El Pleno del Congreso aprobó la iniciativa de ley 6022 que propone reformas a la Ley de Migración y busca “endurecer” las penas al delito de tráfico de personas, de acuerdo al Ejecutivo.
El proyecto lo presentó el presidente Alejandro Giammattei el pasado 14 de enero al Legislativo. El diputado oficialista, Sergio Arana apresuró el paso para obtener el dictamen favorable para las reformas y 15 días después los diputados aprobaron lo solicitado por el mandatario.
La ley busca aumentar penas de prisión a quienes incurran en el delito de tráfico ilícito de personas entre 10 a 30 años; el Ejecutivo argumentó que la iniciativa surge a raíz de que han incrementado los actos delictivos relacionados al “coyotaje”.
El Decreto 5-2022 realiza modificaciones a la Ley de Migración en los artículos 103, 107 bis y 108 referentes al tráfico ilícito de personas. La pena prevista para este tipo de flagelo será aumentada en dos terceras partes cuando:
- La persona migrante sea niño, niña o adolescente
- La mujer migrante se encuentre en estado de embarazo.
- Se ponga en peligro la vida, la integridad o la salud del migrante, por las condiciones o medios en las que se ejecuten el hecho, o se le cause grave sufrimiento físico o mental.
- El autor o partícipe sea funcionario o empleado público.
- El autor o participe sea notario, que en ejercicio de sus funciones y con conocimiento, favorezca o facilite la acción ilícita.
- El hecho se realice por un grupo de tres o más personas, se trate o no de delincuencia organizada.
- La persona migrante resulte ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Cuando la persona migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea víctima de otros delitos de cualquier orden, o falleciere.
La reforma agrega que “en ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad el requerimiento, el pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un tercero».
Por lo anterior y con la modificación del artículo 107 bis de la Ley de Migración, quienes trafiquen guatemaltecos irían a prisión entre 10 y 30 años (inconmutables), con un pago de entre Q100 mil y Q200 mil por connacional traficado. Anteriormente las penas eran de 6 a 8 años.
En los últimos años, decenas de guatemaltecos han sido víctimas durante su periplo hacia Estados Unidos, la última de estas ocurrida en diciembre pasado, cuando un tráiler cargado con centroamericanos volcó en una carretera de Chiapa de Corzo, Chiapas México, donde 56 migrantes murieron y más de un centenar resultó herido. 40 de los fallecidos eran guatemaltecos.
Allanamientos
Guatemala dijo el viernes recién pasado haber desbaratado una red de traficantes de personas señalada como la presunta responsable de haber transportado ilegalmente a 15 guatemaltecos migrantes que fueron asesinados en México en 2021 en su intento por llegar a Estados Unidos.
El grupo, denominado “Los Coronado”, fue desmantelado tras varios allanamientos en Comitancillo, San Marcos, en los que se arrestó a 10 personas acusadas de integrar la red de trata, dijo Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Además, el 22 de enero de 2021, los cuerpos de 19 personas fueron localizados carbonizados en un camino del municipio mexicano de Camargo, estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos y golpeado desde hace años por el crimen organizado.
Los cadáveres fueron hallados en el interior de un vehículo que había recibido 113 impactos de bala y fue posteriormente quemado, según investigaciones de las autoridades. Doce policías mexicanos fueron detenidos por su responsabilidad en lo ocurrido.