Gonzalo Marroquín Godoy
Si no estoy mal, el 23 de abril de 1998 monseñor Juan Gerardi presentó, en compañía del Arzobispo metropolitano, Próspero Penados del Barrio, el informe titulado “Guatemala: Nunca más”, que fue la culminación del proyecto conocido como “Recuperación de la Memoria Histórica” o “Remhi”, como se le conocía por medio de la prensa.
Aquel informe documentó más de 55 mil casos de violaciones a los Derechos Humanos, de los cuales se responsabilizaba en 79.2 por ciento al Ejército, y el resto a las fuerzas de la URNG, la guerrilla izquierdista. En sus recomendaciones, se exponía que las víctimas sobrevivientes demandaban que ambos bandos reconocieran la responsabilidad que tenían en aquellas acciones atroces que cometieron durante el conflicto armado interno.
Casi 20 años después, vuelve a cobrar notoriedad un caso que nunca se aclaró del todo.
Si se hubiera pretendido callar a monseñor Gerardi, lo mejor hubiera sido que el crimen se cometiera antes. Por eso, muchos dudaron que el móvil de aquel asesinato que tanto golpeó a la iglesia católica como a la sociedad en general, fuera silenciar al Obispo.
Recuerdo muy bien que en Prensa Libre documentamos muy bien todo lo relacionado al crimen y lo que sucedió en los días siguientes. Era claro que uno de los obstáculos para la investigación es que se había tocado la escena del crimen, fundamental para obtener pistas e indicios suficientes para avanzar con el caso.
Para los periodistas de la fuente era evidente que se pretendía esconder algo… y sin duda así era.
Luego vinieron los libros escritos sobre este asesinato: “¿Quién mató al Obispo?” de Maité Rico y Bertrand de la Grange, –periodistas a quienes conocí bastante por mi paso por la agencia France Presse (AFP), en donde también trabajó un tiempo de la Grange–, el cual parecía escrito a la medida de la desinformación; “La mirilla del Jaguar”, de mi querida amiga Margarita Carrera –con una visión más humanista que investigativa–; “El arte del asesinato político”, de Francisco Goldman y; “La muerte en el vecindario de Dios”, de la periodista Julie López.
Ni la prensa ni los libros aportaron más que hechos aislados y muchas veces la confusión se hacía más grande por la capacidad de desinformar de la mano que estaba detrás de todo.
Finalmente se llevó a juicio a tres militares y a un sacerdote: Byron Lima Oliva, su padre Byron Lima Estrada, y Obdulio Villanueva. El primero y el tercero compañeros en el Estado Mayor Presidencial, al servicio de la seguridad del presidente Álvaro Arzú. El cuarto era el sacerdote Mario Orantes.
A los cuatro se les ubicó en la escena del crimen en diferentes momentos. Fueron condenados todos. Villanueva y Lima Oliva murieron asesinados en hechos separados mientras cumplían su condena, mientras que Lima Estrada y el padre Orantes salieron libres a mitad de su sentencia.
¿Crimen pasional?, ¿asesinato político?, ¿crimen de Estado?. Esas preguntas no llegaron a responderse durante el juicio.
Ahora, cuando muchos pensaban que Lima Oliva y Villanueva se habían llevado a la tumba su secreto mejor guardado, resulta la declaración de una colaboradora eficaz, la pareja sentimental de Lima Oliva, quien asegura que el militar llegó a la escena del crimen por orden expresa del presidente Arzú. Quien “tiene que ver con la muerte de Gerardi… pero es por el hijo”, según dijo sin entrar en más detalles.
La iglesia ha mantenido casi escondido a Orantes, quien se supone tuvo que pasar por un proceso eclesiástico del que nunca se ha hablado.
Vuelven a surgir las dudas y preguntas del primer día: ¿Por qué llegan elementos de la guardia presidencial a la escena del asesinato de un religioso? ¿A quiénes encontraron en el lugar? ¿Por qué se contaminó la escena del crimen?.
La sombra con esta declaración cae sobre Arzú y lo hace en un mal momento para él, porque enfrenta un proceso judicial, aunque por un tema diferente –por corrupción en el manejo de fondos de la municipalidad para pagar compras para su campaña electoral–. Esas sombras se pueden volver nubarrones oscuros… muy oscuros.