- Con 130 votos, los diputados aprobaron de urgencia nacional un fondo de Q2 mil 500 millones que busca mantener en Q39 el galón de diésel y gasolina regular, y en Q41 la gasolina superior.
- El decreto aún debe ser sancionado y publicado antes de comenzar a aplicarse.
Redacción Crónica
La presión ejercida desde las carreteras y la presión ayer de pobladores de los 48 Cantones de Totonicapán frente a las sedes de los poderes del Estado terminó por acelerar una decisión que el Congreso había postergado: anoche, después de una prolongada negociación entre bancadas y un fuerte debate en el hemiciclo, los diputados aprobaron de urgencia nacional un nuevo mecanismo para contener el precio de los combustibles.
La iniciativa 6844 recibió 130 votos favorables y se convirtió en el Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos. El texto fija como precios de referencia Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, y Q41 para la gasolina superior, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año o hasta que se agoten los recursos destinados al programa.
La votación fue el desenlace de una jornada marcada por las movilizaciones de los 48 Cantones de Totonicapán, autoridades indígenas de Sololá y representantes del transporte pesado y extraurbano de pasajeros, que exigían una respuesta al aumento de los carburantes. El lunes, martes y miércoles distintos grupos de transportistas habían realizado bloqueos y anunciado nuevas protestas, mientras los dirigentes indígenas trasladaron sus demandas al Congreso y al presidente Bernardo Arévalo.
La presión fue visible incluso dentro del Palacio Legislativo: dirigentes comunitarios siguieron la sesión desde los palcos y unas 300 personas permanecieron en los alrededores del Congreso mientras los diputados negociaban el contenido del proyecto. Horas antes, una reunión entre Arévalo y las autoridades indígenas había concluido sin una solución definitiva.
Una iniciativa aprobada en cuestión de horas
El proyecto impulsado por el Ejecutivo y presentado por diputados oficialistas ingresó a la Dirección Legislativa aproximadamente a las 17:36 horas del martes. Poco después, José Carlos Sanabria, diputado de la bancada Semilla, promovió una moción para modificar el orden del día y conocerlo inmediatamente.
La alteración de la agenda obtuvo 134 votos, pero esa cifra no corresponde a la aprobación final. Luego de la discusión y de incorporar cambios al articulado, el decreto fue aprobado con 130 votos. El respaldo superó ampliamente los 107 votos necesarios para aprobar una iniciativa de urgencia nacional, aunque estuvo acompañado de críticas contra el Gobierno por haber remitido el texto a última hora.
El presidente del Congreso, Luis Contreras, sostuvo que la aprobación fue producto de más de siete horas de conversaciones y búsqueda de acuerdos entre los jefes de bloque.
El resultado representó un consenso amplio, aunque no eliminó las diferencias. Algunos diputados señalaron que la propuesta había llegado tarde y contenía disposiciones ajenas al objetivo principal. Otros cuestionaron que el fondo compense a los importadores y no entregue directamente el apoyo a los consumidores.
Orlando Blanco, de la bancada VOS, advirtió durante el debate que “no se vale aprovechar la crisis para hacer negocio” y pidió fortalecer los controles para impedir que los recursos queden en manos de distribuidores. Mynor de la Rosa, de Vamos, cuestionó que el financiamiento incluya reducciones presupuestarias en el Ministerio de Gobernación cuando el país atraviesa una crisis de seguridad.
Sanabria defendió la propuesta y rechazó que fuera producto de la improvisación.
“Tanto el presidente Bernardo Arévalo, su gobierno, como la bancada, ha estado comprometida trabajando fuertemente para que las familias tengan herramientas para enfrentar la crisis de los combustibles”, expresó el legislador oficialista.
También aseguró que el anterior apoyo aprobado en abril había ayudado a enfrentar el incremento de precios, aunque diputados de oposición volvieron a cuestionar la transparencia con que se distribuyeron aquellos recursos.
De un apoyo al diésel a tres combustibles
La propuesta inicial defendida por el Ejecutivo contemplaba principalmente mantener el diésel en Q39 por galón. Sin embargo, durante las conversaciones con los 48 Cantones y otras organizaciones se exigió incluir también las gasolinas, debido a que el incremento afecta a particulares, pequeños comerciantes y transportistas que no utilizan diésel.
