Señala a magistrada María Eugenia de Morales, quien presentó denuncia ante el MP
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés Quezada, salió en defensa del ‘acta de la impunidad’, que podría ser una muestra de la forma en que se manejan los procesos cuando hay implicado políticos, y en un comunicado la emprende en contra de la magistrada Maria Eurgenia Morales de Sierra, quien hizo denuncia de la manipulación ante el Ministerio Público.
La presidenta del organismo emitió un comunicado en el que pretende aclarar las noticias publicadas en torno al acta de una sesión del pleno en octubre pasado, en la que se conoció de los procesos de antejuicio contra los diputados Luis Rabbé –prófugo de la justicia–, Arístides Crespo, Christian Boussinott, Marcelino Chutá, Carlos López y César Fajardo, miembros de la Junta Directiva del Congreso en 2015 y acusados de crear plazas fantasmas.
La Contraloría General de Cuentas ha detectado al anomalías en al menos 180 contratos aprobados por los citados diputados.
Según la presidenta Valdés Quezada, la que incurrió en ilegalidades fue la magistrada Morales de Sierra, por haber sustraído el expediente del antejuicio contra los parlamentarios sin autorización, para entregarlo al MP, lo que a su juicio ha provocado retraso en el trámite del Antejuicio.
Fuentes cercanas a la CSJ dan cuenta que esta situación ha creado tensión entre los magistrados de la Corte Suprema.
La presidenta Valdés Quezada niega que en la sesión mencionada se haya intentado proteger a los diputados implicados. Sin embargo, aunque no solamente por este caso, sino por varios más, el MP y CICIG tienen abiertas investigaciones para determinar tráfico de influencias en los tribunales, con el fin de mantener la impunidad para los políticos.
En el comunicado de la magistrada presidenta, se menciona que efectivamente la resolución en el ‘acta de la impunidad’ no estaba firmada por los magistrados participantes en la reunión razón por la cual estaba sujeta a modificaciones o cambios sugeridos por algún magistrado y en consecuencia tampoco estaba firmada por el Secretario de la Corte Suprema de Justicia, quien da validez a las resoluciones.
Entre las anomalías señaladas por Morales de Sierra, está que el acta lleva la firma del magistrado Jaime Amílcar González Dávila, quien no participó en la sesión, en vez de la de Gustavo Dubón, magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones, quien fue llamado para integrar la Corte ese día, como lo establece la ley interna del OJ.
l caso ha llegado a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (IFECI), la cual viene trabajando desde el año pasado en la investigación sobre los lazos entre jueces, magistrados y sus vínculos con operadores del sector político –entre ellos al abogado Roberto López Villatoro–.
El entramado funciona a partir de la elección de los magistrados y el nombramiento de jueces, siempre con tráfico de influencias.
En la denuncia se incluye a la magistrada Silvia Valdez, actual presidenta de la CSJ, quien participó en dicha reunión y firmó también el acta. Aunque las investigaciones en la IFECI avanzan, se ha detectado también que hay lentitud en los informes administrativos de la Corte, lo que retrasa que los avances puedan darse pronto.