- Este domingo asume la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los magistrados de Salas de Apelaciones, en una «renovación» del Organismo Judicial que general pocas ilusiones
¿Qué se puede esperar de la justicia tras el cambio este domingo de las cortes del Organismo Judicial? Es la pregunta que se hacen miles de guatemaltecos, con más dudas que esperanzas de que la independencia de la justicia pueda recuperarse pronto.
Hoy, Guatemala enfrenta una jornada clave para su sistema judicial: el cambio de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Salas de Apelaciones, un proceso que ha sido esperado desde hace años pero que llega en un momento de alta tensión política y social.
El país se ha visto envuelto en una serie de crisis judiciales y escándalos de corrupción que han puesto en entredicho la independencia de su justicia. El proceso de elección de los nuevos magistrados de la CSJ ha sido objeto de fuertes críticas por parte de analistas y actores de la sociedad civil, que temen que las nuevas designaciones no traigan los cambios estructurales que el sistema judicial requiere para recobrar su credibilidad.
La comunidad internacional, encabezados por la ONU, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y al menos 19 países, han señalado el peligro para la democracia guatemalteca por la falta de un sistema de justicia independiente.
Proceso de Elección: Contaminado y Manipulado
Aunque oficialismo critico de la falta de certeza jurídica en el país aplaudió la elección de magistrados en el Congreso, esa actitud fue mal recibida en círculos de la sociedad civil, que vieron una especie de «gran acuerdo» con la oposición para integrar las cortes del Organismo Judicial (OJ).
El proceso para elegir a los nuevos magistrados ha sido controvertido desde el inicio. Las comisiones de postulación, encargadas de seleccionar a los candidatos, han sido duramente criticadas por estar influenciadas por intereses políticos y operadores que ponen en duda la imparcialidad de las designaciones. Se ha visto que hay grupos que trabajaron por llevar a magistrados que respondan a sus intereses, lo que hace temer que la independencia de la justicia, anhelada para fortalecer la democracia sigue lejana.
De hecho, los jueces guatemaltecos, algunos con historiales controvertidos, han sido objeto de sanciones internacionales y cuestionamientos por su cercanía con redes de corrupción y actitudes antidemocráticas. Esto ha generado el temor de que la elección de magistrados solo sirva para consolidar la influencia de sectores poderosos en el sistema judicial.
Según el analista político Edgar Ortiz, «este proceso estuvo viciado desde su concepción, con varios actores clave buscando mantener la estructura que les favorece. La posibilidad de un cambio real es casi nula».
Las Críticas al Sistema y la Percepción Pública
Desde hace años, las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de abogados han denunciado la falta de independencia judicial en Guatemala, advirtiendo que el sistema ha sido capturado por actores que buscan la impunidad. La corrupción dentro de las instituciones judiciales y la manipulación de los procesos judiciales se han vuelto moneda corriente, y este cambio de magistrados podría no ser la excepción.
«Estamos viendo una continuación de lo mismo. El sistema de justicia está tan cooptado que un cambio de nombres en la CSJ o en las Salas de Apelaciones no necesariamente implica un cambio de fondo», asegura Claudia Samayoa, activista de derechos humanos. «El país necesita una reforma profunda del sistema judicial, que solo puede venir con una depuración total».
A este sentimiento se suma la percepción pública de que el cambio de magistrados difícilmente alterará el status quo. Muchos ciudadanos han expresado su escepticismo ante el proceso, argumentando que el sistema judicial guatemalteco sigue sirviendo a intereses privados y políticos más que al interés general.
Nuevos magistrados de Salas: Expectativas bajas
Los nuevos magistrados de las Salas de Apelaciones, que también asumen hoy, tampoco han escapado del escrutinio. Si bien algunos actores esperaban que el proceso de selección ofreciera una oportunidad para renovar el sistema, las críticas han sido similares a las que se han hecho sobre la CSJ. Varias figuras con vínculos a redes de corrupción han sido nominadas, lo que ha despertado alarma entre los defensores de la justicia independiente.
