- ¿Qué es lo que está sucediendo con la justicia en Guatemala? La versión oficial es que se persigue a operadores de justicia porque han abusado de sus cargos en la lucha anticorrupción. La versión contraria apunta a que el sistema de justicia está coptado por la alianza oficialista, que promueve impunidad. Esta es la visión desde un ente internacional.
Varios operadores de justicia –fiscales y jueces–, se han vuelto un blanco directo del sistema de justicia guatemalteco. Algunos están en la cárcel, otros enfrentan proceso y varios han salido al exilio antes de que se giren órdenes de captura en su contra. ¿cuál es el común denominador?: todos han participado en la lucha anticorrupción.
La criminalización de estas personas se ha utilizado como estrategia para garantizar impunidad en Guatemala, según un informe detallado del Cyrus R. Vance Center de Nueva York, que se dedica a velar por el buen funcionamiento de los sistemas de justicia en el hemisferio.
El informe sobre Guatemala está ampliamente documentado, y destaca lo que la prensa independiente del país ha denunciado: Si bien no se criminaliza a todas las personas operadoras de justicia, sí existe un patrón de ataque para criminalizar a juezas, jueces y fiscales independientes que conocen de casos relevantes de alto nivel en contra de actores gubernamentales y otros grupos de poder”, en lo que apunta a una actitud para promover impunidad y fomentar la corrupción.
Queda evidenciado que los estándares internacionales establecidos para garantizar que los procesos de disciplina a personas operadoras de justicia y prevenir su abuso, no han sido respetados y garantizados en Guatemala. Se puede observar la violación a los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la independencia de la judicatura y a lo establecido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, destaca de manera contundente el informe.
También hacen ver que después de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, se truncaron las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y se debilitó aún más la labor de la fiscalía con la destitución de su jefe. En efecto, Juan Francisco Sandoval fue destituido y de inmediato se inició una feroz persecución en su contra, que ya acumula varias órdenes de captura, aunque ha recibido asilo político en Estados Unidos.
También se atacó desmedidamente a jueces y fiscales encargados de casos de alto impacto mediante acciones que iban desde campañas de desprestigio y acoso a través de las redes sociales, hasta denuncias administrativas y penales. En la mayoría de los casos, los hoy denunciantes de las personas operadoras de justicia fueron los investigados en casos de corrupción por los hoy perseguidos. Fiscales, juezas y jueces llevaron a cabo estas investigaciones en el cumplimiento de sus funciones, y este actuar es la razón de las denuncias y casos actuales, expone el Cyrus Vance Center.
El informe observa una serie de patrones claros respecto de las organizaciones y los individuos que de manera recurrente y sistemática inician procesos judiciales o disciplinarios en contra de las y los jueces y fiscales.
Destaca que estas organizaciones se dedican a la intimidación de operadores de justicia que trabajan en casos de corrupción, violaciones de derechos humanos, y que se relacionan con miembros del ejército o de la policía. Además, mira la temporalidad de estas denuncias como otro factor alarmante, puesto que todas ellas coinciden y se intensifican con la salida de la CICIG, la captura del Ministerio Público y de las altas cortes.
- Falta de fundamento en denuncias
El Cyrus Vance Center considera la persecución y acusaciones en contrade estos operadoras de justicia carecen de fundamento serio, las autoridades retiran inmunidades, ordenan detenciones en forma arbitraria y llevan a cabo procesos en violación de las reglas mínimas del debido proceso. Esto se hace evidente analizando los motivos de denuncia detrás de estos procesos y solicitudes.
Para el instituto, las autoridades que deberían proteger la integridad e independencia de la administración de justicia, tramitan con sospechosa prontitud las solicitudes de estas organizaciones e individuos, como se ha podido comprobar en cada uno de los casos.
Eso explica que jueces como Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez salieran presurosos delpaís y tuvieran que renunciar a sus cargos desde el exterior, porque sabían que serían procesados de manera expedita y sin respeto al debido proceso, como ha ocurrido –por ejemplo–, con la exfiscal virginia Laparra.
