La vieja política ha prevalecido. Los poderes del Estado no reaccionan: la economía estancada, no avanzan cambios a sectores político y justicia, aumenta la efervescencia social, no cede la corrupción y la transparencia brilla por su ausencia. Lo rescatable es la lucha que se libra contra la corrupción y la impunidad, que sin embargo enfrenta silenciosa e invisible oposición. Crónica ha contado la historia…
Guatemala no debe estar resignada al pesimismo, una nueva Guatemala es posible y vale la pena. (Discurso de toma de posesión el 14 de enero de 2016).
Al asumir la Presidencia, el 14 de enero, Jimmy Morales se convirtió en el bien clavado, el funcionario de mayor rango en el país, de quien la mayoría de la población esperaba fuera el líder natural para promover cambios profundos en el Estado, tras el descalabro ocurrido en 2015.
Lamentablemente, antes de un mes, las expectativas de ni corrupto ni ladrón se vieron desvanecidas, cuando el mandatario arropa a su pequeño partido, FCN-Nación, para verlo convertido en la principal fuerza política del Congreso, pero con base en la negociación más numerosa de diputados tránsfugas en la historia legislativa.
A lo largo del año, Crónica ha mostrado la inconsistencia y falta de políticas públicas del Gobierno de Morales, agobiado por múltiples crisis, sin iniciativas para promover algún cambio en la vieja política. Resultado de ello son las denuncias que se han dado sobre actos de corrupción bajo su administración, así como el nepotismo suyo y del vicepresidente Jafeth Cabrera.
Sin liderazgo ni mando
No tuvo que pasar demasiado tiempo para que se pusiera en duda el liderazgo del artista cómico convertido en Presidente. Salió a luz la existencia de una Juntita de exmilitares que asesoran al Presidente. Se negó su existencia de manera oficial, pero, como sucede muchas veces, en medio de contradicciones, pues los hechos confirmaron que eran asiduos visitantes a Casa Presidencial.
Esta Juntita ha estado integrada por los exmilitares Justino Ovalle Maldonado (diputado) —actualmente en proceso de antejuicio— Herbert Armando Melgar, Mario Efraín Paredes y Ricardo Bustamante. Tras hacerse públicos sus nombres, cada uno intentó bajar de perfil, mientras que Melgar asumió una curul en el Congreso de manera poco transparente.
Para el mes de mayo, ya se preguntaban los guatemaltecos ¿Quién manda en Guatemala?, y los analistas, líderes de opinión y amplios sectores de la población veían más liderazgo en Mario Taracena, Iván Velásquez, Thelma Aldana, e incluso en el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson.
En torno a la pretendida reforma al sector político —Ley Electoral y de Partidos Políticos—, Taracena encabezó la defensa de cambios superficiales que decía obedecen al clamo de La Plaza, pero en realidad eran modificaciones de forma más que de fondo. El Presidente tuvo la oportunidad de vetar la ley, pero no se atrevió y terminó sancionándola, después de perder el pulso con el Presidente del Congreso.
Esa debilidad del Ejecutivo ha creado un ambiente de zozobra, agravado en el segundo semestre por la vinculación de su hijo, José Manuel y su hermano Sammy, vinculados ambos a una investigación del MP y Cicig por corrupción en el Registro de la Propiedad.
Promesas, en el aire
En su discurso de toma de posesión, Morales evitó hacer demasiadas promesas, pero específicamente se comprometió a terminar con los problemas de abastecimiento de medicinas y mejorar en todos los aspectos de educación. No se han visto avances, y en cambio se ha vuelto a ver la influencia de los sindicatos en ambas carteras.
En la vieja política, los gobernantes hacían alianza con el sindicalista del magisterio, Joviel Acevedo, y con los salubristas, con el fin de utilizar esos gremios a su conveniencia. La historia se ha repetido, con mayor influencia de Acevedo esta vez. A los salubristas, la ministra Lucrecia Hernandez Mack les concedió un bono de Q3 mil como parte de esta añeja y opaca estrategia.
Las buenas noticias han llegado de dos funcionarios que no están vinculados con el partido FCN-Nación —ahora bajo fiscalización del TSE—. El titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano, y el ministro de Gobernación, Francisco Manuel Rivas. Los resultados en materia de seguridad —sobre todo lucha contra extorsiones— y recaudación, han sido positivos y son reconocidos.