenido que apoyar en las delegaciones, por lo que es un tema a mejorar para el año entrante.