Gonzalo Marroquín Godoy
Intento del MP de hacer jugada a tres bandas: privar de libertad a Zamora; desprestigiar a Juan Francisco Sandoval y quitar del camino a fiscal independiente Samari Gómez.
Ha sido un burdo –y muy mal montado– show político-jurídico el proceso iniciado por el MP y la Fundaterror en contra del periodista José Rubén Zamora y la fiscal auxiliar Samari Gómez. Tan burdo ha sido, que presentan grabaciones y escuchas telefónicas ilegales y alegatos más hepáticos que jurídicos, con el fin de alcanzar sus fines aviesos, a sabiendas de que en Guatemala ha desaparecido la independencia de la justicia y ellos la manipulan.
No ha dado la cara, pero todos sabemos que la responsable de este acoso absurdo es la fiscal general Consuelo Porras, quien entregó la responsabilidad del caso al mediocre Rafael Curruchiche, quien no pudo ni siquiera montar bien el show y su propia fiscal auxiliar le ha dado una cátedra sobre los procedimientos penales correctos.
Para quienes hemos seguido de cerca el caso ha sido más que evidente la mediocridad de la investigación, al tiempo que se ha visto la defensa de los acusados con contundencia, al mismo tiempo que salen a luz todas las malas práctica que Porras ha impuesto a lo interno del MP, institución que se ha convertido en un brazo represivo de la alianza oficialista, en vez de responder a los mandatos constitucionales y legales.
El primer error de Porras y Curruchiche –destacados personajes de la Lista Engel por corruptos y antidemocráticos– fue acelerar el caso y presentarlo con solo tres días desde que reciben la denuncia de García Navarijo, sin cuidar siquiera las formas, no se diga el fondo. Ciertamente ambos sabían de antemano que se trata, no de un caso judicial, sino de uno eminentemente político, como llevan muchos más.
En efecto, lograron la captura porque el juez Fredy Orellana –vinculado a Fundaterror– se prestó para dar la orden de aprehensión, sin valorar si existían indicios suficientes de los delitos que se imputaron a José Rubén y la fiscal Gómez. Querían castigar al periodista por faltarle el respeto al poder, por denunciar la corrupción galopante de la alianza oficialista, y satisfacer así la sed de venganza de Miguelito Martínez y su pareja, el presidente Alejandro Giammattei.
Con lo que no contaban es con el pobre trabajo de la FECI, desmantelada y sin capacidad –ni escrúpulos–. Las grabaciones que presentaron, además de no demostrar los delitos que les imputan a los acusados, son ilegales, lo mismo que las escuchas telefónicas, una clara violación de un derecho constitucional de TODOS LOS GUATEMALTECOS.
Al parecer, Porras y Curruchiche pensaron que no solo tendrían a Zamora, saldrían de la fiscal independiente Gómez, sino que además, de paso se pasaban llevando la credibilidad de Juan Francisco Sandoval. Este no se ha quedado callado y también ha señalado la forma ilegal en el actuar del MP. Al juez Orellana le dejaron una braza al rojo vivo, porque su disyuntiva era compleja para él.
Si soltaba a Zamora, sus amigos de fundaterror, le increparían y su carrera judicial estaba peligro. Al dejarlo ligado a proceso y en la cárcel de Mariscal Zavala, ha quedado en evidencia y ahora se sabe que no es más que una marioneta de ese grupo que forma parte de la alianza oficialista, que es un juzgador que promueve la impunidad. Escogió ser juez manipulado en vez de tomar el camino de la dignidad.
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Pero como ya se siente en el ambiente, la alianza oficialista está creando un clima de tensión y confrontación en el país. Todavía hay quienes piensan que se trata de un problema ideológico, cuando en realidad, estamos ante un régimen que es cada vez más dictatorial y hace peligrar nuestra democracia.
Seguramente quieren retener un buen tiempo en prisión a Zamora para ver si elPeriódico desparece y calla, pero el malestar es generalizado. Por eso la popularidad de Giammattei es menor al 20%, la segunda más baja a nivel latinoamericano. Lejos parece quedar aquel día en el que dijo en campaña: No voy a pasar a la historia como un hijo de puta más, refiriéndose a sus antecesores de manera despectiva.
En efecto, no está escribiendo su nombre como uno más, sino posiblemente como el peor de los últimos 36 años.
Porras y sus fiscales de pacotilla no pueden ni hacer bien su trabajo represivo. Posiblemente tendrán ardua labor en el futuro inmediato y a mediano plazo, porque las voces ciudadanas, las voces de los guatemaltecos dignos, irán subiendo de tono y ellos las querrán silenciar.
Ha quedado claro que existe una trama contra operadores de justicia y periodistas. Luego se extenderá a políticos y otros opositores, porque a la alianza oficialista no le gustan las críticas, no respeta la Constitución ni los derechos de los guatemaltecos como principios democráticos. Así es el autoritarismo, así ha sido siempre la tiranía.