- Cuestionado juez, ha sido sancionado internacionalmente, pero es protegido dentro del Organismo Judicial. El Ministerio Público pide que se le retire inmunidad para investigarle…
Redacción Crónica
En un giro institucional de alto impacto, el Ministerio Público (MP) presentó formalmente una solicitud para retirarle la inmunidad al juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, uno de los operadores de justicia más cuestionados del país. La petición busca abrir la puerta para que el juzgador sea investigado por la posible comisión de delitos como prevaricato, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.
El movimiento judicial representa una sacudida al blindaje del que Orellana disfrutó durante años. Señalado internacionalmente e incluido en la Lista Engel de los Estados Unidos por socavar la democracia y emitir resoluciones con sesgo político, el juzgador fungió como el brazo ejecutor clave de las acciones impulsadas por la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche.
Además, el juez Orellana está sancionado también por varios países europeos por las mismas razones que las expresadas en su contra en la Lista Engel.
LO QUE DICE EEUU SOBRE EL JUEZ:
Cuando se anuncia la sanción por parte del Departamento de Justicia de los EEUU, se explica brevemente las causas para que un personaje fuera incluido. El juez guatemalteco fue incluido en el año 2023 y sigue sin visa hasta la fecha. Esto se dijo sobre él:
«Fredy Raúl Orellana Letona: un juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca«.
Un escudo judicial en la Corte Suprema de Justicia
Durante el anterior ciclo de judicialización política, Orellana se convirtió en el «juez preferido» del MP para convalidar expedientes de alto perfil. Pese a las constantes querellas, recusaciones y denuncias presentadas en su contra por la defensa de diversos procesados y organismos de derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantuvo una postura firme de protección, rechazando sistemáticamente las peticiones para retirarle el antejuicio o suspenderlo de su judicatura.
Esta protección constante le permitió continuar al frente del Juzgado Séptimo, desde donde autorizó las diligencias más drásticas contra opositores, periodistas y autoridades electorales.
Las decisiones emblemáticas del juez Orellana
El historial de Fredy Orellana está marcado por haber firmado las resoluciones que desencadenaron las mayores crisis institucionales del país en los últimos años:
- La embestida contra el proceso electoral y Semilla: Fue el juez que atendió el pedido de la FECI para ordenar la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla en pleno proceso electoral, contraviniendo la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Asimismo, avaló las órdenes de captura contra trabajadores del Registro de Ciudadanos.
- El asedio al Tribunal Supremo Electoral (TSE): Autorizó los inéditos y cuestionados allanamientos al Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) en el Parque de la Industria y a la sede central del TSE, donde la fiscalía llegó a secuestrar las actas originales con los resultados de las votaciones.
- La persecución a José Rubén Zamora: Orellana tuvo a su cargo las etapas clave del caso contra el fundador del diario El Periódico, José Rubén Zamora. Bajo su judicatura no solo se dictó prisión preventiva y se llevó a juicio al periodista, sino que también giró órdenes de aprehensión contra los abogados defensores del comunicador y persiguió a columnistas y redactores del medio.
- Órdenes de captura contra exfiscales y activistas: Emitió decenas de órdenes de aprehensión contra exintegrantes de la FECI, operadores de justicia en el exilio y activistas anticorrupción, convirtiendo su juzgado en el epicentro del litigio represivo.
LEE ADEMÁS:
Un cambio de escenario para la justicia
La solicitud para despojar de inmunidad a Orellana pone ahora la pelota en la cancha de la CSJ, que deberá decidir si da trámite a la petición para nombrar un juez pesquisidor o si mantiene el criterio de protección que ha caracterizado el trámite de sus expedientes. La actual Corte no es reconocida por imparcial e incluso ha sido cuestionada por al menos dos de sus magistrados por la forma en que resuelven los casos que se les plantean.
De avanzar el proceso, el caso sentaría un precedente crucial sobre la responsabilidad penal de los juzgadores que emitieron resoluciones al servicio de persecuciones políticas en el país.