- La matanza de ocho personas en Zacapa y la suspensión del nombramiento de Jonathan Menkos en el Banco de Guatemala golpearon al presidente en dos frentes.
- En uno, la versión militar cedió ante videos y testimonios; en el otro, la Corte de Constitucionalidad rechazó provisionalmente la interpretación jurídica defendida por el Ejecutivo.
Análisis Crónica
Bernardo Arévalo cerró la semana del 5 al 10 de octubre con dos crisis que afectan la credibilidad de su administración. En la matanza de Huité, el Gobierno terminó reconociendo que militares dispararon durante los hechos del 27 de septiembre, después de explicaciones iniciales que negaban una incursión del Ejército. En el Banco de Guatemala, el nombramiento de Jonathan Menkos, su compañero de partido y exministro de Finanzas, quedó suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC), pese a la defensa jurídica del presidente.
Los casos tienen gravedad y naturaleza distintas. Huité exige esclarecer ocho muertes –tres de ellas de mujeres y un menor– y determinar posibles responsabilidades penales. Menkos plantea una controversia sobre incompatibilidades por no haber renunciado como diputado. Pero ambos revelan un problema político común: el Ejecutivo sostuvo explicaciones que después tuvo que revisar o someter a decisiones externas. Arévalo pasó de defender su actuación a explicar cómo respondería a sus consecuencias
La crisis más grave está en Huité. Casi dos semanas después de la matanza, el Gobierno ha reconocido presencia militar y uso de armas, pero todavía no ha explicado públicamente quién causó las muertes. Los señalamientos de vecinos, los videos del despliegue y la admisión de disparos obligan a investigar la actuación castrense. No demuestran, por sí solos, que los soldados hayan disparado las balas que mataron a las víctimas; esa relación debe establecerse mediante evidencia y peritajes, pero hay muchas dudas en el ambiente, pues durante varios días, la escena del crimen estuvo sin resguardo y todo pudo ser manipulado.
La secuencia de las versiones oficiales explica buena parte del desgaste. El 28 de septiembre, la portavoz militar, Nathalia Mollinedo, negó una incursión del Ejército y atribuyó la violencia a una disputa del crimen organizado. También rechazó que los uniformes y equipos señalados correspondieran a la institución. Después circularon imágenes de vehículos J8 y camiones con soldados, y Defensa reconoció que pertenecían a la Segunda Brigada de Infantería. Su explicación entonces fue que las tropas permanecieron en los accesos y evitaron ingresar al enfrentamiento.
El 30 de septiembre, Arévalo admitió la participación de elementos y unidades militares, aunque dejó su alcance sujeto a una investigación interna. La sucesión de negativas, reconocimientos parciales y aclaraciones permite una lectura política: la información pública avanzó a medida que los testimonios y las imágenes hicieron insostenible la explicación inicial. Determinar si hubo ocultamiento deliberado requiere investigar; el deterioro de la confianza, en cambio, ya se produjo.
El jueves 8 de octubre llegó otra admisión. El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, dijo que los soldados efectuaron “disparos disuasivos controlados de advertencia” después de escuchar detonaciones sin identificar una amenaza ni conocer su origen. Sostuvo que el despliegue buscaba instalar puestos de registro y control y que las tropas decidieron no entrar al enfrentamiento para evitar una escalada. El informe incluye a 107 militares de distintas jerarquías, puestos a disposición de la Fiscalía.
La descripción militar deja preguntas esenciales. ¿Dónde estaban los soldados cuando dispararon? ¿Hacia dónde dirigieron sus armas? ¿Quién autorizó su actuación? ¿Qué relación tienen esos disparos con las cuatro escenas del crimen? La palabra advertencia explica el propósito alegado por Defensa, pero no establece los efectos del uso de las armas. El MP envió al Inacif los indicios balísticos para determinar qué armamento fue utilizado.
Arévalo respondió con el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general José Giovani Martínez Milián, y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería. Moisés Alexander López López asumió la Jefatura del Estado Mayor, mientras Martínez Milián pasó a otro puesto del servicio. Son medidas administrativas para facilitar las averiguaciones, según el presidente; no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.
La dimensión penal tampoco queda limitada a la tropa. El MP confirmó una denuncia del coronel Miguel Estuardo Barrios Martínez contra Sáenz por los ataques. La existencia de esa denuncia no acredita los hechos que señala, pero añade presión sobre la conducción de Defensa. Para Arévalo, Huité se convierte así en una brasa que los cambios de mando no apagan: su Gobierno debe facilitar una investigación independiente y responder por la calidad de la información que entregó a la ciudadanía.
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El segundo golpe llegó desde la CC. Menkos había asumido la Presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria el 1 de octubre para el período 2026-2030. El Ejecutivo sostuvo que la autorización concedida por el Congreso en 2024, cuando pasó a Finanzas, continuaba siendo válida porque no había regresado a su curul. El argumento presidencial defendía la continuidad de su ausencia parlamentaria como fundamento para ejercer el nuevo cargo.
El 8 de octubre, la Corte rechazó provisionalmente esa interpretación: la licencia no extinguió su calidad de diputado, condición que consideró incompatible con la Presidencia del banco central. Suspendió el nombramiento, el ejercicio del cargo y las actuaciones realizadas desde su toma de posesión. El fallo no es una sentencia definitiva del amparo, pero sus efectos inmediatos desautorizaron la ruta escogida por el presidente.
El costo político excede la situación personal de Menkos. Una administración que reclama respeto a la legalidad debe extremar la revisión jurídica de sus propias decisiones, especialmente cuando involucran a un colaborador cercano y a una institución cuya autonomía es central para la estabilidad económica. La defensa insistente del nombramiento elevó el costo de la corrección: cuanto mayor fue la seguridad expresada por el Ejecutivo, más difícil resultó presentar la suspensión como un simple desacuerdo técnico.
En la conferencia del jueves, Arévalo evitó anticipar si volvería a nombrar a Menkos después de una eventual renuncia al Congreso y argumentó que aún no había recibido la notificación. También aseguró desconocer los cambios gerenciales realizados durante su breve gestión. El viernes, Presidencia informó que acataría la resolución y que su equipo jurídico analizaba los alcances para decidir cómo proceder. Alfredo Blanco debe ejercer interinamente la conducción del Banguat y de la Junta Monetaria.
La controversia sumó tres denuncias ante el MP relacionadas con la actuación de Menkos: una del diputado Allan Rodríguez y dos de la contadora y auditora Yulma Hazugey López España, por presuntos abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Son señalamientos pendientes de investigación, no delitos establecidos. Tampoco está confirmado que una renuncia a la curul y una nueva designación resuelvan automáticamente todos los cuestionamientos.
La semana deja al presidente ante dos obligaciones concretas. En Huité, garantizar que se investigue a quienes corresponda, sin convertir la versión del Ejército en conclusión anticipada. En el Banguat, corregir su actuación conforme al fallo y explicar cómo se produjo una designación con semejante vulnerabilidad jurídica. Su capacidad para recuperar credibilidad dependerá ahora de la claridad de esas respuestas y de decisiones que resistan la verificación pública.