- Se trata de una fiscalía «especial» que actúa en casos asignados por la fiscal general y jefe del ministerio Público, Consuelo Porras. Hay una fiscalía de delitos electorales, que no ha intervenido en el proceso electoral 2023.
Desde que el Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) arremetió contra el proceso electoral tras las elecciones generales de junio anterior, surgieron las dudas sobre la competencia de dicha fiscalía y la capacidad del MP de intervenir en temas electorales, cuando la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) –de nivel constitucional– atribuye todo lo relacionado a ellos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Luego del sorpresivo triunfo el 25 de junio en las elecciones generales del binomio del Movimiento Semilla, integrado por Bernardo Arévalo y Karla Herrera, y es entonces cuando la fiscal general, Consuelo Porras, ordena al fiscal Rafael Curruchiche que abra una investigación en torno al partido político, principiando una crisis que ha crecido y se ha prolongado hasta la fecha.
Es entonces cuando aparece la figura del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien denuncia ante el juez afín al oficialismo Fredy Orellana, quien no duda en conceder lo solicitado y ordena la suspensión de la personalidad jurídica del movimiento Semilla y estalla la batalla legal, porque significaba una violación a la LEPP, que establece que ningún partido político puede ser suspendido en medio de un proceso electoral.
Brincan las preguntas sin respuesta
¿Por qué razón interviene el MP en un caso electoral? ¿Por qué un juez se atreve a dar una orden de suspensión que puede afectar todo el proceso electoral? ¿De quién vino la orden y por qué? ¿Qué objetivos pretende el MP? ¿Por qué se utilizó a la FECI y no a la Fiscalía de delitos electorales? ¿Hasta dónde pretenden llegar?
La suspensión de la personalidad jurídica de Semilla fue atacada legalmente y se logró detener –al menos momentáneamente–, pero las acciones de la FECI se intensificaron después de la segunda vuelta electoral, cuando Bernardo Arévalo derrotó ampliamente a Sandra Torres, cuyo partido político, la UNE, ha sido uno de los cercanos aliados al oficialismo en el Congreso y representaba la mejor opción para impedir cualquier cambio en Guatemala.
Esa derrota del oficialismo y sus aliados lanza una segunda y brutal ofensiva de Porras y Curruchiche, esta vez contra el proceso electoral en su totalidad y los magistrados del TSE. De nuevo el juez «amigo» Orellana acata las peticiones de órdenes de allanamiento contra las instalaciones del TSE, mientras la FECI amenaza a los ciudadanos que participaron voluntariamente en las mesas electorales, al solicitar judicialmente la información de ellos.
Por gozar de inmunidad, los magistrados del TSE son objeto de una solicitud para el retiro de antejuicio, con el fin de poder investigar el supuesto «fraude» que se cometió para favorecer a Arévalo y Semilla. Curruchiche dice que «al menos mil ciudadanos» han presentado denuncias de anomalías en las elecciones, pero no da detalles, aduciendo que el caso está «bajo reserva», a pesar de ser de interés nacional.
Para investitgar estas denuncias, el juez Orellana autoriza varios allanamientos, en los que se rompe la cadena de cusatodia de todas las mesas electorales y se secuestra papelería que respalda todo lo actuado en las elecciones.
Las misiones de observación electoral, nacionales y extranjeras, dan testimonio de que las elecciones fueron «transparentes y ejemplares», mientras que el TSE oficializa la victoria de Arévalo, quien es declarado presidente electo.
¿Tiene la FECI jurisdicción en un caso electoral?
La respuesta es que no la tiene. La FECI fue creada por el acuerdo del MP bajo el número 59–2019, en el cual se especifican directamente sus atribuciones y se le ubica como una fiscalía cuyos casos deben ser asignados directamente por la fiscal general, en este caso, Consuelo Porras.
El artículo 2 de dicho acuerdo establece la FECI «es competente para conocer, investigar y perseguir» los casos relacionados a los siguientes delitos: a) hechos vinculados a aparatos ilegaleso clandestinos de seguridad; o b) hechos relacionados a estructuras criminales o personas individuales, funcionarios públicos o particulares que puedan generar directa o indirectamente impunidad.
el argumento de Curruchiche ha sido que detrás de la formación con irregularidades del partido Semilla hay una «estructura criminal», y, aunque no lo ha dicho específicamente, investiga lo mismo en el caso del supuesto «fraude electoral», en el que implicaría a las autoridades del MP.
#AHORA 🚨🚨🚨
Rafael Curruchiche anuncia que la FECI abrió el caso “Corrupción Semilla” y que el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla. pic.twitter.com/aALGzmlc4p
— No-Ficción (@noficciongt) July 12, 2023
Muchos abogados y expertos constitucionalistas señalan que ha existido una «extralimitación» de los conceptos y que se ha retorcido la ley para permitir que fuera la FECI la que conociera y no la fiscalía contra delitos electorales.
¡Conspiración!… ¿De quién?
La FECI ha tratado de trnasmitir a la opinión pública que hay toda una conspiración para hacer ganar al Movimiento Semilla. Desde que se dictó la suspensión de dicho partido político han transcurrido casi tres meses, sin que se presente ninguna prueba públicamente, más allá de las acciones de allanamiento realizadas, aunque ninguna de ellas ha arrojado –hasta ahora– ningun indicio de lo que el MP pretende «armar» como un caso jurídico penal.
Dentro del movimiento del Paro Nacional se ha destacado que las acciones de Porras, Curruchiche y Orellana está la auténtica conspiración, con el fin de impedir que asuma la presidencia de la República Arévalo. El movimiento ciudadano que defiende la democracia apunta a que fuerzas superiores al propio MP son las que orquestan a esa institución para que demuestre que hubo fraude en las urnas.
VIDEO | Guatemala se paraliza por segundo día consecutivo debido a los bloqueos y protestas contra la fiscal general, Consuelo Porras. pic.twitter.com/aQrrM3kWFC
— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 10, 2023
El 20 de agosto, 2,331,661 guatemaltecos votaron por el binomio de Semilla, lo que significa que el triunbo les concede una importante representatividad (61%). Estas acciones conspirativas son las que llevaron al Paro Nacional, que ahora se encuentra en su tercera semana de manifestaciones, protestas y demandas, aunque un saldo trágico, pues ya se lamenta la muerte de al menos 3 personas, baleadas por un grupo armado, aparentemente simpatizante de la alianza oficialista.
De algo estamos seguros: en democracia las personas no son asesinadas por razones políticas.
El pueblo de Guatemala es solidario y tiene deseos profundos de vivir con dignidad. pic.twitter.com/5rTSSbkVs5
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 17, 2023