- El presidente Pedro Castillo habría liderado una red para direccionar obras públicas en su ciudad natal Cajamarca. Su cuñada se entregó a la justicia por este caso.
El Ministerio Público ha identificado que el presidente izquierdista Pedro Castillo sería el jefe de una nueva organización criminal que habría direccionado obras públicas en su ciudad natal Cajamarca desde el año pasado. En la trama de corrupción, además, están incluidos un ministro de su gestión, un alcalde y los hermanos de su esposa, Lilia Paredes.
En julio, el programa dominical «Cuarto Poder» difundió un video de Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, ofreciendo obras de saneamiento en una comunidad de Chadín, distrito de Cajamarca, en septiembre de 2021. En el material audiovisual, ella estaba acompañada de los empresarios Hugo y Anggi Espino, quienes realizaron los proyectos. Por esta razón, la fiscalía abrió una pesquisa contra estas personas por el presunto delito de tráfico de influencias.
Sin embargo, la investigación de los fiscales también incluyó a José Nenil Medina, alcalde del distrito cajamarquino de Anguía; Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la primera dama; y el ministro de Transportes, Geiner Alvarado. Estas personas, según el Ministerio Público, formaron parte de una red criminal cuyo cabecilla sería el presidente Castillo.
El Poder Judicial autorizó a un grupo de fiscales y de la policía peruana a detener por 10 días a todos los involucrados, salvo Castillo y su ministro Alvarado por tener inmunidad presidencial y ministerial. En la tarde del miércoles, Yenifer Paredes, la cuñada del presidente, recién se entregó a la justicia tras no haber sido encontrada por las autoridades en Palacio de Gobierno y en su casa de Cajamarca.
«Hoy Palacio de Gobierno y la Casa presidencial una vez más han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno», aseguró Castillo durante una actividad pública en la sede presidencial.
«Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional», agregó.
La fiscalía indaga a Castillo por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un presunto favorecimiento a una empresa para lograr un contrato con la petrolera del Estado peruano y por el supuesto plagio en su tesis de maestría. Otra investigación en curso alude a la licitación de un puente en la selva del país.
Más recientemente, la fiscalía investiga por un «presunto encubrimiento» para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal de Castillo.
Por otro lado, en el Congreso se presentó este lunes un informe que recomienda inhabilitar y procesar política y penalmente a Castillo, alegando que incurrió en traición a la patria al considerar un posible referendo popular sobre otorgar una salida al mar a Bolivia.
Inestabilidad política
El viernes pasado, el presidente decidió nombrar a seis nuevos ministros y mantuvo al primer ministro Aníbal Torres, quien a mitad de semana había presentado su renuncia.
Los cambios principales se produjeron en las carteras de Economía y Relaciones Exteriores. El nuevo ministro de Economía es Kurt Burneo, quien ocupó cargos como viceministro de Hacienda, ministro de la Producción durante el gobierno de Ollanta Humala y director del Banco Central de Reserva de Perú y del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington.
Por su parte, Castillo designó al internacionalista Miguel Rodríguez Mackay, quien fue parte de la campaña de desinformación que aseguraba que hubo fraude en las últimas elecciones generales en diversas columnas de opinión publicadas en el diario Correo, como nuevo canciller.
Rodríguez Mackay, contrario al Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, ha reemplazado al jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional César Landa, quien en 2021 fue el candidato de Perú a ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth renunciaron a sus cargos como representantes permanentes del Perú ante las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente.
En su cuenta de Twitter, Harold Forsyth señaló que su decisión se debe a «discrepancias con algunas decisiones recientes».
Recientes encuestas del Instituto de Estudios Peruanos y Datum Internacional publicaron que la gestión de Castillo, acorralado por la justicia y la inestabilidad política, tiene una desaprobación que supera el 70%.