La Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (OJ) ordenó a la Supervisión General de Tribunales iniciar una indagación administrativa en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés, para determinar si pudo cometer alguna falta administrativa que amerite comenzar un procedimiento disciplinario.
“Se estima necesario que la Supervisión General de Tribunales de Guatemala, dentro del plazo de 10 días, realice la investigación del hecho denunciado cumpliendo como mínimo individualizar, localizar y entrevistar a los denunciantes”, indica parte de la resolución.
Además, resolvieron que si de la pesquisa realizada se encuentran los elementos suficientes para establecer que la conducta de la denunciada se enmarca en una falta administrativa, se debe iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente.
Origen de la denuncia
Esto se dio en seguimiento a una queja presentada por el diputado Aldo Dávila y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), que la señalan de violentar el artículo 29 de la Ley de la Carrera Judicial.
La investigación tiene como objetivo determinar si la magistrada pudo cometer alguna falta administrativa que amerite comenzar un procedimiento disciplinario.
Parte de la resolución indica: “Se estima necesario que la Supervisión General de Tribunales de Guatemala, dentro del plazo de 10 días, realice la investigación del hecho denunciado cumpliendo como mínimo individualizar, localizar y entrevistar a los denunciantes”.
Dávila y el CCDA plantearon el pasado 31 de enero la queja contra la magistrada Valdés ante la Junta de Disciplina Judicial.
Entre los hechos denunciados se menciona que la togada aprobó la entrega de un aporte de Q20 mil al Instituto de Magistrados.
La referida entidad denunció a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, por supuestamente haber autorizado diligencias de investigación no procedentes en el caso Comisiones Paralelas 2020.
“El Instituto se ha dedicado a denunciar a varios operadores de justicia, pero sobre todo a aquellos que han estado con ciertos casos”, dijo un integrante del CCDA.
Agregó que esta situación es preocupante porque se está a las puertas de un proceso de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público donde, según sus palabras, podría haber un posible conflicto de intereses si la magistrada Valdés continúa dirigiéndolo.
“Ella, a pesar de saber que ha estado implementando distintas medidas, no se ha inhibido de seguir presidiendo la comisión de postulación”, puntualizó.