- La guerra declarada por el MP crea incertidumbre en el país y obliga al gobierno del presidente Bernardo Arévalo a defender el orden democrático. Incertidumbre crece.
La fiscal general Consuelo Porras no cede en sus ataque contra el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla, los que responden y hacen que la batalla judicial que se libra alcance niveles que ponen en riesgo la gobernabilidad y democracia en el país.
La situación política y judicial en Guatemala se encuentra en un punto crítico, con un fuerte enfrentamiento entre el Ministerio Público (MP) y funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo, que responden también con acciones judiciales contra fiscales por corruptos y antidemocráticos. Este conflicto, que ha escalado a niveles alarmantes, refleja la polarización que existe en el país.
Un MP «antidemocrático» y «corrupto»
El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, ha emprendido una serie de acciones legales contra funcionarios cercanos al presidente Bernardo Arévalo y miembros de su partido, el Movimiento Semilla. Curiosamente, estas acciones incluyen investigaciones por presunta corrupción, malversación de fondos y otros delitos administrativos.
La solicitud de retiro de inmunidad al propio presidente de la República, ha llevado la confrontación a un nivel en el que se pueden involucrar las más altas cortes del país y el propio congreso de la República, por lo que es evidente que la guerra declarada está cerca de llevar al país a una crisis sin precedentes.
Arévalo ha señalado a Consuelo Porras como un «impedimento para llevar adelante la lucha anticorrupción», y la califica como un personaje antidemocrático que defiende desde el MP a los corruptos, el alusión a la falta de investigación de los casos más importantes de corrupción durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Las acciones del MP han sido vistas por muchos sectores como un intento de deslegitimar y desestabilizar el gobierno de Arévalo, quien ganó las elecciones con una plataforma de lucha contra la corrupción y de reforma del sistema judicial y político guatemalteco. Arévalo ha denunciado en múltiples ocasiones que estas investigaciones son parte de una persecución política orquestada por sectores conservadores y afines al MP, que buscan impedir las reformas prometidas por su administración.
Casos y denuncias contra el Ministerio Público
En respuesta a estas acciones, ha habido una creciente oleada de denuncias y acusaciones contra el propio MP y su liderazgo. Organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y algunos funcionarios del gobierno han señalado que el MP, bajo el mando de Consuelo Porras, ha sido instrumentalizado para proteger a las élites políticas y económicas del país, en lugar de servir a los intereses de la justicia y del pueblo guatemalteco.
El Movimiento Semilla presentó una denuncia penal contra Rafael Curruchiche, aunque no es fácil que prospere, porque se sabe que hay una peligrosa colusión netre las instituciones del sector justicia, que se protegen bajo un manto de inmunidad
El enfrentamiento entre el gobierno de Arévalo y el MP ha llevado a una profunda crisis institucional en Guatemala. Esta batalla judicial no solo tiene implicaciones políticas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para garantizar un gobierno justo y equitativo.
En este contexto, las acciones del MP han sido vistas como una extensión de la lucha por el poder en Guatemala, donde diferentes actores, considerados antidemocráticos, buscan mantener su influencia y control sobre el país. El gobierno de Arévalo, que se ha comprometido a realizar reformas profundas, enfrenta un camino lleno de obstáculos, donde las instituciones judiciales y de seguridad están alineadas con sectores conservadores que ven estas reformas como una amenaza a sus intereses.
La batalla judicial en Guatemala
La situación ha llegado a tal punto que, en breve plazo, podrían verse involucradas la Corte Suprema de Justicia –que debe conocer el antejuicio en contra del presidente Arévalo– y, eventualmente la Corte de Constitucionalidad, en donde terminan todas las confrontaciones legales en última instancia.
Hasta el día de hoy, ambas cortes han respondido principalmente a las fuerzas políticas que estuvieron representadas y fueron dominantes durante la administración del presidente Giammattei.
El frente en el Congreso
Otro campo de batalla en esta guerra se libra en el Congreso de la República, en donde se ha visto que en ocasiones el oficialismo logra alianzas importantes, como cuando se aprobó la ampliación presupuestaria, pero en otras la vieja alianza de la época de Giammattei parece recobrar fuerzas y ha logrado impedir que pase la reforma a la Ley del MP, con la que Arévalo podría destituir a la fiscal general.
el momento y la confrontación podría revivir el debate sobre la reforma a la ley del MP en el Legislativo, pero no es fácil anticipar lo que sucedería, tomando en cuenta que para aprobarla se requiere de una mayoría calificada (107 votos), que no parecen tan seguros para que el oficialismo los logre.
Por otra parte, la oposición también mueve influencias en el Congreso, tomando en cuenta que, eventualmente, se podría conocer un antejuicio contra al Presidente Arévalo y se requiere también de esa mayoría calificada que ahora parece no estar asegurada para ninguno de los bandos.
La situación actual en Guatemala tiene varias posibles consecuencias. En el corto plazo, es probable que las tensiones entre el gobierno y el MP sigan aumentando, con más investigaciones, acusaciones y juicios que mantendrán a la nación en un estado de incertidumbre. Si bien Arévalo cuenta con un apoyo considerable tanto a nivel nacional como internacional, su capacidad para implementar reformas dependerá de su habilidad para manejar esta crisis institucional.
En el mediano y largo plazo, si no se logra un equilibrio y un acuerdo entre las diferentes fuerzas en conflicto, Guatemala corre el riesgo de enfrentar una mayor inestabilidad política y social y la democracia se debilitará.
La comunidad internacional, que ha observado de cerca estos acontecimientos, podría jugar un papel importante en presionar por una resolución que respete el estado de derecho y las instituciones democráticas.
Este conflicto también pone de relieve la necesidad urgente de una reforma del sistema judicial en Guatemala, que garantice su independencia y su capacidad para actuar con imparcialidad. La lucha por el control del sistema judicial es, en muchos sentidos, una lucha por el alma de la nación, y el resultado de esta batalla tendrá implicaciones duraderas para la democracia y el estado de derecho en Guatemala.