- Un sacerdote reconocido dentro y fuera de México por su activismo en favor de los indígenas fue asesinado a balazos después de celebrar una misa en Chiapas.
TAPACHULA, México — El sacerdote católico Marcelo Pérez, un firme defensor de indígenas y campesinos en el sur de México, fue asesinado a balazos el domingo después de celebrar una misa, informaron autoridades.
Pérez, quien era reconocido dentro y fuera del país por su labor activista, había terminado de oficiar la ceremonia en una parroquia de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, y se encontraba dentro de su camioneta cuando dos hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon, indicó la Fiscalía General del Estado.
El religioso, un indígena tsotsil, llevaba dos décadas en el sacerdocio y era conocido por mediar en conflictos sociales, indígenas, campesinos y políticos de municipios azotados por todo tipo de disputas y actos de violencia del crimen organizado. Nunca dudó en criticar la falta de acción de las autoridades.
Las labores activistas de Pérez lo habían hecho objeto de varias amenazas, por lo que desde 2015 era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al riesgo constante contra su vida e integridad personal.
Aunque fue trasladado a San Cristóbal de las Casas donde, en teoría se encontraría más seguro y tenía “medidas de protección… estas resultaron insuficientes para evitar su asesinato”, denunció la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en un comunicado en el que calificó el asesinato como “absolutamente inaceptable”.
Tanto la ONU como la CIDH, la Conferencia del Episcopado Mexicano y numerosas organizaciones sociales mexicanas exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva y transparente.
La Iglesia Católica pidió de forma urgente a todos los niveles del0 gobierno que se garantice la seguridad de todos los sacerdotes que trabajan en zonas de riesgo.
“Siempre estuvo comprometido con la justicia y la paz entre los pueblos originarios, sobre todo en Simojovel y acompañando a las víctimas de la violencia interna en Pantelhó (dos comunidades de las montañas de Chiapas)», dijo el cardenal Felipe Arizmendi.
En Pantelhó, un municipio sumido en disputas entre distintos grupos armados, Pérez fue acusado por sus críticos de estar involucrado en la desaparición de una veintena de personas en 2021. Pero la Iglesia Católica siempre le respaldo.
“Nunca se metió en políticas partidistas”, aseguró el cardenal.
El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, del oficialista partido Morena, condenó el asesinato. «Vamos a colaborar con todas las autoridades correspondientes para que su muerte no quede impune y los culpables enfrenten la justicia”, publicó en la red social X.
El cardenal Arizmendi recordó que el homicidio demuestra “el clima de violencia que se ha desatado en Chiapas y en casi todo el país”.
“Hay una descomposición social, que empieza por la destrucción de la familia y se consolida por la impunidad en que actúan grupos armados”, agregó. “Esto nos debe hacer reflexionar a todos, a los creyentes también, pero sobre todo al gobierno en el poder, para que busquen cómo desmantelar a estos grupos armados, que están haciendo tanto daño a la comunidad”.
Desde que tuvo lugar el levantamiento zapatista en 1994 y la breve guerra con el gobierno para exigir más derechos para los indígenas, los conflictos en el estado más pobre de México se han disparado tanto entre pobladores y miembros del ejército como entre comunidades por motivos políticos, agrarios y religiosos.
Pero desde hace casi dos años, la lista de problemas aumentó con la disputa territorial que libran el cártel de Sinaloa y el de Jalisco por el control de las rutas de todo tipo de contrabando —armas, drogas, migrantes—, por lo que el nivel de violencia, intimidaciones y desplazamientos se ha multiplicado en muchos municipios.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la situación incluso cuando cientos de pobladores huyeron a refugiarse en Guatemala por el acoso al que estaban sometidos por los cárteles.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez —quien fue titular de Seguridad durante el gobierno de López Obrador— señaló en garantizó que “no habrá impunidad” en una publicación en la red social X.
Desde 2021, Pérez encabezó marchas y peregrinaciones por la paz, en las cuales denunció el incremento de la violencia en diversas zonas de Chiapas y se pronunció en diversas ocasiones en contra del crimen organizado.
La más reciente fue a mediados de septiembre, cuando en sus declaraciones al portal Aristegui Noticias solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que “se tome en serio la realidad de Chiapas”.
“Chiapas no está en paz, Chiapas está sufriendo, Chiapas es una bomba de tiempo”, puntualizó.
Con el de Pérez, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado al menos siete asesinatos de activistas en México en lo que va de 2024.