Informe califica mal a las autoridades y muestra retrocesos con respecto a 2020
Nuevamente un estudio internacional coloca a Guatemala entre los tres países peor calificados en materia de corrupción, legislación, autoridades y situación jurídica en general, de acuerdo con la medición realizada por el Cyrus Vance Center de Washington, divulgado hoy para toda Latinoamerica.
“El retroceso en el combate a la corrupción en Guatemala es mayúsculo y su atraso a nivel regional es evidente. No hay las leyes que se necesitan, y hay nula voluntad política para perseguir y castigar la corrupción. Aun así, siguen habiendo fiscales y jueces independientes obligados a trabajar en condiciones de heroísmo«, dijo Jaime Chávez Alor, director de política para Latinoamerica.
El informe destaca que Guatemala empeoró en su calificación respecto a 2020, fundamentalmente porque aquellas instituciones que habían quedado con capacidad para combatir la corrupción han sido desmanteladas y personas hostigadas y criminalizadas. Tal es el caso del ex Fiscal de FECI Juan Francisco Sandoval y jueces como la Dra. Erika Aifán.
De acuerdo a las calificaciones, la ubicación de nuestro país en comparación con los demás países latinoamericanos es la siguiente:
- Venezuela, Guatemala y Honduras son los países peor clasificados en general.
- Guatemala, Panamá y Venezuela son los países peor clasificados en legislación. Guatemala tiene el peor marco jurídico en materia anticorrupción.
- Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador son los países peor clasificados en autoridades.
- Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador son los países peor clasificados en implementación.
Entre otros comentarios que contiene el informe sobre Guatemala, se destaca qie «las autoridades anticorrupción no tienen independencia para prevenir, investigar y sancionar la corrupcion efectivamente«, y destaca que la capacidad institucional de las autoridades penales –el Ministerio Público– para investigar actos de corrupción «es baja»
Dice también el Cyrus Vance Center en su informe que «los esfuerzos por prevenir la corrupción son casi nulos, y el uso político de las instituciones afecta gravemente para poder investigar la corrupción».
Entre las recomendaciones que se formulan para el país, destacan:
- Impulsar la modernización de la normatividad de ética pública e integridad para fortalecer la prevención de conflictos de intereses, actividades externas y obligaciones post-empleo
- Impulsar un marco jurídico para la prevención de la corrupción en el sector privado, con incentivos para su cumplimiento y verificación conforme a estándares internacionales.
- Impulsar reformas legislativas y política pública para el fortalecimiento del poder judicial conforme a estándares internacionales, que garanticen las condiciones de independencia judicial necesarias para un eficaz combate a la corrupción
Son varios los estudios y mediciones que colocan mal a Guatemala cuando se mide la corrupción, la gobernabilidad o la satisfacción de la democracia. Lo que apuntan igualmente todos, es que el sistema político guatemalteco se ha corrompido y controla la justicia con un marco enorme de impunidad.