Es importante señalar que esta criminalización y persecución en contra de juezas, jueces y fiscales en los últimos años, ha provocado capturas, traslados, renuncias y el prominente exilio de más de 25 personas. Además, se ha extendido a otros sectores incluyendo líderes sociales, activistas de derechos humanos y prensa independiente, en el caso de la detención del periodista José Rubén Zamora y del exiliado Juan Luis Font, entre otros que han sufrido acoso.
El informe hace ver que el número de denuncias en contra de cada uno de los operadores de justicia que tuvieron mayor relevancia en la lucha contra la corrupción es altamente sospechoso y demuestra una estrategia de utilizar cualquier opción para eliminar la presencia de esa jueza, juez o fiscal en procesos e investigaciones y en el país.
La CIDH, manifestó su preocupación por recientes actos de criminalización y persecución penal en contra de personas operadoras de justicia y ex integrantes de la CICIG. Adicionalmente, múltiples organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos extranjeros como los Estados Unidos y la Unión Europea se han pronunciado de manera enfática y alarmante respecto de los mismos hechos.
- Las conclusiones
El Cyrus Vance Center llega a conclusiones específicas:
• Las actuaciones de las autoridades de Guatemala constituyen violaciones a las normas y estándares de derecho internacional.
• Más que actos individuales y aislados, todos ellos en su conjunto componen esta estrategia de criminalización y persecución en contra de las y los operadores judiciales en Guatemala. Esta estrategia se desarrolla con el fin de perpetuar los antiguos esquemas de corrupción e impunidad en el país.
• Estas actuaciones han implicado un retroceso de por lo menos ocho años en capacidades adquiridas por el Ministerio Público en la investigación de grandes casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
• Este patrón de criminalización contra operadoras y operadores de justicia, acrecentado en los últimos años, constituye entonces el reacomodo de las estructuras criminales que mantenían el poder de diferentes instituciones del Estado.
• De conformidad con la jurisprudencia de la CIDH, el Estado estaría en violación de su obligación de garantizar la independencia judicial y los derechos de los jueces cuando permite los denominados “procesos disfrazados” que no tienen un objetivo distinto al de intimidar, hostigar e interferir de alguna manera con la administración de justicia.
• Los patrones en cuanto a los denunciantes demuestran la falta de sustento de estas denuncias, quejas y procesos. El número de denuncias revelan la sistematicidad, generalidad y abuso de esta actuación.
• No es viable acudir a la figura de la persecución con el fin de alterar el sentido de las decisiones. La criminalización de estas personas operadoras judiciales por tramitar los delitos más graves que involucran a cuerpos de ejército y policía, así como a estructuras poderosas de corrupción, agrava la conducta del Estado de Guatemala pues no sólo se compromete el ejercicio independiente de la judicatura sino también la libertad, vida e integridad de estos individuos al aumentar su exposición y vulnerabilidad.
La criminalización de las y los operadores de justicia ha incrementado a su vez la persecución en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. A pesar de los pronunciamientos de la comunidad internacional, incluyendo gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, las autoridades de Guatemala continúan con su estrategia que cada día debilita la independencia judicial y el Estado de derecho.
- El Cyrus Vance Center hace las siguientes recomendaciones:
· El Ministerio Público y las demás autoridades competentes de Guatemala deben analizar y desestimar las denuncias que existen en contra de juezas, jueces fiscales y otras personas operadoras del sistema de justicia que fueron interpuestas por motivos espurios o políticos y que carecen de medios de convicción reales.
· Cualquier proceso que se tramite en contra de personas operadoras de justicia debe llevarse con prontitud y atendiendo al debido proceso, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la información, publicidad y permitir la debida defensa de las personas acusadas.
· Las autoridades de Guatemala deben analizar y tomar las medidas correspondientes en contra de personas que, de manera recurrente y sistemática, amenazan públicamente a personas operadoras de justicia y activan el sistema de administración de justicia para librar una guerra judicial en contra de las mismas.