El decreto finalmente aprobado amplió la cobertura a los tres productos:
- Diésel: precio de referencia de Q39 por galón.
- Gasolina regular: Q39 por galón.
- Gasolina superior: Q41 por galón.
No se trata de una rebaja fija entregada por cada galón vendido. El mecanismo funcionará cuando los precios del mercado superen esos valores: el Estado compensará la diferencia a los importadores autorizados, quienes deberán trasladarla a distribuidores, estaciones de servicio y, finalmente, al consumidor.
El Ministerio de Energía y Minas deberá publicar periódicamente el precio internacional de referencia conocido como Ex Rack. La Superintendencia de Administración Tributaria verificará el cumplimiento fiscal de las empresas participantes; la Contraloría fiscalizará el uso del dinero público y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor deberá comprobar que el beneficio se refleje en las bombas.
Las estaciones o empresas que no trasladen la reducción al consumidor podrán recibir sanciones equivalentes a 30 unidades de multa ajustable.
Un fondo de Q2 mil 500 millones
La ley crea un fondo de Q2 mil 500 millones. De ese monto, Q1 mil 280 millones procederán de recursos vinculados con devoluciones de crédito fiscal del IVA y Q1 mil 220 millones de readecuaciones y disponibilidades presupuestarias.
El financiamiento incluye una disminución neta de Q507.6 millones en distintas partidas del presupuesto vigente. Entre los movimientos discutidos aparecen Q353.6 millones del Ministerio de Gobernación, Q142.6 millones de Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y Q10.9 millones de la Superintendencia de Telecomunicaciones. También se contemplan Q400 millones provenientes del Fondo para la Vivienda.
Durante el debate fue eliminado un párrafo del artículo 9 que permitía al Ministerio de Energía y Minas utilizar recursos para contratar personal bajo el renglón 022, adquirir vehículos, equipo y mobiliario. La disposición provocó rechazo entre diputados que consideraron injustificable crear nuevos gastos administrativos dentro de una ley destinada a aliviar el precio de los combustibles.
La reducción todavía no es inmediata
La votación del Congreso no significa que los expendios deban modificar inmediatamente sus precios. El decreto debe ser remitido al presidente Arévalo para su sanción y promulgación, y después debe publicarse en el Diario de Centro América.
Una vez que la ley entre en vigor, el Ministerio de Energía y Minas contará con cinco días hábiles para emitir el reglamento que definirá el procedimiento de acreditación de los importadores, cálculo de las compensaciones, controles y liquidación de los recursos. Hasta entonces podrá comenzar a operar el mecanismo.
Al cierre de esta nota, la nueva normativa todavía no había sido publicada oficialmente. Por ello, los precios de Q39 y Q41 constituyen lo aprobado por el Congreso, pero aún no son valores exigibles en las estaciones de servicio. El alivio dependerá, además, de que el precio de mercado supere las referencias y de que la compensación sea trasladada efectivamente a toda la cadena.
Las protestas no terminan necesariamente con la aprobación
Aunque el decreto nació como respuesta a la presión social, no todas las organizaciones consideran suficiente la medida. Dirigentes indígenas habían planteado la suspensión temporal del IVA y del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus Derivados, mientras sectores del transporte sostienen que Q39 por galón todavía representa un costo demasiado alto para mantener las tarifas actuales.
Representantes del transporte extraurbano anunciaron que mantendrían la movilización prevista para este miércoles y ampliaron a tres los puntos de salida. También advirtieron que, si el costo operativo no disminuye lo suficiente, podría producirse un aumento en el precio del pasaje.
El Congreso logró así el acuerdo político que no había conseguido durante varias semanas, pero la prueba decisiva comienza ahora: convertir un decreto aprobado bajo presión en una reducción comprobable para los consumidores, sin que los Q2 mil 500 millones terminen absorbidos por intermediarios ni se conviertan en otro alivio temporal incapaz de resolver el problema de fondo.