- La justicia revocó el archivo de una denuncia presentada por la PGN y ordenó continuar las pesquisas. El expediente aborda hechos del conflicto armado que despertaron la preocupación de expertos de Naciones Unidas.
Redacción Crónica
La investigación por adopciones presuntamente ilegales que podría involucrar a la exfiscal general Consuelo Porras continuará. En la audiencia del lunes 12 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas declaró con lugar la oposición presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y revocó la resolución del 13 de mayo de 2026 que había dispuesto archivar su denuncia.
Lucrecia Prera, jefa de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, confirmó que la Fiscalía contra la Trata de Personas deberá continuar las diligencias. Destacó que “ya esta denuncia tiene control jurisdiccional”, por lo que el expediente estará bajo supervisión del juzgado.
La resolución cambia el rumbo de una denuncia cuya desestimación había promovido la fiscal Leonor Morales Laso, cercana a Porras, cuando dirigía la Fiscalía contra Operadores de Justicia. La PGN aclaró que su denuncia no individualiza responsables: corresponderá al MP identificarlos. La institución también informó que solicitó intervenir como querellante adhesivo para colaborar y proponer diligencias.
El alcance de lo resuelto es la reactivación de las pesquisas. La información publicada sobre la audiencia no anuncia un procesamiento penal de Porras ni una orden de captura en su contra.
El pasado que debe esclarecerse
El expediente remite a uno de los capítulos más sensibles del conflicto armado: niños separados de sus familias, institucionalizados y posteriormente entregados en adopción, en ocasiones con cambios en su identidad.
En una comunicación del 16 de febrero de 2026, seis mecanismos de expertos de Naciones Unidas trasladaron al Gobierno información sobre al menos 80 posibles adopciones ilegales relacionadas con el Hogar Temporal Elisa Martínez. Según los reportes recibidos, los menores ingresaron entre 1972 y 1981 y sus procesos adoptivos finalizaron entre 1982 y 1986. Algunos habrían sido capturados y sometidos a desaparición forzada por fuerzas estatales.
Los expertos describieron posibles alteraciones de documentos y registros que presentaban a menores como hijos de padres desconocidos, aunque existían antecedentes sobre sus familias. Solicitaron una investigación independiente y exhaustiva, protección frente a interferencias y medidas de reparación. Su comunicación recoge denuncias que deben esclarecerse; no constituye una sentencia judicial.
La posible vinculación de Porras corresponde a un período específico: habría ejercido como tutora legal de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982. Una investigación periodística de El Faro reportó documentos que la relacionarían con al menos ocho adopciones cuestionadas de ese año.
Las investigaciones y la respuesta de Porras
La exfiscal ha rechazado los señalamientos, calificándolos como “acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas”, y anunció que solicitaría una revisión y aclaración de la información difundida por los expertos.
El 25 de septiembre, el fiscal general Gabriel García Luna confirmó que varias denuncias contra su antecesora estaban bajo investigación y que el caso de adopciones contaba con un fiscal especial. No identificó al funcionario ni detalló avances, posibles citaciones o plazos. También mencionó señalamientos por presunta persecución penal selectiva contra exoperadores de justicia y periodistas.
La decisión de este lunes abre nuevamente la vía de investigación judicial de la denuncia de la PGN. Para las familias afectadas, el esclarecimiento implica más que determinar responsabilidades: también supone recuperar identidades, conocer el destino de los niños separados de sus hogares y acceder a la verdad y la reparación, derechos cuya protección reclamaron los expertos de Naciones Unidas.