Bajo el argumento de que la Ley de antejuicio no obliga a acudir personalmente a las citaciones, el alcalde Álvaro Arzú ha dispuesto no acudir a la tercera citación que le ha formulado la jueza Silvia Morales, nombrada por la Corte Suprema de Justicia como pesquisidora del caso, y quien tiene que resolver si recomienda o no levantarle la inmunidad al funcionario edil.
El solicitud de antejuicio contra Arzú surge por una denuncia en su contra planteada por el ciudadano –y aparentemente ex empleado de la Municipalidad–, Luis Alberto Luna Véliz, quien le acusa de incitación a la violencia y ya ha ratificado ante la jueza su postura, presentando las pruebas del caso, específicamente audio y video en los que el funcionario edil hace acto de presencia y habla en una reunión con vendedores de Plaza El Amate.
En esa ocasión, Arzú les ofreció palos para que saquen a morongazos a cualquier otro comerciante que llegue a provocarlos, indicando que si lo hacía la Policía Municipal, sería acusados de violar los derechos humanos.
El vocero de la comuna, Carlos Sandoval, ha dicho que las palabras del alcalde fueron sacadas de contexto por la prensa.
El abogado defensor del alcalde, José Toledo, se ha presentado a las primeras dos citaciones de la jueza Morales con una representación oficial de Arzú y con su alegato de descargo por escrito. Sin embargo, en ambas ocasiones los documentos han sido rechazados y se ha procedido a nuevas citaciones. La última ha quedado para lunes el 6 de febrero.
Después de una reunión sostenida este jueves con asesores de la Municipalidad, el alcalde les hizo saber que la postura sigue siendo la misma y que no acudirá a la citación. El argumento es que la Ley de Antejuicios no obliga a la representación personal. La postura es que es suficiente con presentar un memorial legal.
El caso de los antejuicios en Guatemala ha cobrado gran importancia, debido a la gran cantidad de solicitudes que se han planteado en contra de diputados, alcaldes, jueces, magistrados y altos funcionarios. Hoy mismo, la magistrada Blanca Stalling está citada por una comisión pesquisidora del Congreso de la República para ser escuchada e indagada por un caso de abuso de autoridad.
Al no acudir personalmente, un juez o comisión pesquisidora se ven imposibilitados de plantear repreguntas o profundizar en su investigación.
Fiscales consultados, señalan que la jueza Morales debe ser muy firme con su actitud, porque de lo contrario, se estaría sentando un antecedente que podría utilizar otros funcionarios públicos.
Aunque el caso podría no tener gran repercusión por el delito que involucra, ha cobrado notoriedad por la actitud del alcalde. Ahora, organizaciones pro justicia y la opinión pública en general han puesto mayor atención sobre este caso.
El acusador, Luna Véliz, ha denunciado que es objeto de amenazas y persecución desde que planteó la demanda. (foto elPeriódico)
(Foto del alcalde, diario El Tiempo)
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