- El Congreso programa interpelaciones a todos los ministros del presidente Bernardo Arévalo, mientras la CC sigue sin responder a solicitud del Ejecutivo para ordenar esta mecánica de fiscalización del Legislativo.
Redacción Crónica
El Organismo Ejecutivo atraviesa su crisis de gobernabilidad más aguda en lo que va del mandato de Bernardo Arévalo. Bajo la batuta de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) —el brazo político que responde a Sandra Torres—, el Congreso de la República desencadenó un embate legislativo sin precedentes: la citación a juicio político de prácticamente la totalidad del Gabinete de Ministros.
Mientras el Ejecutivo advierte que la citación masiva amenaza con paralizar la gestión pública, la Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene en el limbo una petición de amparo promovida por el Gobierno para ordenar y disciplinar las interpelaciones, dejando al Presidente con un margen de maniobra peligrosamente reducido y al Estado al borde de la inoperancia.
Un juicio político masivo
Lo que en el papel se define como una herramienta legal de fiscalización, en la práctica parlamentaria se ha transformado en un cerco estratégico. La UNE, por medio de figuras clave como la diputada y Secretaria General del partido, Lourdes Teresita de León (hija de Sandra Torres), exigió la programación de los juicios políticos para los titulares de las distintas carteras.
Entre agosto y octubre, el calendario del Congreso se ha saturated de interpelaciones programadas que obligarán a los funcionarios a someterse a extenuantes jornadas de interrogatorios y desatender sus despachos.
Cálculos del propio Ejecutivo estiman que atender la marejada de citaciones e interpelaciones legislativas exige miles de horas de trabajo institucional, restando presencia a los funcionarios en mesas de negociación, giras departamentales y gestiones de emergencia.
La pasividad de la CC y el «choque de amparos»
Ante lo que calificó como una «perversión y abuso» del control legislativo orientado a «hostigar y obstaculizar» al Ejecutivo, el presidente Arévalo —a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN)— acudió a la máxima corte del país solicitando amparo. La pretensión del mandatario es clara: que la CC ordene un calendario coordinado, sucesivo y razonable, amparándose en la propia jurisprudencia constitucional que establece que el derecho a interpelar no es absoluto y no puede colapsar el funcionamiento del Estado.
Sin embargo, el tribunal constitucional ha jugado un papel determinante al acelerar los reclamos del Congreso mientras posterga la respuesta al amparo de Arévalo. A diferencia de la solicitud gubernamental, la CC sí amparó de forma expedita las pretensiones de la UNE para obligar a la Junta Directiva del Congreso a fijar fechas inmediatas para las interpelaciones.
Esta omisión cautelar deja desprotegido al Gobierno y abre la puerta a que las interpelaciones arrastren consigo la discusión de temas prioritarios en la agenda parlamentaria, como la aprobación de ampliaciones presupuestarias, reformas de ley o la integración de comisiones clave.
El Background: chantaje político, venganza y la sombra de Sandra Torres
Para comprender la arremetida de la UNE, hay que mirar el tablero de ajedrez en el que se ha convertido el Congreso tras la derrota electoral de Torres en 2023.
- La búsqueda de cuotas de poder: Analistas y bloques parlamentarios concuerdan en que la maniobra responde a un intento de la UNE por forzar su inclusión en las negociaciones de alto nivel del Ejecutivo. Al no lograr entrar en el esquema de alianza oficialista durante la conformación de la Junta Directiva ni en el reparto de cuotas territoriales, la UNE utiliza el recurso de la interpelación como una «tenaza» de negociación.
- Asfixia al partido Semilla: Con la bancada oficialista fragmentada y legalmente castigada en su personería jurídica, el Gobierno carece del músculo parlamentario para bloquear el quorum o frenar las mociones de voto de falta de confianza que inevitablemente surgirán tras los interrogatorios.
- El voto de falta de confianza como amenaza: El riesgo no es solo la pérdida de tiempo, sino el desgaste político de retirar o remover ministros clave. Si la oposición logra sumar los votos requeridos para emitir votos de falta de confianza, Arévalo se verá acorralado entre acatar las recomendaciones de remoción o pagar un alto costo político por ratificar a ministros cuestionados.
Un gabinete en la picota
Con el Gabinete completo citado ante el pleno, el Gobierno de Arévalo ingresa a un segundo semestre marcado por la parálisis institucional. Con la alta corte actuando de forma selectiva y una UNE decidida a erosionar la imagen del oficialismo, el Presidente enfrenta su prueba de fuego política: decidir si cede ante el chantaje parlamentario o si resiste el desgaste de un Gobierno con sus ministros atados de manos en el Hemiciclo.