El que tiene oídos para oír, que oiga. No se trata de un refrán popular, es una frase con sustento bíblico que mantiene actualidad hoy, como hace más de dos mil años.
Gonzalo Marroquín Godoy
Durante los últimos siete años, los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei se negaron a permitir una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque pensaban que impidiendo su presencia no escucharían críticas por todo aquello oscuro y tenebroso que realizaban, en detrimento de la democracia y las libertades ciudadanas.
No era necesario tener presencia in situ, porque los oídos de la CIDH están en las personas y no en los lugares. Hasta Washington llegaban las voces –quejas, en realidad– que describían la forma en que se fortalecían las estructuras de la corruptela y la impunidad, a la vez del acelerado deterioro de la democracia. Todo ello, por supuesto, con las consecuencias que deja un Estado fallido, como son la pobreza y el deterioro institucional en general.
Cada año que pasaba, los informes anuales de la Comisión mostraban un escenario más oscuro: a mayor corrupción e impunidad, menos eficiencia de la democracia, más niños desnutridos, migrantes saliendo del país en busca de una oportunidad, la educación y salud decayendo y, en definitiva, los guatemaltecos sufriendo por culpa de gobernantes, políticos y personajes ambiciosos sirviéndose del Estado a manos llenas.
La caída fue tan escandalosa y evidente que, en el año 2023, en las postrimerías de la administración de Giammattei y Martínez, el informe anual de la CIDH ubicó en su informe anual a Guatemala en un nivel similar (en el capítulo IV.B) a Nicaragua, Cuba y Venezuela, tres países absolutamente antidemocráticos.
Por cierto, Giammattei pataleó más de una vez en contra de los informes de la CIDH, pero estos reflejaban la realidad. El Estado fue cooptado por las estructuras de corrupción, se promovía la impunidad, sin independencia de poderes y la crisis institucional llegó a ser tan grave que TODAS las instituciones respondían al unísono ante la alianza oficialista, que reunió en torno al presidente a partidos políticos (en el Congreso), jueces, cortes, PDH, algunos empresarios, militares, mafias criminales y gran número de funcionarios. Con todo el poder del Estado controlado y unificado se desbordó la corrupción y se hizo evidente la incapacidad para promover desarrollo.
Todo eso lo escuchó –y constató por diversas fuentes– la CIDH. Giammattei y Morales no dejaron que vieran lo que sucedía, pero tenían oídos para oír… y lo hicieron. Esta vez han llegado para constatar cual es la realidad de Guatemala en este 2024. Ya están escuchando –y viendo– sobre todo lo que sucede en el país. ¿Qué ha cambiado? ¿Son cambios profundos? ¿El país es diferente?
No hay que ser un genio para responder esas preguntas. El único cambio es que aquella mafiosa alianza oficialista perdió el poder Ejecutivo y mutó para convertirse en alianza opositora… pero no mucho más. Ciertamente hay un mejor presidente, con buenas intenciones, pero entrampado en la maraña que ese grupo ha tejido para impedirle avanzar por la senda del desarrolla y fortalecer la democracia.
No son cambios profundos, no es un país diferente.
La CC es la misma, la CSJ también –y no hay certeza de que pueda mejorar–; el MP sigue protegiendo a los corruptos, se ha fortalecido, y mantiene en su puño a un grupo de jueces que criminalizan a periodistas y ex operadores de justicia independientes; el PDH es increíble –e invisible–, pués existe solo para cobrar su jugoso sueldo; la USAC está en el redil de la corruptela, así como el IGSS y tantas otras instituciones del Estado.
El presidente Bernardo Arévalo quiere luchar contra la corrupción y aspira promover el inicio de una primavera que ni siquiera se asoma. La CC, el MP y el Congreso lo tienen virtualmente atado y marcan el ritmo para el país, al tiempo que aumenta la frustración de la sociedad.
En un par de días la CIDH se irá del país. Agradecerán la apertura de Arévalo por recibirla, pero nos dirán otra vez que la democracia sigue en la cuerda floja, que la justicia no es independiente y que, como dicen las frases profundas: Sin justicia no hay democracia.
Ciertamente en el Congreso funciona la alianza opositora y por lo tanto hay independencia entre ese poder y el Ejecutivo, pero una cosa es la independencia, y otra cosa es la oposición tendenciosa.
Queda por ver lo que se logra con las comisiones de postulación para elegir nuevos magistrados de la CSJ y de salas. No quisiera ser pesimista –y ojalá me equivoque–, pero las mafias ya se mueven para lograr una de dos: que no se llegue a la elección –por eso las impugnaciones y retrasos maliciosos– o, en todo caso, que quienes sean elegidos por el Congreso, sean los más cercanos a la vieja alianza.
Todavía escucharemos voces que resten valor al informe que haga la CIDH, pero la realidad no se puede ignorar. Cualquiera que tenga oídos –limpios–, podrá oír, el que tenga ojos para ver, podrá ver… el que no escuche y no vea –teniendo oídos y ojos– es simple y sencillamente porque no quiere hacerlo. La Comisión ha tomado el pulso de nuestra realidad nacional.
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