- Después de varios días sin aparecer en ruedas de prensa, el presidente presentó un mensaje grabado en el que el mandatario reconoce el malestar por el precio de los combustibles, promete liberar las carreteras y lanza señalamientos.
Redacción Crónica
El presidente Bernardo Arévalo dirigió la noche del domingo un mensaje a la nación para abordar finalmente la crisis provocada por el alza de los combustibles y los bloqueos que afectaron durante la semana pasada distintas carreteras del país.
La intervención, grabada en el Palacio Nacional de la Cultura y difundida por canales oficiales y redes sociales, se produjo después de varios días en los que el mandatario no encabezó las conferencias convocadas por su gobierno para informar sobre las protestas, el abastecimiento de combustibles y las operaciones para liberar las rutas.
No se trató de un silencio absoluto. Arévalo había advertido el viernes acerca de posibles esfuerzos organizados para ampliar el descontento y generar ingobernabilidad. Sin embargo, hasta el mensaje del domingo no había asumido directamente ante la población la conducción política de una crisis que ya había provocado enfrentamientos, personas heridas, capturas, vehículos incendiados y problemas de abastecimiento.
“Les hablo hoy de un tema que golpea todos los días el bolsillo de las familias: el precio de los combustibles”, comenzó el gobernante. Atribuyó el encarecimiento a la crisis energética internacional y al conflicto en Oriente Medio, pero reconoció que la inconformidad de los guatemaltecos tiene fundamentos: “Ese malestar es real, pueblo de Guatemala”.
Defiende el subsidio aprobado por el Congreso
Arévalo defendió la iniciativa enviada por el Ejecutivo y aprobada de urgencia nacional por el Congreso como Decreto 21-2026. La normativa crea un fondo de hasta Q2 mil 500 millones para fijar precios de referencia de Q39 por galón de gasolina regular y diésel, y de Q41 para la gasolina superior.
El Congreso aprobó el decreto la noche del martes 8 de septiembre, con 130 votos, después de una jornada marcada por la presión social. Ese día llegaron a la capital representantes de los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades indígenas de Sololá, mientras organizaciones del transporte pesado y extraurbano mantenían distintas medidas de protesta.
El mandatario sostuvo que la ley permitirá estabilizar temporalmente los precios y anunció que su gobierno trabajará con el Legislativo en medidas complementarias, entre ellas un mecanismo de compensación. También expresó que el decreto necesita entrar en vigor con urgencia y aseguró que el Ejecutivo está preparado para aplicarlo.
Sin identificarlo, acusó a un diputado de haber obstaculizado el trámite posterior a la aprobación. El señalamiento deja una pregunta pendiente: si el Gobierno conoce quién retrasó el envío del decreto y de qué manera lo hizo, deberá explicarlo públicamente y establecer si se trató de una maniobra política o del uso de un procedimiento permitido por la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
Mientras no sea sancionado, publicado y reglamentado, el subsidio todavía no puede reflejarse en las estaciones de servicio. La aprobación legislativa, por sí sola, no significa que los consumidores ya puedan comprar los combustibles a los precios anunciados.
Graves acusaciones detrás de los bloqueos
El tramo más fuerte del mensaje llegó cuando Arévalo afirmó que actores políticos y estructuras criminales aprovecharon el malestar ciudadano para provocar desorden.
El presidente aseguró que en Río Hondo, Zacapa, políticos locales se habrían aliado con personas vinculadas al narcotráfico para pagar a participantes en los bloqueos. También señaló que en Cuyotenango, Suchitepéquez, y Villa Nueva intervinieron operadores políticos, pandilleros y miembros del crimen organizado.
“Los intereses electorales espurios de unos y los intereses criminales de los otros convergen”, afirmó el mandatario al sostener que esas estructuras buscaban desestabilizar al país.
Los señalamientos son particularmente graves porque ya no describen únicamente protestas espontáneas por el precio del combustible: plantean la existencia de una operación financiada para alterar el orden público. Arévalo anunció que las instituciones de seguridad investigan lo sucedido y que las denuncias correspondientes serán presentadas ante el Ministerio Público.
Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno no ha mostrado públicamente las pruebas, no ha identificado a los políticos señalados ni ha explicado quién habría entregado el dinero, cuánto se pagó o qué estructuras del narcotráfico y las pandillas participaron. Por ello, esas afirmaciones deben entenderse como acusaciones del presidente todavía pendientes de comprobación judicial.
La Policía Nacional Civil también informó que investigaba la posible utilización de personas como “escudos humanos” y la participación de estructuras delictivas en algunos puntos. En Cuyotenango, dos agentes resultaron heridos de bala durante una operación para despejar la carretera.
Una semana de protestas y tensión
La crisis se extendió durante buena parte de la semana. Las primeras medidas fueron impulsadas por transportistas que reclamaban una respuesta frente al fuerte incremento de las gasolinas y el diésel. Los bloqueos alcanzaron rutas de Zacapa, Escuintla, Alta Verapaz, Suchitepéquez, San Marcos, Petén y distintos ingresos a la capital.
Debe distinguirse entre las acciones: los 48 Cantones anunciaron una marcha pacífica y negaron que organizaran bloqueos, mientras grupos de transportistas pesados y extraurbanos sí cerraron o interrumpieron el paso en distintos tramos.
El miércoles, transportistas extraurbanos se movilizaron hacia la capital y permanecieron durante varias horas en los alrededores del Palacio Nacional. Pretendían ser recibidos por el presidente y plantearon medidas como la suspensión temporal de impuestos a los combustibles. La reunión con Arévalo no se produjo.
Durante los días siguientes aumentó la tensión. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, daños a vehículos, uso de piedras y artefactos pirotécnicos, agentes heridos y capturas. El viernes 11 de septiembre, Provial todavía reportaba cierres en Cuyotenango, la entrada a San Rafael en la zona 18, Cuesta del Águila, Llano Largo y Río Hondo.
Ese mismo día, los ministros de Gobernación y Defensa anunciaron una operación conjunta para recuperar las carreteras. El Ejército brindó apoyo a la PNC con 23 comandos operativos, mientras el Gobierno sostuvo que respetaría el derecho a manifestar, pero no permitiría la interrupción de la libre locomoción ni de los servicios esenciales.
Arévalo confirmó esa línea en su mensaje: “No es tiempo de ambigüedades, es tiempo de decisiones firmes”. También indicó que unos 400 vehículos habían distribuido combustible a aproximadamente mil 200 estaciones de servicio durante el sábado y aseguró que existían reservas suficientes para normalizar el abastecimiento.
Un mensaje que llega después de la crisis
La tardanza del presidente en colocarse al frente de la respuesta pública abrió un vacío político que durante varios días fue ocupado por ministros, secretarios y voceros. La explicación de la Secretaría de Comunicación Social —que su presencia no era indispensable por la “ubicuidad” del mandatario— alimentó las críticas en lugar de contenerlas.
El mensaje del domingo intenta corregir esa ausencia. Arévalo reconoció el problema económico, defendió el subsidio, endureció su posición contra los bloqueos y buscó separar la protesta legítima de las acciones que atribuye a grupos criminales y operadores políticos.
Pero su intervención también eleva las exigencias para el Ejecutivo. Si existen pruebas de que políticos, narcotraficantes y pandilleros pagaron o dirigieron bloqueos, el Gobierno deberá presentarlas y procurar que los responsables sean procesados. Si un diputado impidió deliberadamente la entrada en vigor del subsidio, también debe identificarlo y explicar su actuación.
La crisis no concluye con un mensaje ni con la aprobación de una ley. El Gobierno todavía debe conseguir que el subsidio entre efectivamente en vigor, asegurar el abastecimiento, evitar nuevos cierres y demostrar que sus acusaciones no son únicamente una respuesta política a una semana en la que perdió el control de las carreteras y, durante varios días, también el control del relato público.