- La PNC asegura haber retirado 427 dispositivos ilegales durante 2026. La zona 18 aparece como el principal escenario de una red que habría servido para anticipar operativos, vigilar a los vecinos, proteger puntos de narcomenudeo y reforzar el control territorial del Barrio 18.
- Sin embargo, las autoridades aún no han revelado quiénes compraron e instalaron los equipos ni quién pagaba las conexiones utilizadas para transmitir las imágenes.
Redacción Crónica
Las cámaras parecen comunes. Son equipos similares a los colocados frente a una vivienda, un negocio o una garita de seguridad. Sin embargo, algunas estaban instaladas en postes públicos, esquinas y puntos elevados desde los cuales podían observarse las entradas y salidas de colonias completas.
No pertenecían a la Policía Nacional Civil, a la Municipalidad de Guatemala ni a un sistema vecinal autorizado. Según las autoridades, formaban parte de redes clandestinas que permitían a las estructuras criminales observar el territorio desde computadoras, teléfonos celulares o centros privados de monitoreo.
La PNC informó que durante 2026 ha retirado 427 cámaras de videovigilancia clandestinas en diferentes sectores del país. La cifra aumentó después del operativo del 6 de septiembre, cuando agentes y soldados desmontaron 21 dispositivos en las colonias Las Ilusiones y Maya, zona 18, y en Canalitos, zona 24.
Un día antes habían sido retiradas otras 32 cámaras en Justo Rufino, Vásquez y Loma Blanca, zona 21. Aunque el fenómeno no ocurre únicamente en la zona 18, ese sector se ha convertido en el principal escenario de los hallazgos y en el punto donde existen más indicios de una red vinculada con el Barrio 18.
Una red que no parece improvisada
La primera pregunta es inevitable: ¿quién instala las cámaras?
La respuesta oficial todavía es incompleta. La PNC sostiene que los dispositivos eran utilizados presuntamente por integrantes del Barrio 18 y, en otros sectores, por la Mara Salvatrucha. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han presentado públicamente a personas capturadas por comprar, instalar o administrar las cámaras retiradas.
Tampoco se ha informado si los peritajes permitieron identificar a nombre de quién estaban contratadas las conexiones de internet, quién suministraba la energía eléctrica, dónde fueron comprados los equipos o qué teléfonos y computadoras tenían acceso a las transmisiones.
Ese vacío resulta especialmente importante porque varias instalaciones muestran un nivel de complejidad que difícilmente puede atribuirse a una acción ocasional.
En febrero, después de retirar cerca de 40 cámaras en la zona 18, Héctor Noé González Prera, entonces director adjunto de la PNC, explicó que algunos equipos tenían una instalación profesional y podían transmitir imágenes en tiempo real hacia lugares todavía bajo investigación. La Policía no descartó que en el montaje hubieran participado personas con conocimientos técnicos o incluso empresas colaboradoras.
La hipótesis más consistente es que las pandillas ordenaban y financiaban el sistema, pero que su instalación pudo requerir electricistas, técnicos de redes, comerciantes o colaboradores encargados de colocar las cámaras, conectarlas a internet y proporcionarles mantenimiento.
Esto no significa que todas las empresas de seguridad o todos los instaladores de la zona estén vinculados con actividades ilícitas. Significa que una investigación completa debería seguir la cadena comercial y tecnológica: número de serie, proveedor, comprador, instalador, conexión eléctrica, cuenta de internet, dirección IP y usuarios con acceso remoto.
Hasta ahora, esa parte de la investigación no ha sido explicada públicamente.
Casas convertidas en centros de monitoreo
Los hallazgos anteriores ofrecen algunas pistas.
Durante los operativos de enero y febrero, la PNC estableció que parte de la red funcionaba mediante cámaras conectadas por internet a distintos puntos de control. De acuerdo con una investigación de Expediente Público, dos viviendas y un local comercial habrían sido adaptados como centros de monitoreo.
Las imágenes podían observarse en tiempo real y algunas grabaciones quedaban almacenadas en discos duros o servidores. Las autoridades localizaron dos computadoras que serían sometidas a análisis forense, pero no han informado públicamente cuáles fueron los resultados de esos peritajes.
En mayo, la Policía retiró además cinco cámaras y una grabadora digital de video —DVR— en la aldea Lo de Rodríguez y el barrio Santa Mónica, zona 18. La presencia de un equipo de almacenamiento reforzó la sospecha de que no se trataba únicamente de observar las calles, sino también de conservar registros para revisar posteriormente quién entró, quién salió y con quién se reunió.