«Muchos de los nombres que están siendo propuestos no inspiran confianza. Se trata de jueces que han sido cuestionados en el pasado, algunos con claras conexiones políticas», comenta Ana María Véliz, especialista en temas judiciales. «No parece haber un cambio en la dirección hacia una justicia más independiente».
¿Es posible una recuperación de la independencia judicial?
Recuperar la independencia judicial en Guatemala parece, para muchos, un objetivo cada vez más lejano. Los actores que controlan los procesos de designación de magistrados, tanto en la CSJ como en las Salas, están alineados con intereses políticos que no favorecen una reforma judicial auténtica. Para algunos analistas, el principal obstáculo es la falta de voluntad política para un verdadero cambio.
La mayor preocupación debe ser el ver que el oficialismo en el Congreso se acomodó en las votaciones junto a la oposición, abiertamente en contra de un cambio radical favorable a la independencia.
No obstante, hay quienes sostienen que la sociedad civil y la comunidad internacional juegan un papel clave en presionar por un sistema judicial más transparente y libre de interferencias. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), antes de su salida, dejó importantes precedentes en la lucha contra la corrupción, y su legado aún resuena en las demandas ciudadanas por un sistema judicial más limpio.
Luis Pedro Taracena, abogado constitucionalista, subraya: «Si bien el panorama es sombrío, la sociedad civil tiene un papel importante en mantener la presión. Si logramos que haya mayor supervisión, tanto nacional como internacional, sobre este proceso, podríamos ver algunos avances».
Sin embargo, la llamada sociedad civil no se ha visto demasiado activa en este proceso, más allá de organizaciones indígenas que hicieron acto de presencia durante el proceso de postulación y posterior elección, aunque su presencia no incidió favorablemente.
El Papel del Gobierno de Arévalo
Desde que sumió en enero pasado, el presidente Bernardo Arévalo ha proclamado una y otra vez que promoverá cambios en el sistema de justicia, pero en la práctica no se han logrado avances. El Congreso rechazó su iniciativa de reforma a la Ley del MP, lo que impide que pueda destituir a la fiscal Consuelo Porras, señalada local e internacionalmente como una funcionarias «corrupta y antidemocrática».
Arévalo ha manifestado su intención de promover reformas que fortalezcan la independencia de las instituciones, pero enfrenta un Congreso controlado por actores que no necesariamente comparten esa visión. Su capacidad para generar cambios en el corto plazo es limitada, pero su mandato podría abrir una ventana para implementar reformas si cuenta con el apoyo suficiente.
Además los observadores y analistas de la prensa independientes ven que los nuevos magistrados tienen poco margen para actuar y romper lazos con quienes los llevaron a los cargos –diputados y operadores claves–. La única ventaja que puede encontrarse en la conformación de las cortes, es que no se trata de un único bloque dominante, sino que habrá varias fuerzas representadas, aunque con mucha facilidad para coincidir en posiciones políticas, más que jurídicas.
Conclusión
El cambio de magistrados en la Corte Suprema de Justicia y en las Salas de Apelaciones en Guatemala debiera representar una oportunidad para comenzar a recuperar la independencia del sistema judicial, pero las circunstancias actuales hacen que este escenario parezca difícil de alcanzar. Los intereses políticos, la corrupción y la falta de voluntad para un cambio real siguen siendo obstáculos importantes.
Sin embargo, la presión de la sociedad civil y el papel de actores internacionales son los únicos que pueden jugar un papel decisivo para evitar que el sistema continúe en el estado actual de cooptación y falta de credibilidad., aunque es preocupante para muchos, la pasividad de la sociedad civil ante la cooptacion y colusión de grupos dentro de la justicia.
El peligro para la democracia es que se confirme que, aunque con diferentes matices y quizás con actitudes menos radicales antidemocráticas, se verá «más de lo mismo», lejos de la independencia ideal.