- Una audiencia prevista para el miércoles 4 de noviembre debe definir si la exvicepresidenta enfrenta debate por uno de los expedientes más extensos de corrupción en Guatemala.
- La investigación del MP y la CICIG describió una maquinaria que conectaba financiamiento electoral, contratos públicos y enriquecimiento privado.
Redacción Crónica
El expediente que vuelve a colocar a Roxana Baldetti frente a la posibilidad de otro juicio comenzó con una pregunta: ¿hasta dónde llegaba el entramado descubierto detrás de La Línea? Al seguir documentos, sociedades y movimientos bancarios, los investigadores encontraron indicios de una operación que desbordaba las aduanas y se extendía hacia el financiamiento del Partido Patriota y la contratación pública.
Diez años después de la presentación de Cooptación del Estado, la responsabilidad de la exvicepresidenta en esa trama sigue pendiente de resolverse. Para el miércoles 4 de noviembre, a las 9:00 horas, está programada una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se prevé discutir primero su situación de prisión preventiva y después iniciar la etapa intermedia, en la que debe decidirse si enfrenta juicio.
El Ministerio Público también solicita revocar el permiso que permite a Baldetti permanecer en su residencia por razones médicas. La Fiscalía sostiene que su condición ha mejorado y que puede continuar en prisión preventiva. La discusión sobre su salud y lugar de permanencia es distinta de la decisión sobre la acusación: ninguna de las dos supone, por sí misma, una condena por este expediente.
Una investigación que siguió el dinero
El caso fue presentado públicamente el 2 de junio de 2016. Su punto de partida fueron diligencias practicadas durante la investigación de La Línea, pero sus alcances resultaron diferentes: los investigadores reconstruyeron una red de sociedades que, según la CICIG, permitía recibir fondos, ocultar su procedencia y pagar bienes y servicios para los antiguos gobernantes.
La hipótesis situó los antecedentes del esquema después de la derrota electoral del Partido Patriota en 2007. La maquinaria habría servido para captar recursos destinados a la campaña de 2011 y continuado funcionando durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Baldetti, entre 2012 y 2015.
La CICIG sostuvo que los exmandatarios eran los creadores y beneficiarios de un conglomerado empresarial operado mediante terceras personas. El dinero habría cubierto desde tarjetas de crédito, viajes y servicios hasta inmuebles, vehículos y aeronaves. Para reconstruir las operaciones, los investigadores analizaron movimientos bancarios y recibieron casi un centenar de declaraciones de representantes legales, contadores, abogados y proveedores.
Qué se atribuye específicamente a Baldetti
En el comunicado sobre las imputaciones, fechado el 16 de junio de 2016, la CICIG describió dos momentos centrales de la presunta participación de Ingrid Roxana Baldetti Elías.
El primero correspondía a la campaña electoral: le atribuyó captar y administrar Q9.5 millones procedentes de un grupo de contratistas del Estado para el Partido Patriota.
El segundo se situaba en el ejercicio del gobierno. Según aquella exposición, entre enero de 2012 y abril de 2015, Baldetti y Pérez Molina habrían recibido conjuntamente Q290 millones en comisiones ilícitas vinculadas con 70 contratos en distintas instituciones públicas. La cifra era atribuida a ambos exgobernantes; no debe presentarse como un monto recibido exclusivamente por ella.
La investigación también le señaló crear y administrar sociedades ficticias para movilizar los recursos y aparentar que tenían una procedencia legítima, además de destinar sumas millonarias a gastos personales.
Es necesario distinguir las imputaciones formuladas inicialmente de las decisiones judiciales posteriores. El comunicado de la CICIG sobre el auto de procesamiento de 2016 consignó que Baldetti quedó ligada por cohecho pasivo y lavado de dinero. El primero se refiere a la recepción de beneficios indebidos desde una función pública; el segundo, a operaciones destinadas a ocultar o disfrazar el origen ilícito de recursos. La acusación que se discuta y las resoluciones del juzgado determinarán el alcance del eventual juicio.
De los contratos a los bienes privados
La documentación presentada por los investigadores buscaba explicar cómo los pagos de contratistas terminaban transformados en patrimonio y consumo de los gobernantes.
Al resolver el procesamiento de los implicados, el entonces juez Miguel Ángel Gálvez examinó declaraciones, informes financieros, registros de distribución de fondos y documentos de las sociedades utilizadas. Entre los bienes descritos figuraban tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles.
