- La controversial jueza fue recusada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y se suspendió audiencia que podría haber favorecido a exvicepresidenta en otro caso de corrupción.
Cuando todo indicaba que la exvicepresidenta Roxana Baldetti podría ser beneficiada por la controversial jueza Abelina Cruz, la Procuraduría General de la Nación actuó y recusó a la juzgadora, lo. que impidió que resolviera favoreciendo a la exfuncionaria en el caso «Cooptación del Estado».
Todo parecía indicar que nuevamente funcionaria la estrategia que se ha impuesto desde 2021 de debilitar o concluir todos los casos de corrupción que se iniciaron a partir de 2015, pero la intervención de la PGN impidió que la jueza Cruz, pudiera conocer el caso tal y como lo había solicitado específicamente Baldetti.
La audiencia estaba originalmente programada en el Tribunal de Mayor riesgo B para el día 9 de enero, audiencia que debía conocer el juez Manolo López, pero por estar de vacaciones, la exvicepresidenta solicitó que se adelantara para este 6 de enero y que quien conociera fuera la jueza Cruz.
Abelina Cruz es reconocida en medios del sector justicia, como una pieza clave en la desestimación de casos y protección a funcionarios que han sido señalados por actos de corrupción. La togada ha tenido resoluciones favorables para los exministros de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y José Luis Benito, el excandidato presidencial Manuel Baldizón, Roberto López Villatoro, Gustavo Alejos y la exmagistrada Blanca Stalling, entre otros.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) puso enentredicho la imparcialidad de la jueza Cruz y la recusó, lo cual le impidió conocer la acusación del Ministerio Público (MP) en contra de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti este 6 de enero, en la que se esperaba poca oposición de parte de la fiscalía, que ha sido co participe del cierre o debilitamiento de los casos de corrupción en tribunales
Baldetti fue acusada, con pruebas que se hicieron publicas en su momento por la Fsicalía Contra la Corrupción (FECI) antes de la llegada de Rafael Curruchiche, de lavado de dinero y cohecho pasivo por el supuesto saqueo de fondos públicos. El expresidente Otto Pérez Molina, se declaró culpable en este mismo caso y fue condenado a ocho años de prisión conmutables.
Los grupos pro justicia que operan en el país han denunciado que existe una trama dentro del sistema de justicia por terminar con los casos de corrupción que inició la desaparecida CICIG y la FECI, cuando el fiscal anticorrupción era Francisco Sandoval, destituido por la fiscal general, Consuelo Porras, a quien se le señala de proteger a los corruptos en los casos iniciados o denunciados.