San Salvador, El Salvador
Organismos humanitarios de El Salvador celebraron este viernes que la fiscalía española haya pedido 150 años de cárcel para un coronel salvadoreño enjuiciado en Madrid por su supuesta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989.
Una fuente judicial de la capital española confirmó a la AFP que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 150 años de cárcel para el coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano.
Los defensores de Derechos Humanos destacaron la importancia de que, con base en el principio de justicia universal, fiscales españoles hayan solicitado prisión para el coronel de 76 años por estar implicado en un crimen que conmovió a la comunidad internacional.
“Nos alegramos por esa petición. Lo que queremos es que se haga justicia y reparación”, declaró el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro.
“Si la parte acusadora está solicitando esa sanción (de cárcel) es porque se apega al marco normativo legal” y debido a la “gravedad” de los hechos imputados, declaró por su parte el abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), David Ortiz.
Más allá del fallo, para Montenegro el juicio en sí “es un mensaje a todos los responsables de crímenes de lesa humanidad de que la justicia siempre se impondrá”.
Ortiz, en tanto, destacó que España puede culminar un proceso ejemplarizante para que el crimen no quede impune.
Montano llegó a Madrid en 2017 extraditado desde Estados Unidos y es el primero de 17 militares salvadoreños en situación de retiro y solicitados en extradición que enfrenta a la justicia española por este hecho.
En 2009, la Audiencia Nacional española, en base al principio de justicia universal para crímenes de lesa humanidad, se declaró competente para investigar la masacre, en la que murieron seis jesuitas, cinco de ellos de nacionalidad española.
El tribunal español emitió órdenes de detención internacionales en 2011, pero en agosto de 2016 la Corte Suprema de Justicia salvadoreña negó su extradición y dejó en libertad a varios de los militares detenidos.
La matanza fue cometida por efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl de la Fuerza Armada, en el campus de la Universidad Centroamericana el 16 de noviembre de 1989, en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).