- Los transportistas mantienen bloqueos para que se escuche su exigencia de medidas más profundas para atender la crisis provocada por el incremento del petróleo y esperan el veto presidencial a un subsidio que ven «insuficiente».
- La población afectada por bloqueos permanece a la expectativa, en medio de campañas de desinformación y dudas sobre lo que hará el Ejecutivo y el Legislativo.
Por Redacción Crónica
Al cierre de una semana marcada por bloqueos, manifestaciones y negociaciones políticas con un claro desgaste ciudadamo, Guatemala se encuentra en medio de parálisis intermitente de protestas que mantiene la incertidumbre ciudadana.
El escenario político, lejos de destrabarse se ha adentrado en un laberinto paradójico: la aprobación exprés de la ley de subsidio al diésel y gasolinas por parte del Congreso no solo fue incapaz de aplacar los ánimos, sino que desplazó el conflicto a un terreno que raya en lo utópico: la exigencia de los transportistas para que el presidente Bernardo Arévalo vete la misma normativa que él enviara al Palacio Legislativo.
En medio de este pulso de poderes y gremiales, la población permanece atrapada. Miles de conductores, comerciantes y familias sufren largas horas de varamiento en los principales corredores logísticos del país, justo en la víspera de un fin de semana largo articulado en torno a los asuetos por las fiestas patrias del 15 de Septiembre.
Mientras tanto, los efectos por el alza del precio a las gasolinas y diesel continúan y parece que no dejarán de subir, en la medida en que el conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa en Oriente Medio.
A las 6:43 de este viernes, Provial informa de seis bloqueos de carreteras, pero el escenario puede variar en las siguientes horas, como ha ocurrido durante los últimos días. Estos son los lugares bloqueados en el inicio de la jornada:
- CA2 Occidente – Cuyotenango, Suchitepéquez,
- CA 3 Norte – llano Largo
- Cuesta del Águila.
- Entrada a San Rafael, zona 18.
- Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa.
- Ciudad- Bethania, zona 7.
Redes al límite: Psicosis y desinformación
La incertidumbre ha sido el combustible perfecto para la especulación. A lo largo del día de ayer, oleadas de desinformación en redes sociales alimentaron el pánico colectivo con versiones infundadas sobre supuestos desabastecimientos generalizados e inminentes cierres de estaciones de servicio. Aunque las gasolineras y la distribución de carburantes operan con relativa normalidad, la alarma social evidencia la extrema fragilidad del entorno.
A la tensión en las calles se suma un intenso debate técnico y fiscal en los pasillos del Congreso y entre las propias redes. Diversos legisladores y analistas han calificado la ley de subsidio aprobada como una medida distorsionante y fallida. Señalan que la normativa, lejos de aliviar el bolsillo del consumidor final, termina beneficiando directamente a las grandes empresas importadoras y distribuidoras, al tiempo que incentiva el contrabando de combustible subsidiado hacia las fronteras de países vecinos como Honduras y El Salvador.
Un laberinto institucional: Las preguntas sin respuesta
Hasta este viernes, la crisis deja sobre la mesa más interrogantes que certidumbres:
- ¿Qué pasará si el Presidente no veta la ley? Si el Ejecutivo sanciona y promulga la norma tal como fue aprobada –que parece lo más seguro–, las gremiales de transporte extraurbano y pesado ya advirtieron que congelarán el servicio y llevarán las caravanas a un paro nacional indefinido, acompañado de incrementos automáticos a las tarifas del pasaje.
- ¿Qué ocurre si cede y aplica el veto? Un veto presidencial dejaría sin efecto el techo de Q39.00 al galón de diésel, devolviendo el problema a la casilla de salida en un Congreso desgastado y sin consensos claros para tramitar una suspensión de impuestos.
- ¿Hasta dónde llegará la actuación de la fuerza pública? La Corte de Constitucionalidad (CC) y las principales cámaras del sector privado —Industria, Comercio y el sector Agro— han elevado la voz para exigir que se acate la orden del alto tribunal que obliga al Ministerio de Gobernación a despejar las vías e imponer el orden garantizando la libre locomoción. Sin embargo, el Gobierno mantiene una cautelosa política de no confrontación para evitar un costo social mayor.
Con las antorchas de la independencia listas para salir a las calles y la economía paralizada en puntos neurálgicos, el país se encamina a un fin de semana patrio marcado no por la festividad, sino por el suspenso de un conflicto cuyo desenlace sigue siendo una incógnita.