- El informe de IDEA sobre el estado de la democracia en el mundo, destaca puntualmente la situación de Guatemala en materia democrática y su funcionamiento institucional.
Redacción Crónica
El informe «El estado global de la democracia 2026», de IDEA Internacional, identifica cinco indicadores positivos para Guatemala entre 2020 y 2025. El progreso más relevante aparece en independencia judicial, aunque el país ocupa posiciones bajas en derechos fundamentales y participación ciudadana.
Guatemala figura entre los países de América que mostraron algunos avances democráticos durante los últimos cinco años, especialmente en materia de Estado de derecho e independencia judicial. Sin embargo, esa recuperación todavía no logra modificar las debilidades estructurales del país, que continúa ubicado en posiciones rezagadas en derechos y participación ciudadana.
Esa es una de las principales conclusiones que se desprenden del informe El estado global de la democracia 2026: Democracia en una era de conflicto, elaborado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral —IDEA Internacional—.
El estudio analiza la evolución democrática de 174 países mediante 155 indicadores procedentes de 23 fuentes. Sus datos cuantitativos llegan hasta diciembre de 2025, aunque incorpora acontecimientos relevantes ocurridos hasta junio de 2026.
Cinco avances en cinco años
En su análisis regional, IDEA Internacional señala que Brasil presentó la mayor cantidad de mejoras democráticas en América durante el período 2020-2025, con ocho. Guatemala y Honduras aparecen inmediatamente después, con cinco avances cada uno.
El informe no detalla en el apartado dedicado a América cuáles son los cinco indicadores específicos que mejoraron en Guatemala ni atribuye directamente los resultados a decisiones de un gobierno determinado. Por ello, el dato debe interpretarse como una evolución estadística acumulada durante cinco años y no como una calificación exclusiva de la administración actual.
Dos de esos movimientos positivos sí aparecen identificados claramente: el progreso en la categoría general de Estado de derecho y la mejora en el factor de independencia judicial.
Guatemala forma parte de un reducido grupo de ocho países del mundo que mostraron una mejoría estadísticamente significativa en independencia judicial. En América, el informe menciona únicamente a Brasil, Guatemala y Honduras dentro de ese grupo.
El dato resulta particularmente relevante por haberse producido durante un período marcado por fuertes confrontaciones alrededor del sistema de justicia, la elección de magistrados, la actuación del Ministerio Público y la criminalización de jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos.
No obstante, el informe mide tendencias a partir de numerosas fuentes nacionales e internacionales y no significa que considere superados esos problemas. Una mejora respecto de la situación existente en 2020 tampoco equivale necesariamente a que Guatemala tenga actualmente una justicia plenamente independiente.
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Mejor posición en Estado de derecho
En la categoría de Estado de derecho, Guatemala obtuvo una puntuación de 0.469 sobre 1 y quedó en el puesto 82 de la clasificación mundial, seis posiciones mejor que el año anterior.
El país aparece muy cerca de Panamá, situado en el puesto 79; República Dominicana, en el 83, y Colombia, en el 84.
La categoría no evalúa únicamente la independencia de los jueces. También considera la ausencia de corrupción, la aplicación previsible de las leyes y la integridad y seguridad de las personas.
IDEA Internacional coloca a Guatemala entre los países de desempeño intermedio que avanzaron en Estado de derecho, junto con Brasil, Honduras y Surinam. En el resto del mundo, las mejoras fueron escasas, lo que vuelve significativo el movimiento guatemalteco, aunque su puntuación todavía se encuentra por debajo de la mitad de la escala.
Los derechos, la mayor debilidad
El resultado más preocupante para Guatemala aparece en la categoría de derechos. El país alcanzó una calificación de apenas 0.363 y ocupa el puesto 123, aunque subió cinco lugares respecto del año anterior.
Este apartado comprende libertades civiles, libertad de expresión y de prensa, libertad de asociación y reunión, acceso a la justicia, bienestar básico e igualdad política, económica, social y de género.
La posición 123 coloca a Guatemala en el segmento inferior de la clasificación internacional y evidencia que los avances reconocidos por el informe no han producido todavía una transformación profunda en las condiciones para el ejercicio de los derechos.
El bajo resultado también debe observarse dentro del contexto mundial descrito por IDEA Internacional. La libertad de expresión fue el indicador que sufrió el deterioro más extendido durante 2025, con retrocesos en 42 países. Le siguieron la libertad de prensa y el acceso a la justicia.
Participación ciudadana continúa rezagada
Guatemala tampoco obtiene un buen resultado en participación, categoría en la que ocupa el puesto 118, con una puntuación de 0.453. Aunque avanzó siete posiciones en un año, permanece entre los países con menores niveles de participación democrática.
Este indicador analiza la intervención electoral, el compromiso cívico y la fortaleza de la sociedad civil. El país aparece por encima de El Salvador, ubicado en la posición 123, pero continúa muy alejado de las democracias con una ciudadanía más activa y con mayores espacios de incidencia.
La debilidad de la participación constituye una advertencia importante: la democracia no depende únicamente de la celebración periódica de elecciones, sino también de la capacidad de los ciudadanos para organizarse, expresarse e influir en las decisiones públicas sin amenazas, persecución o restricciones indebidas.
Una representación de nivel intermedio
El mejor resultado general de Guatemala se registra en representación política. El país obtuvo 0.610 puntos y ocupa el puesto 69, con una mejora de una posición respecto del año anterior.
La categoría comprende la credibilidad de las elecciones, la existencia de un gobierno electo, la libertad de los partidos políticos, la efectividad del Congreso, el sufragio inclusivo y el funcionamiento de la democracia local.
Aunque Guatemala aparece en un nivel intermedio, la clasificación demuestra que la existencia de instituciones electorales y representativas no se traduce automáticamente en una protección adecuada de los derechos ni en una participación ciudadana vigorosa.