La presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Patricia Valdés, reafirmó su posición en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la única facultada para el nombramiento y traslado de los jueces.
Valdés aseguró que la Corte de Constitucionalidad (CC) les dio la razón provisionalmente en relación a suspender determinados artículos de la Ley de la Carrera Judicial, como la designación de juzgadores, ya que dicha normativa era contraria a lo establecido en la Constitución Política.
“La Constitución es la ley prima, la máxima que tenemos en el país, el artículo 209 establece que todos los nombramientos de jueces, personal y secretarios, le corresponden a la CSJ. En 2016, cuando se propusieron reformas, desafortunadamente la Ley de la Carrera Judicial sí pasó y entró en un choque frontal con nuestra Constitución”, afirmó la magistrada.
Añadió que este es el derecho de un abogado litigante y que la Corte no le puede vedar, “en su judicatura los jueces pueden decidir con toda la imparcialidad que debe caracterizar todos los procesos que tienen bajo su conocimiento. Lo que las partes hagan en contra de la actuación del juez, escapa de lo que puede hacer la CSJ porque entonces estaríamos interfiriendo en la labor del juez y no podemos”, comentó Valdés.
Piden visita de la CIDH
El pasado 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de preocupante la situación que enfrentan los operadores de justicia y la independencia judicial en Guatemala.
En esa oportunidad, la Comisión hizo referencia a los 51 antejuicios presentados contra jueces de Mayor Riesgo, indicando que es otra forma de perseguirlos por las resoluciones que emiten. Detalló que el solo hecho de presentar tal cantidad de peticiones de antejuicios refleja una situación de conflicto en el país.
En este contexto, ayer la Procuraduría de los Derechos Humanos y varias organizaciones pidieron a la CIDH realizar una visita al país, para abordar las “graves situaciones” que afectan la independencia judicial.