Pedro Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc son representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala y Tres Puertos.
Los delitos que se imputan a esta organización criminal son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.
Además de las capturas de exfuncionarios de laSuperintendencia de Administración Tributaria (SAT),el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lograron la captura de empresarios, que estarían vinculados también al llamadoCaso La Línea.
Anteriormente, se había capturado a los exfuncionarios de la SAT, Alfonzo Romeo Castillo Castro, director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, Jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad, y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas, Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos Omar Franco Chacón, exjefe de la SAT, y Geovani Marroquín Navas -ambos integrantes de la organización criminal conocida como «La Línea»- y conformada por los demás funcionarios y exfuncionarios aprehendidos el día de hoy, para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por más de 255 millones de quetzales (Q255,612,266.82), mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
Además, se conoció que la misma empresa -favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los 95 millones de quetzales- se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por 11.8 millones de quetzales, todo a cambio de promesa remuneratoria a favor de los directivos y exdirectivos de la SAT.