La existencia de centros de monitoreo cambia la dimensión del caso. No serían cámaras aisladas instaladas por vecinos temerosos de la delincuencia, sino componentes de una red con capacidad de transmitir, observar y archivar información.
¿Para qué servían?
La explicación más inmediata es la alerta temprana.
Colocadas cerca de los accesos a una colonia, las cámaras permiten detectar la entrada de radiopatrullas, motocicletas de la PNC, vehículos sin identificación o unidades militares. Quien observa las imágenes puede advertir a los integrantes de la estructura para que oculten armas, drogas o dinero, abandonen el lugar o suspendan temporalmente sus operaciones.
También podrían facilitar emboscadas. Si una estructura sabe por cuál calle ingresará una patrulla, cuántos agentes la integran y cuánto tiempo permanecerá en el sector, obtiene una ventaja táctica considerable.
La PNC encontró varios dispositivos cerca de rutas utilizadas por las fuerzas de seguridad y de puntos señalados por narcomenudeo. Esa ubicación constituye uno de los principales indicios para sostener que no se trataba de simples sistemas vecinales.
Pero la vigilancia puede tener una función más amplia: controlar a la propia comunidad.
Las cámaras permiten establecer qué vecinos reciben visitas, quién habla con policías, quién abandona definitivamente el barrio y qué comerciante se resiste a pagar una extorsión. Las grabaciones también pueden emplearse para identificar posibles denunciantes o seleccionar futuras víctimas.
En territorios dominados por una estructura criminal, la información se convierte en una forma de poder. La pandilla no necesita permanecer físicamente en cada esquina si puede observarla a distancia.
Controlar a los vecinos y vigilar al rival
La zona 18 ha sido durante años uno de los territorios tradicionales del Barrio 18. Colonias como El Limón, San Rafael, Alamedas, Maya y otros sectores han registrado presencia de clicas, extorsiones, narcomenudeo, asesinatos y disputas por el territorio.
Testimonios de habitantes recopilados por Expediente Público describen un sistema de control que va más allá de la comisión de delitos. Según esos relatos, algunas estructuras imponen horarios, regulan la llegada de nuevos vecinos, vigilan comercios y castigan a quienes incumplen sus disposiciones.
En ese contexto, las cámaras pueden funcionar como una herramienta de “gobierno criminal”: ayudan a observar el comportamiento de la comunidad y permiten que los cabecillas ejerzan control sin exponerse permanentemente en las calles.
La red también habría servido para detectar incursiones de la Mara Salvatrucha, rival histórica del Barrio 18. Las cámaras colocadas en los accesos proporcionaban información sobre movimientos extraños y permitían anticipar la llegada de integrantes de otra pandilla.
Los dispositivos, por tanto, habrían cumplido al menos cuatro funciones:
- Alertar sobre la entrada de policías y militares.
- Proteger puntos de venta de drogas y otras operaciones ilícitas.
- Identificar a vecinos, comerciantes o posibles informantes.
- Vigilar movimientos de pandillas rivales.
Retirarlas no basta
La desinstalación de 427 cámaras representa un golpe contra la capacidad de observación de las estructuras criminales, pero deja abiertas preguntas fundamentales.
¿Quién adquirió los equipos? ¿Quién los instaló en los postes? ¿De dónde obtenían electricidad? ¿Qué empresas proporcionaban la conexión? ¿Quién administraba las contraseñas? ¿Dónde estaban los centros de monitoreo? ¿Qué información quedó almacenada? ¿Fueron identificadas las personas observadas?
La PNC ha retirado las cámaras, pero no ha explicado cuántos centros de control fueron localizados, cuántos dispositivos fueron sometidos a peritaje, qué información contenían ni si alguna investigación llegó a los tribunales.
Sin esas respuestas, existe el riesgo de que la estructura sustituya rápidamente los equipos decomisados. Una cámara de seguridad puede comprarse con facilidad y conectarse a internet desde una vivienda o un teléfono. El verdadero desafío no consiste solamente en desmontarla, sino en identificar la red humana, financiera y tecnológica que la mantiene funcionando.
La ubicación de los aparatos, su conexión con centros privados y el dominio territorial del Barrio 18 ofrecen indicios importantes sobre quién estaría detrás del sistema. Sin embargo, la atribución definitiva requiere pruebas técnicas, capturas y procesos judiciales.
Por ahora, la conclusión más prudente es también la más inquietante: en varias colonias de la zona 18 operó una red clandestina suficientemente organizada para observar a policías, rivales y vecinos. La PNC ha logrado retirar sus ojos de las calles, pero todavía no ha mostrado con claridad quiénes estaban detrás de las pantallas.