- Secretario Palomo: No hay seguimiento a denuncias, pero sí criminalización desmedida e incumplimiento de deberes.
- El gobierno de Arévalo ha presentado 170 denuncias relacionadas con casos de corrupción, pero Palomo afirmó que no se les ha dado seguimiento.
El Secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, denunció en una entrevista este martes, que el Gobierno del presidente Arévalo es objeto de una persecución judicial del MP, mientras la fiscalía se niega a investigar los 170 casos de corrupción que se han denunciado en los diez meses de esta administración.
En medio de una grave crisis creada por la confrontación provocada por el MP, Palomo se refirió a la situación de confrontación existente, y reiteró que el Ejecutivo no acatará órdenes ilegales que provengan de la fiscalía. El funcionario se refirió también a la criminalización de casos contra funcionarios y periodistas.
«Somos respetuosos de la ley, pero no vamos a prestarnos a actos del MP que no cumplan estrictamente con los cánones que establece cualquier acto, particularmente de una autoridad que tiene la facultad de investigación penal», dijo el Secretario al programa «A primera Hora» de Emisoras Unidas.
Según Palomo, esta persecución se inscribe en una serie de acciones realizadas por lo que denominó «una minoría corrupta» dentro del MP, que estaría incómoda ante las políticas de transparencia que implementa el gobierno actual.
La administración de Arévalo ha presentado 170 denuncias relacionadas con casos de corrupción a los cuáles no se les ha dado seguimiento. En efecto, no se sabe de acciones del MP para investigar casos de corrupción de la administración del presidente Alejandro Giammattei.
¿Por qué no se investiga?
En círculos políticos se sabe que la fiscal general, Consuelo Porras, mantuvo una estrecha relación con Giammattei, quien la reeligió para el cargo y desde entonces se vio un retroceso en la lucha anticorrupción en el MP.
La Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) que investigaba varios casos de corrupción fue «limpidada» por Porras, que destituyó al fiscal Juan Francisco Sandoval, antes de criminalizarlo como a muchos operadores de justicia, por lo que han tenido que salir al exilio por la amenaza de cárcel y la imposibilidad de defensa ante un sistema coludido.
En su lugar llegó Rafael Curruchiche, quien cambió el rumbo de la fiscalía, cesando la persecución de casos de corrupción y, por el contrario, facilitando la salida o cerrando casos que había abierto la CICIG y la propia FECI antes de su llegada.
Los analistas estiman que ninguna de las denuncias de gran corrupción que involucren a funcionarios de la anterior administración van a prosperar, «simplemente por el compromiso que se selló antes del cambio de gobierno en enero pasado».
Tanto Consuelo Porras, como Curruchiche y los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer han sido incluido en una lista de funcionarios «corruptos y antidemocráticos».