La oposición izquierdista de Honduras anunció este martes movilizaciones permanentes a nivel nacional a partir del viernes para derrotar el supuesto fraude de las elecciones del 26 de noviembre, que dejan oficialmente con ligera ventaja al derechista presidente Juan Orlando Hernández.
«Nos declaramos listos para la movilización general y permanente en todas las regiones del país hasta derrotar definitivamente al régimen espurio y su bochornoso fraude», anunció el partido Libertad y Refundación (Libre), coordinado por el derrocado expresidente Manuel Zelaya.
Zelaya leyó la declaración en rueda de prensa junto al candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, el popular presentador de televisión Salvador Nasralla, de 64 años, quien agradeció el apoyo.
El expresidente añadió que las movilizaciones empiezan en carreteras de todo el país el próximo viernes, hasta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declare ganador a su candidato.
Libre y el Partido Innovación y Unidad (Pinu, social demócrata) integran la alianza opositora que pretende sacar del poder al presidente Hernández, de 49 años, del derechista Partido Nacional (PN).
– Protestas y represión –
Han pasado más de dos semanas desde la madrugada del 27 de noviembre, cuando el TSE dio en el primer informe de resultados con una ventaja de cinco puntos para Nasralla, con 57% de los votos escrutados.
Sorpresivamente el sistema de transmisión de los resultados se detuvo en forma intermitente los días siguientes y los resultados variaron, hasta que emergió como virtual ganador el presidente Hernández.
El TSE anunció este martes que un técnico argentino de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició junto a técnicos del tribunal una evaluación del sistema de cómputo, ante las críticas de la oposición.
Entre tanto, Nasralla anunció que entregó este martes a los observadores de la OEA y la Unión Europea supuestas pruebas del fraude que ha denunciado, incluyendo copias de 80% de las actas electorales que confirmarían su victoria en las urnas.
Marco Tinocok, profesor de sociología de la Universidad Nacional, estimó que «cada día que pasa sin que se declare al ganador aumenta el descrédito del Tribunal», atareado ahora en conocer impugnaciones presentadas por la alianza opositora y el tradicional Partido Liberal.
Protestas estallaron en las calles de las ciudades hondureñas contra el supuesto «robo», con bloqueos de carreteras y manifestaciones masivas, en medio de la represión que, según Amnistía Internacional, dejó 14 muertos.
Los observadores de la Unión Europea y OEA reconocieron en sendos informes las dudas que alienta el proceso y recomendaron al tribunal buscar la forma de hacerlo más transparente.
Igualmente, el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, llamó al gobierno de Hernández a garantizar el estado de derecho y respetar los derechos humanos.
El TSE hizo dos recuentos de votos de más de 5.000 urnas que ratificaron la ventaja de Hernández con 42,95% de los votos frente a 41,42% de Nasralla.
– Fraude monumental –
«¿Qué haremos? ¿Permitiremos el robo, seguiremos reclamando? Porque el fraude (es) monumental por todos lados», aseguró Nasralla el pasado lunes, al llamar a la UE, la OEA y Estados Unidos a reconocer que las elecciones fueron amañadas.
El presidente del TSE, David Matamoros, defiende que las elecciones fueron «transparentes».
Defensores del tribunal sostienen que los primeros resultados que dieron la ventaja a Nasralla fueron del área urbana pero la reversión estuvo en la zona rural, donde el presidente Hernández gozaría de mayores simpatías debido a sus programas asistenciales.
Lester Ramírez, investigador de la no gubernamental Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), comentó que Hernández está en un encrucijada: «va a tener que hacer uso de la fuerza» para acallar las protestas «o llegar a un acuerdo» con la oposición para gobernar.
La candidatura de Hernández es cuestionada también porque participó en las elecciones después de lograr que la justicia invalidara un artículo de la carta magna que prohíbe la reelección.
La Constitución, que no ha sido reformada, define la reelección como un delito «imprescriptible» por «traición a la patria».