- Las dudas sobre las capturas y la posible implantación de un arma agravan la crisis abierta por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar.
- Siete policías están bajo investigación, mientras la OEA se suma al reclamo de una pesquisa independiente y justicia para ambas víctimas.
Redacción Crónica
La captura y posterior liberación de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz convirtió la respuesta policial al asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa en otro caso que las autoridades deben esclarecer. A la exigencia de identificar a quienes ejecutaron y ordenaron el doble crimen se suma una pregunta que compromete al Ministerio de Gobernación: ¿cómo terminaron señalados dos hombres para quienes el propio Ministerio Público solicitó falta de mérito?
El resultado coloca al ministro Marco Antonio Villeda y al gobierno de Bernardo Arévalo ante una doble exigencia de rendición de cuentas: demostrar capacidad para esclarecer un asesinato de alto impacto y explicar la actuación de los agentes que realizaron las primeras capturas. La sospecha de que policías pudieron colocar un arma a los detenidos plantea una pregunta crítica: ¿Qué trataban de ocultar y a quién protegían?
El arma está registrada, pero el nombre de su propietario sigue sin conocerse
El arma presentada por la Policía Nacional Civil como incautada durante la captura de los hermanos Choc Toz está registrada «a nombre de un particular» y no tiene reporte de robo. Así lo confirmó el subdirector de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto, durante una citación con diputados el miércoles 21 de octubre. Sin embargo, la información divulgada no incluyó la identidad del propietario, por lo que persiste la incertidumbre sobre la procedencia del fusil y cómo llegó al procedimiento policial.
Jacinto indicó que corresponde al Ministerio Público profundizar en la investigación sobre el dueño del arma. Que esté registrada y carezca de denuncia de robo no demuestra quién la portaba al momento de las capturas ni esclarece la denuncia de que pudo haber sido colocada a los hermanos, quienes quedaron libres por falta de mérito. Tampoco permite establecer, por sí solo, una vinculación con el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
La nueva información deja preguntas concretas pendientes: quién es el propietario registrado, cómo salió el arma de su poder y quién la tuvo antes de que fuera presentada como evidencia contra los detenidos. Identificar y reconstruir ese recorrido será fundamental para determinar si existió manipulación de indicios. Mientras esas respuestas no se hagan públicas, la confirmación del registro aporta un dato verificable, pero mantiene abierto uno de los puntos más cuestionados de la actuación policial.
De sospechosos a una detención bajo investigación
Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, fueron detenidos el sábado 17 de octubre, después del ataque en el complejo deportivo Campo Marte, zona 5 capitalina. Al día siguiente, a solicitud del MP, un juzgado dictó falta de mérito y ordenó su libertad. Gobernación manifestó que respetaba la decisión y sostuvo que las capturas no equivalían a una declaración de culpabilidad.
La versión de los hermanos cuestionó desde el comienzo el procedimiento. Rigoberto relató que esa mañana habían acudido a una agencia bancaria y después se desplazaban en motocicleta para iniciar su jornada como repartidor; Daniel lo acompañaba para aprender el trabajo. Familiares y compañeros se movilizaron frente a los tribunales para respaldarlos y exigir justicia.
El señalamiento más delicado surgió cuando fuentes judiciales consultadas indicaron que el arma presentada como indicio contra los hermanos habría sido implantada. Corresponde ahora establecer su procedencia, quién la manipuló y si existió una actuación delictiva durante la detención.
Villeda promete sanciones
El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, informó que seis agentes y un jefe de comisaría están bajo investigación de la Inspectoría General y del MP. También reconoció que la posibilidad de que el arma hubiera sido colocada a los hermanos forma parte de las pesquisas.
Villeda aseguró que habrá destituciones si se comprueban ilegalidades. “Claro que van a rodar cabezas”, declaró al referirse al procedimiento. Gobernación informó, además, que ordenó una investigación rigurosa de los agentes captores y que aplicará medidas severas si encuentra irregularidades.
El problema trasciende las eventuales sanciones administrativas. Si se confirma una fabricación de indicios, será necesario determinar las responsabilidades penales y establecer si la actuación respondió a una decisión individual o involucró a otros mandos. El esclarecimiento de esa captura es indispensable para recuperar la credibilidad de la investigación principal.
Qué se sabe del doble asesinato
Solórzano Foppa, abogado, exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, fue asesinado el sábado 17 de octubre en Campo Marte. En el ataque también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, quien se supone es un víctima colateral. Las autoridades informaron inicialmente sobre la posible participación de cuatro personas y el análisis de videos, pruebas balísticas y declaraciones de testigos.
ASI INFORMÓ LA PNC SOBRE LAS CAPTURAS:
Otra cuestión pendiente es la protección del abogado. Boteo confirmó que tenía cuatro policías asignados, organizados en dos grupos de dos. Su actuación está siendo investigada por el MP.
El criminólogo y exsubdirector de la PNC Stu Velasco advirtió que las capturas cuestionadas pudieron hacer perder horas decisivas para seguir a los responsables. También pidió esclarecer si hubo una confusión o una intención de desviar la investigación, y consideró imprudente atribuir al crimen un propósito de desestabilización del Gobierno sin evidencia suficiente.
El clamor de justicia alcanza a la OEA
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala condenó el doble asesinato en un comunicado del 20 de octubre. Reconoció la trayectoria de Solórzano Foppa en la justicia y la lucha contra la corrupción, y solicitó una investigación “pronta, exhaustiva e independiente”, con respeto al debido proceso.
La misión vinculó una respuesta institucional efectiva con la lucha contra la impunidad y la recuperación de la confianza ciudadana. Asimismo, pidió garantizar la seguridad de quienes participan en la vida pública y contribuyen al Estado de derecho, para que puedan desarrollar sus actividades sin amenazas ni violencia.
El reclamo internacional incluye a 19 organizaciones de América y Europa, entre ellas Amnistía Internacional, CEJIL, Impunity Watch y WOLA. En un pronunciamiento conjunto exigieron una investigación imparcial y advirtieron que la falta de información de las autoridades alimenta la incertidumbre y la desinformación.
En Guatemala, la familia pidió una investigación «objetiva, exhaustiva y transparente». La Asociación de Periodistas de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios también demandaron identificar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales; la APG declaró tres días de duelo.
La exigencia para el Gobierno
Arévalo condenó el asesinato y reclamó que la ley alcance tanto a sus ejecutores como a quienes lo ordenaron. Pero las dudas sobre la primera respuesta policial añaden una exigencia concreta a ese compromiso: explicar por qué fueron detenidos los hermanos Choc y determinar si hubo fabricación de pruebas.
Gobernación debe responder por la actuación de la PNC, mientras el Ministerio Público tiene la responsabilidad de conducir la investigación penal. Ambos procesos tendrán que producir resultados verificables: esclarecer el doble asesinato y establecer qué ocurrió con los hermanos Choc. La justicia que reclaman las familias de las víctimas exige que ninguna de esas preguntas quede sin respuesta.