El señalamiento central era que las empresas de fachada permitían separar formalmente a los beneficiarios del dinero y de las compras. La investigación también describió pagos realizados por contratistas a cambio de adjudicaciones estatales. En julio de 2016 quedaron ligadas a proceso 53 personas, entre antiguos funcionarios, empresarios y operadores. Esa resolución permitía continuar investigando; no equivalía a declarar culpables a todos los señalados.
Quiénes más fueron procesados
El expediente alcanzó a integrantes de distintas áreas del gobierno. En el listado histórico de personas ligadas a proceso aparecen el exministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla; los exministros de Defensa Ulises Noé Anzueto Girón y Manuel Augusto López Ambrosio; y el expresidente del IGSS Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López.
También figuraron el exdirector del Renap Rudy Leonel Gallardo Rosales, la exdirectora del Registro de Información Catastral Emilia Guadalupe Ayuso de León y el exministro de Cultura y Deportes Dwight Antony Pezzarossi García. Los delitos atribuidos variaban según la actuación investigada: asociación ilícita, lavado de dinero y modalidades de cohecho, entre otros. Se trata de su situación documentada en aquella fase del caso, no de una afirmación de que todos mantienen hoy el mismo estado procesal.
LEE ADEMAS:
En el círculo cercano de Baldetti, la investigación identificó a su exsecretaria Judith del Rosario Ruiz Lau, a quien atribuyó captar recursos y reclutar personas que figuraban como representantes de sociedades; y a su exasistente y exdiputada Daniela Beltranena Campbell, señalada de administrar fondos y realizar pagos relacionados con bienes y aeronaves. Eran atribuciones de la investigación que debían ser examinadas judicialmente.
El capítulo bancario y las primeras condenas
Una de las derivaciones llegó a sentencia en abril de 2023. El exgerente bancario Juan Abner Fonseca Galicia aceptó cargos y reconoció haber gestionado dos sobregiros por un total de Q10 millones a favor de Baldetti, transferidos a empresas utilizadas como fachada, según lo expuesto durante la audiencia.
Fonseca declaró que actuó por instrucciones superiores y describió la intervención de Juan Carlos Monzón, antiguo secretario privado de la Vicepresidencia, en las gestiones. La jueza Eva Recinos modificó el delito atribuido y lo condenó por encubrimiento propio a seis meses de prisión conmutables, además de imponer obligaciones económicas. Esa sentencia resolvió su responsabilidad individual; no sustituyó el proceso pendiente contra Baldetti.
Pérez Molina también optó por aceptar cargos. El 6 de septiembre de 2023 fue condenado a ocho años de prisión conmutables por fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero dentro de Cooptación del Estado. Con ello, el expediente dejó de ser únicamente una acusación contra el antiguo mandatario: hubo reconocimiento de responsabilidad y sentencia.
Su situación tuvo una modificación posterior. El 24 de junio de 2025, el juez Eduardo Orozco revocó parcialmente los beneficios de reducción de pena por el incumplimiento de la reparación digna. Fijó cuatro años por fraude y cinco por cohecho pasivo, ambos conmutables, y una multa de Q500 mil. La decisión se relacionó con el impago de Q4 millones destinados a la PGN y a la Empresa Portuaria Quetzal; no fue una condena por hechos nuevos.
Lo que debe resolverse ahora
Baldetti intentó en tres ocasiones acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, pero no compareció a las audiencias correspondientes. Aunque se ha informado de la posibilidad de que vuelva a solicitar esa vía, no existe una aceptación consumada que permita presentar su responsabilidad en Cooptación del Estado como resuelta.
Si la etapa intermedia se desarrolla, el juzgado deberá escuchar la acusación y los argumentos de las partes para decidir si corresponde abrir juicio. La audiencia del 4 de noviembre todavía puede estar sujeta a incidencias procesales; no debe anunciarse como una sentencia anticipada ni como el comienzo asegurado del debate.
El expediente vuelve así sobre una de las preguntas más importantes de aquella investigación: cómo una red que buscaba financiar una campaña habría utilizado después el poder público para multiplicar beneficios privados. Diez años después, las resoluciones ya dictadas contra otros implicados contrastan con la decisión que sigue pendiente para la exvicepresidenta.