- La diligencia terminó sin capturas. Las investigaciones alcanzan documentación presupuestaria, mientras otras denuncias cuestionan contrataciones familiares, dietas, becas y recursos destinados a competencias e infraestructura.
Redacción Crónica
El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil allanaron este lunes 16 de noviembre las oficinas del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), en el Palacio de los Deportes, zona 5 capitalina, como parte de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y alteración de documentos relacionados con el presupuesto de 2022.
Según la información proporcionada por las autoridades, el procedimiento buscaba recabar indicios y ejecutar una orden de captura contra la secretaria administrativa del Comité Ejecutivo, Helen Jeanyra González Orellana. La diligencia concluyó sin detenciones. El expediente se originó en una denuncia de la asociación Deporte Limpio.
El allanamiento agrega un nuevo episodio a los cuestionamientos contra la dirigencia deportiva. Los expedientes judiciales, las auditorías y las fiscalizaciones parlamentarias abarcan asuntos distintos: no constituyen una sola investigación ni permiten dar por probada la responsabilidad penal de los señalados.
Documentos y recursos bajo investigación
La denuncia por documentación presupuestaria involucra señalamientos contra integrantes de la dirigencia del COG, encabezada por Gerardo Aguirre. Entre los posibles delitos investigados figuran falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y abuso de autoridad.
Por separado, el diputado José Chic, de VOS, presentó en septiembre una querella relacionada con el manejo de más de Q13 millones destinados a los Juegos Centroamericanos de 2025. El MP también confirmó en octubre la existencia de seis denuncias contra Aguirre, distribuidas en distintas fiscalías, sin revelar el contenido de los expedientes por encontrarse en investigación. Estas denuncias no deben sumarse como si todas correspondieran al mismo hecho.
Salarios, familiares y dietas
Uno de los principales focos de fiscalización es el costo de la estructura administrativa. La diputada Karina Paz denunció contrataciones de familiares de Aguirre y cuestionó pagos mensuales de Q30 mil a su hija María Alejandra Aguirre Letona y de Q23 mil 125 a Katherine Celeste Pérez Ayala, esposa de uno de sus hijos.
Paz también señaló contrataciones de familiares del gerente de la CDAG, Luis Madrid, entre ellas la de un asesor de Gerencia con remuneración de Q40 mil 725 mensuales. Son señalamientos de fiscalización que requieren examinar contratos, funciones y posibles incompatibilidades; el parentesco y el monto salarial, por sí solos, no acreditan un delito.
Las denuncias incluyen además dietas y becas del Conader para familiares de dirigentes. Prensa Libre informó que buscó la respuesta de Aguirre y Madrid sobre estos cuestionamientos, sin obtener contestación.
El gasto administrativo frente a las necesidades de los atletas
En una fiscalización divulgada por el propio Congreso, Paz sostuvo que la CDAG destinaba alrededor de Q13 millones mensuales a salarios y cuestionó otros Q5 millones asociados a dietas y viajes de integrantes del Comité Ejecutivo.
Las cifras fueron presentadas como señalamientos de la legisladora. Sin una comparación integral y homogénea del presupuesto ejecutado, no permiten afirmar qué proporción exacta se destina a capacitación de atletas. Sí plantean una exigencia de transparencia: explicar cuánto cuesta la dirigencia y qué resultados produce ese gasto para los deportistas.
El estadio también está bajo cuestionamiento
La remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, a cargo de la CDAG, constituye otro expediente relevante. La Contraloría General de Cuentas detectó anomalías en la licitación y ejecución del contrato adjudicado a Constructora Bremar y presentó una denuncia ante el MP en abril.
Las acciones alcanzaron a integrantes de la junta de licitación, autoridades administrativas y exmiembros del Comité Ejecutivo. La Contraloría también informó de auditorías financieras y de cumplimiento en ambas entidades deportivas y de una auditoría especial al COG por los Juegos Centroamericanos de 2025.
La intervención pendiente de discusión
En ese contexto se promueve la iniciativa 6690, Ley Temporal del Rescate Nacional del Deporte Federado Guatemalteco, que propone una comisión normalizadora para asumir temporalmente funciones de dirección de la CDAG.
La propuesta busca modificar la conducción institucional ante denuncias de opacidad y malos manejos. Su discusión legislativa es distinta de las investigaciones penales: intervenir una entidad no sustituye la obligación del MP de esclarecer delitos ni la de la Contraloría de fiscalizar los recursos públicos.
El allanamiento deja una pregunta que alcanza a fiscales, contralores y diputados: qué controles efectivos se aplicarán para que los recursos del deporte se traduzcan en preparación, instalaciones y oportunidades para los atletas.
