Gonzalo Marroquín Godoy
Totonicapán es uno de los departamentos con mayor historia y tradición en el país. Su organización sociopolítica difiere también bastante del resto de departamentos y su mejor reflejo es el funcionamiento de las autoridades de los 48 cantones, conocidos como “principales”, con mayor relevancia y liderazgo que los que puedan alcanzar todos o algunos de los 8 alcaldes municipales, electos de la forma tradicional que conocemos.
Estos cantones vienen funcionando según la tradición oral desde el siglo XIX, y se integran con dos representantes de cada cantón y entre ellos se elige una Junta Directiva que es la que les representa por cuatro años a la organización, con funciones sociales y políticas, pues interactúan también frente a las autoridades municipales, departamentales y, cuando corresponde, a nivel nacional.
Son 48 en el departamento y se les reconoce como “principales”; autoridades se eligen con sus propias normas.
Uno de sus primeros líderes fue nada menos que Atanasio Tzul, caudillo k’iche’ que encabezó un levantamiento contra las autoridades locales españolas en 1820 e impuso por un breve período de tiempo una autoridad indígena.
En otros departamentos y municipios hay autoridades indígenas que funcionan paralelamente con las civiles, pero en ninguno de ellos se encuentra una estructura tan fuerte y bien integrada como la de Totonicapán.
En medio de la crisis política que brotó en agosto pasado –provocada por el presidente Jimmy Morales al intentar expulsar al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez–, surgió el contubernio dentro del Congreso para proteger al gobernante –no se le levantó la inmunidad– y, peor aún, intentar la aprobación de dos reformas al Código Penal para beneficiar a delincuentes, clase política, partidos políticos y sus dirigentes. A todo esto se le ha dado en llamar “Pacto de Corruptos”.
Esto desencadenó una serie de protestas y la exigencia de diversos sectores para que renunciaran los 112 diputados que participaron en este encubrimiento. Casi todos los sectores generalizaron sus demandas, pero las autoridades indígenas de Totonicapán lo hicieron de manera diferente, mucho más seria, enfocada y bien sustentada.
Las autoridades de los 48 cantones viajaron a Guatemala y pidieron, con absoluta solvencia y firmeza, que renunciaran los cuatro diputados que representan al departamento: Iván Arévalo Barrios (Reformador); Juan Armando Chún Chanchavac (UNE); Eugenio Moisés González (Creo) y Marcos Yax Guinea (FCN-Nación). Cabe destacar que su exigencia la presentaron primero verbalmente y luego la hicieron acompañar de 20.000 firmas, lo que supone un ejercicio democrático interesante y que sienta un precedente.
Ahora que se habla de tener diputados por distrito y elección nominal, esto muestra el nivel de empoderamiento que podría llegar a tener la población. Nuestra legislación no contempla que una solicitud de esta naturaleza tenga efectos legales, pero al menos les pone a los diputados una carga moral significativa, pues hacer caso omiso de la petición es no escuchar la voz del pueblo.
A los diputados que intentaron defender a los corruptos les cae bien –al menos– tener el castigo “social”, que se sientan rechazados por sus comunidades. No hay que olvidar que los parlamentarios dicen ser “representantes” del pueblo y, específicamente, de quienes les han dado la su voto. Es decir que los diputados distritales –como se les llama–, deben responder a lo que claman sus electores. ¡Los diputados de Totonicapán deben renunciar!.
Lo que si es más que seguro es que ninguno de ellos podrá optar a su reelección en las elecciones de 2019, al menos no por el departamento de Totonicapán. En otras partes puede ser que se olvide la actitud que han tenido aferrados a su curul, pero los totonicapenses no se les olvidará y si vuelven a ser candidatos recibirán un castigo.
Buen ejemplo han dado los 48 cantones de Totonicapán, que demuestran alto nivel cívico-político y firmeza. Bravo por ellos… se hace camino al andar.