Renzo Lautaro Rosal
Las disfuncionalidades aparecen como hongos, porque el modelo de estado que tenemos ha sido formulado para que las acciones sean opuestas o distintas a los propósitos para los que fue creado. El deber ser va en una línea y las realidades corren por rumbo opuesto. Ejemplos abundan. Uno de los más recientes es el acuerdo del Ejecutivo que creó el estado de calamidad pública a raíz de la ola de incendios forestales sucedidos en varios departamentos.
Nuevamente ese instrumento se pone en marcha tras eventos o desastres relacionados con la naturaleza. El medio ambiente sigue usándose como medio o pretexto para asuntos que distan por mucho su verdadera protección. Es casi tradición que tras este tipo de acuerdos lo que en realidad operan son transacciones fast-track, compra de bienes y servicios supuestamente para atender el problema central, actividades cargadas de opacidad cuyas consecuencias salen a luz tiempo después. Además, esa decisión cuestionable trae consigo dejar en el olvido la serie de irresponsabilidades u omisiones que el gobierno central debió atender con anticipación, con sentido preventivo. Ya metidos en el problema no queda otra que atenderlo precipitadamente con lo poco que se dice tener. Aquí es donde incluso países como México y Honduras vienen a echar la mano.
Acordar estados de calamidad como «fórmulas» para salir de apuros es un evidente indicador de los desaciertos, de lo que racionalmente no se ha querido enfrentar a tiempo para que cuando arda el fuego bajo el pretexto de las urgencias, se solapen malos procederes. Mucho de lo que se hace al amparo de las figuras de estados de calamidad, son acciones que se pueden ejecutar sin esa cubierta. Por ejemplo, despejar procedimientos de ley para atender la emergencia, coordinar las acciones para prevenir y atender los daños de los efectos de los incendios forestales, activar la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y el Sistema de Prevención y Control de Incendios Forestales (SIPECIF), promover el apoyo de actores no gubernamentales, evacuar a personas dentro de áreas afectadas o que estén en peligro, demandar la cooperación de autoridades locales.
Pero lo preocupante está, en que bajo ese marco, no es obligatoria la licitación de bienes y servicios para atender la emergencia, además que se exime del pago de impuesto a las donaciones. Todo un entramado para hacer de la supuesta atención de los desastres naturales el perfecto momento para los festines, ahora más frecuentes precisamente por el abandono del estado por los recursos del ambiente, especialmente lo relativo al bosque, la protección de las áreas protegidas, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, el abandono y manipulación del recurso hídrico, entre toda una gama de pendientes.
Este escenario no lo es todo. Durante su paso por el Congreso, la tendencia ha sido de incremento de los riesgos. En sus afanes de continuar malversando los recursos públicos y de echar mano de cuanta oportunidad se presente, los estados de calamidad son las perfectas máscaras que contribuyen a generar «incentivos especiales» a aquellos diputados que andan de cacería, especialmente los distritales que buscan aprovechar estas oportunidades para congraciarse con distintos cómplices. Otra muestra más de lo endeble de los mecanismos legales e institucionales para continuar los desmanes.