- La PGN se opone a que se cierre el expediente sobre menores presuntamente desaparecidos y entregados en adopción durante el conflicto armado.
- La diligencia está prevista para las 13:30 horas; no hay confirmación pública de que la exfiscal esté citada personalmente.
Redacción Crónica
El caso de las presuntas adopciones ilegales que vincula a María Consuelo Porras Argueta llega este lunes 12 de octubre a una audiencia decisiva para su continuidad. El Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas deberá conocer la oposición de la Procuraduría General de la Nación (PGN) a la desestimación de la denuncia.
La diligencia está programada para las 13:30 horas, según confirmó Lucrecia Prera, titular de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia.
Lo que se discutirá es si corresponde cerrar la denuncia o permitir que continúen las investigaciones y se individualicen posibles responsabilidades. No se ha anunciado una audiencia de primera declaración de Porras ni existe, en la información pública consultada esta mañana, confirmación de una citación personal. Por ello, no puede darse por hecho que la exfiscal llegará al tribunal o que hoy será ligada a proceso.
La distinción es fundamental: una audiencia para resolver una oposición a la desestimación no determina culpabilidad. Su importancia radica en que puede remover un obstáculo que ha impedido profundizar en hechos ocurridos hace más de cuatro décadas.
El caso denunciado internacionalmente
El antecedente internacional se remonta al 16 de febrero de 2026, cuando expertos independientes de Naciones Unidas expresaron preocupación por información sobre al menos 80 niños y niñas indígenas presuntamente sometidos a adopciones internacionales ilegales, después de haber sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez. Los señalamientos abarcan hechos ocurridos entre 1968 y 1996, durante el conflicto armado interno.
El papel atribuido a Porras es más específico que ese período histórico: los expertos pidieron esclarecer su actuación como responsable del hogar y tutora legal de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982. La relatora sobre independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, difundió el pronunciamiento y reclamó una investigación independiente. Eso no equivale a atribuirle personalmente todas las adopciones señaladas ni constituye una resolución judicial contra ella.
La preocupación de los expertos comprende posibles desapariciones forzadas, separación de las familias y pérdida de identidad. Recordaron que las adopciones ilegales pueden involucrar falsificación documental, declaraciones fraudulentas de adoptabilidad, ausencia de consentimiento libre de los progenitores y beneficios indebidos para intermediarios. El reclamo incluye esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar verdad y reparación a las víctimas y sus familias.
Posteriormente, una investigación de El Faro reportó documentos que vincularían a Porras con al menos ocho procesos de adopción cuestionados de 1982. La exfiscal rechazó los señalamientos y los calificó como acusaciones falsas e instrumentalizadas políticamente. La autenticidad, el alcance y las consecuencias jurídicas de los documentos deben establecerse dentro de la investigación.
El expediente también tiene una controversia sobre su tratamiento dentro del MP. En junio, Prera informó que las dos denuncias presentadas por la PGN habían sido objeto de desestimación promovida por el auxiliar fiscal José Raúl Menéndez Rivera, con firma de Leonor Morales Lazo. La procuradora explicó que las denuncias institucionales se presentaron de manera general, sin señalar directamente a Porras, y cuestionó que la respuesta fiscal la mencionara al justificar el cierre.
Esa diferencia explica la oposición que se conocerá hoy: la PGN pretende que se investiguen los hechos y que las responsabilidades se determinen mediante diligencias, en lugar de cerrar anticipadamente la denuncia. El expediente fue trasladado a la Fiscalía contra la Trata de Personas. En septiembre, el fiscal general Gabriel Estuardo García Luna confirmó que la investigación cuenta con un fiscal especial, aunque no identificó públicamente al funcionario ni detalló sus avances.
Si el juzgado permite continuar, el siguiente trabajo será reunir y contrastar expedientes de adopción, registros de ingreso al hogar, documentos de tutela, identidades originales, testimonios y antecedentes familiares. También deberá establecerse qué personas intervinieron y qué legislación resulta aplicable a cada conducta. Cualquier eventual citación, imputación o medida de coerción requerirá una actuación posterior sustentada en evidencia; la audiencia de hoy no sustituye esas etapas.