La la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila, ha sido citada al Congreso de la República por la comisión pesquisidora en el antejuicio que se le sigue por tráfico de influencias, y para el día miércoles se presentará el informe y recomendación para que el pleno decida su procede o no eliminarle la inmunidad y que sea juzgada.
La mencionada comisión ha dado a conocer hoy el cronograma de actividades, en el que se incluye la citación de Stalling, así como las citaciones a representantes del MP y la CICIG, así como a otras autoridades del Organismo Judicial. También escucharán el audio grabado por el juez Carlos Ruano, quien la denunció por tráfico de influencias. En el audio se le escucha insinuar que conceda medida sustitutiva a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, implicado en el caso bufete de la impunidad.
El día lunes conocerán un desplegado telefónico que han solicitado, así como información adicional que han pedido por la vía administrativa al Organismo Judicial. Ese día correrán también audiciencias o analizarán pruebas que las partes puedan sugerir.
El martes se redactará el informe circunstanciado, que será presentado el miércoles a la Junta Directiva del Congreso y puede ser conocido en las siguientes sesiones del pleno para someterlo a votación. Si la magistrada pierde la inmunidad puede ser procesada, y si un juez decreta prisión preventiva, está obligada a dejar el cargo, pues hasta ahora se ha negado a renunciar, a pesar de las sugerencias y peticiones de diferentes sectores de la sociedad y grupos pro justicia.
Los dolores de cabeza del OJ
El Organismo judicial enfrenta en este momento una pequeña avalancha de procesos y señalamientos. Además del antejuicio contra Stalling, se sigue otro proceso similar en contra del magistrado Eddy Giovanni Orellana, acusado por MP y la CICIG de haber recibido un apartamento por influir en una comisión de postulación a favor de determinados profesionales del derechos para llevarlos a magistraturas.
Además, en estos días ha trascendido el caso del acta de la impunidad, un caso que ha generado polémica entre la presidenta del organismo Silvia Valdés, y la denunciante, la magistrada María Eugenia Morales de Sierra, quien presentó pruebas ante el MP para demostrar que se manipuló el acta de una sesión en la que se conmoció el antejuicio contra cinco diputados de la junta directiva de Luis Rabbé. Los otros diputados implicados en ese caso de más de 180 plazas fantas,as son Arístides Crespo, Christian Boussinott, Marcelino Chutá, Carlos López y César Fajardo.
Lo importante es que están saliendo a relucir los casos en los que jueces y magistrados llevan a cabo acciones para mantener el manto de impunidad vigente en el país, favoreciendo a políticos, diputados y funcionarios, cuando no a los mismos juzgadores.